La Oficina Anticorrupción apeló un fallo a favor de un gerente de Techint en la causa Cuadernos

La Oficina Anticorrupción apeló el desprocesamiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una derivación de la Causa Cuadernos relacionada con presuntos pagos ilegales por parte de la empresa Techint a ex funcionarios para destrabar una negociación con el gobierno de Venezuela por la expropiación de firmas del grupo argentino en ese país.

Se trata del fallo que dictó la semana pasada el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (subrogando el juzgado del difunto Claudio Bonadio), quien dispuso la “falta de mérito” de varios imputados, entre los que se encuentran  el director de Techint Luis Betnaza, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y los ex funcionarios Roberto Barata, José María Olazagasti y Claudio Uberti.

La apelación de la OA, firmada por los abogados Sergio Aleo y Juan Carlos Duré, de la Subsecretaría de Investigaciones,  y Hernán Matías Rey, de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico, cuestionó el fallo “no sólo por la naturaleza propia de lo decidido, sino por su proyección sobre otros actos procesales consolidados en el sumario y por tener un fundamento que sólo es aparente”.

La OA reprochó que Martínez de Giorgi “a partir de un pedido de la defensa de Betnaza… explica que aún es necesario «arribar a la certeza requerida en este estadio procesal respecto de la participación de las personas imputadas y el encuadre jurídico, estableciendo que se deben realizar diversas medidas de prueba que clarifiquen estos aspectos”.

“No hay que ser muy perspicaz para apreciar que la defensa de Betnaza pretende situar a su pupilo como una víctima de exigencias ilegales y que habría actuado coaccionado o bajo un estado de necesidad justificante”, reflexionaron los abogados, que advirtieron que la intención del empresario de Techint es la de dejar de ser acusado como autor de cohecho activo para pasar a ser víctima de una supuesta extorsión.

Sin embargo, la OA refutó que “las condiciones fácticas, entendidas estas como el haber entregado dinero a funcionarios para que éstos hicieran algo relativo a sus funciones, permanecen inalterables y deben tener una respuesta jurisdiccional”.

El organismo que encabeza Félix Crous cuestionó que se hubieran extendido los alcances de un fallo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, a todos los imputados, “más cuando al estar a los propios dichos de Betnaza y (el ex ejecutivo de Techint, Héctor) Zabaleta, existieron pagos espurios”.

“Desvincular a todos los demás imputados es un exceso y no se encuentra fundado”, afirmó la OA al pedir que la ex presidenta y el resto de los imputados vuelvan a ser procesados en el marco de este expediente.