Hace 10 años, cartoneros y cartoneras fundaron su propia mutual de salud. Aunque eran monotributistas y realizaban aportes, no lograban acceder a la cobertura de ninguna obra social. Hoy, la Mutual Senderos brinda sus servicios a 38.000 trabajadoras y trabajadores de distintas ramas de la economía popular y sus familias.

¿Por qué está al borde de la quiebra? Porque brinda un servicio eficiente en un esquema que no lo es: las obras sociales a monotributistas. Además, con los altos niveles de inflación, lo que ya era difícil se está volviendo imposible. Mientras se da un incremento exponencial de los costos de medicamentos, insumos y prestaciones médicas, el ingreso por afiliado está totalmente desfasado y resulta insuficiente. La mutual se sostiene con el aporte del Monotributo Social. Por cada afiliado/a ingresan $2.700 por mes, mientras que un día de internación, por poner sólo un ejemplo, le cuesta $65.422. Lo recaudado por aportes ronda un 33% del costo promedio estimado de cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO). La mutual tiene las mismas obligaciones de cobertura que cualquier obra social: operaciones, partos, tratamientos complejos, medicación ambulatoria y de alto costo, se realizan con cobertura al 100% a través de una cartilla de clínicas privadas para el segundo y tercer nivel de atención.
Para entender cómo es esto posible hay que saber que se trata de una institución sin fines de lucro, es una experiencia de organización comunitaria con un objetivo político y social, no de mercado. Sin esa base, pobreza y salud, son variables que no se cruzan. Mientras que las prepagas se pelean por quedarse con las personas más jóvenes y sanas con trabajo registrado, la mutual recibe a la población con más problemas y menos ingresos, las sale a buscar y alienta que se atiendan. Lo hace con un modelo propio de atención primaria de la salud que pone el foco en la prevención y la promoción, con acciones en los espacios de trabajo, en los barrios populares, impulsadas por profesionales de perfil comunitario. Y adaptando todos los mecanismos burocráticos que en cualquier obra social buscan dilatar la atención, a esquemas accesibles y posibles para sus afiliados. Afiliados que en su mayoría no tienen computadora ni internet en sus casas, viven en zonas alejadas sin vehículos, no están bancarizados, y muchas veces tampoco están alfabetizados, por lo que cualquier trámite, si no tiene un acompañamiento, resulta una barrera difícil de pasar.
La exclusión y la mala salud van de la mano. Natalia Zaracho, actual diputada nacional, ha contado en el Congreso el día que se enteró que su hijo tenía plomo en sangre y como eso la marcó en su vida política. No tenía mala suerte, sus desgracias eran colectivas y tenían responsables. La historia de Natalia y su hijo es la de muchas familias, que por el solo hecho de ser pobres, sufren problemas de salud desde muy temprana edad. La inseguridad de la vida trae muchas enfermedades que se repiten en las poblaciones excluidas sin que haya un abordaje específico desde el Estado. La falta de acceso a servicios, como agua potable o cloacas, son la base de muchas enfermedades evitables. El trabajo sin derechos, arrastrando un carro, recostando la espalda durante horas sobre una máquina de coser, trabajando la tierra a mano alzada o cocinando para cientos de personas en cocinas improvisadas, a veces con fuego a leña, requieren de un enorme esfuerzo físico. La mutual construye salud ahí, en la extrema pobreza, con muy pocos recursos y un abordaje integral.
Algunos pensarán que no es necesaria una mutual, porque ya existe un sistema público de salud, hay salitas y hospitales de atención gratuita. Más allá de que el esquema está colapsado, es una discusión profunda, anclada en la historia de nuestros país, sus sindicatos, incluso el peronismo, de reivindicar y construir organización a partir del trabajo. Las obras sociales son una conquista del movimiento obrero, que con aciertos y errores, todos reconocen como un beneficio. ¿Por qué los cartoneros no merecen tener su obra social? Más aún si lograron levantarla con esfuerzo durante 10 años. En este punto es donde la existencia de la mutual va más allá del acceso a la salud, porque es un ejemplo de todo lo que falta: las vacaciones, el aguinaldo, la licencia por maternidad, y podemos seguir con todo aquello que nuestro país le dio a los más humildes del siglo pasado, pero aún le debe a los cabecitas del SXXI.
Estamos atravesando momentos críticos, muchas conquistas y derechos se ven amenazados. Sin embargo, ha habido excepciones y medidas extraordinarias para diferentes sectores. El gobierno ha autorizado aumentos sustanciales para prepagas a lo largo del año, reconociendo así que los costos son más elevados. Sin embargo, el aporte del Monotributo Social no se actualiza desde enero. Ni tampoco se han buscado otras alternativas que hagan posible la subsistencia de un proyecto de salud que dé cobertura efectiva a esta población. La Mutual Senderos se encuentra en estado de alerta, exigiendo al estado un aumento en los ingresos que le permitan seguir existiendo. Sostienen que si esta situación no se revierte pronto, irán a la quiebra, y decenas de miles de familia quedarán sin cobertura. La UTEP tiene hoy medio millón de afiliados y afiliadas. Deberíamos estar discutiendo cómo ampliar esta experiencia para que llegue a todos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, en lugar de tener que reclamar para que siga existiendo.
Que los derechos sean una realidad y no meros enunciados que no se cumplen, dependen de que el estado fortalezca experiencias como esta. El domingo nos enfrentamos a un proyecto que busca reducir el Estado al mínimo. Sabemos que, si “la libertad avanza”, los derechos de las familias más humildes retrocederán. Pero debemos entender que para vencer esos discursos no basta con decir que son malos, hay que demostrar que el Estado puede garantizar salud y educación de calidad, ser eficiente y dar respuesta dónde más le cuesta llegar. La experiencia de la mutual muestra que eso es posible cuando hay comunidad organizada.
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