La nueva propuesta de la deuda apunta a dividir a los fondos

Decidido a sacar las negociaciones del estancamiento, el gobierno prepara un nuevo proyecto para reestructurar la deuda pública bajo legislación extranjera. El objetivo es lograr la aceptación de los acreedores más dialoguistas, que ya dieron señales favorables, y dividir los bloques más reticentes para que algunos de los fondos de inversión allí nucleados se sumen al canje.

Para eso habrá otra propuesta ante la SEC, organismo estadounidense que regula el mercado de títulos públicos. Esta reemplazará la del 21 de abril, cuyo vencimiento se prorrogó cinco veces. Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron a Tiempo que el documento se enviará esta semana.

Es una jugada de doble filo. En el Palacio de Hacienda creen que lograrán la adhesión del Comité de Acreedores (ACC), el grupo con el que más progresaron las conversaciones. La contrapartida es que podría empujar a otros más reacios y llevarlos a iniciar una demanda ante la Justicia estadounidense por el atraso en pagar U$S 1100 millones de intereses de los bonos Global, Centenario y Discount.

Los ejes de la oferta cuyos detalles pule el ministro Martín Guzmán pasarían por la virtual eliminación del período de gracia en el pago de intereses, la reducción de la quita de capital (se aplicaría en muy pocos papeles y no superaría el 3%) y ajustes menores que subirían el valor presente neto de los bonos a 53% de su valor nominal. Esto implicaría resignar el tope del 50% sugerido por el FMI, que el gobierno esgrimía como bandera. La zanahoria para los inversores sería un bono que reconozca los intereses pendientes hasta el cierre de la negociación. Los que no adhieran al canje podrían hacerlo más adelante, pero sin ese premio.

La esperanza es lograr el acogimiento de los tenedores de un 50% del capital y que esto arrastre a los indecisos. Pero los dos núcleos de acreedores más duros, el Ad Hoc y el Exchange Bondholder, dicen tener un tercio de los U$S 66 mil millones en juego, lo que pone un límite a las expectativas oficiales.

Lo que en Hacienda descartan es que los nuevos instrumentos tengan cláusulas de acción colectiva (el piso de consenso requerido para cambiar las condiciones legales) más elevadas que las actuales. Es la exigencia de los fondos más intransigentes, liderados por BlackRock, que buscan dificultar futuras reestructuraciones y facilitar el litigio judicial en caso de incumplimiento.