La Oficina Anticorrupción deja de ser querellante y delega esa función en los fiscales

La Oficina Anticorrupción (OA) anunció que dejará de ser querellante en todas las causas en las que actualmente interviene, y delegará esa función en el Ministerio Público Fiscal, el organismo que tiene asignada la representación del Estado Nacional en esos procesos judiciales: “el interés social se encuentra garantizado con la actuación de la fiscalía”. El Estado no dejará de tener representación en esos juicios. La acusación estará a cargo de los fiscales.

“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter”, anunció la OA mediante un documento firmado por su titular, el fiscal Félix Crous. La salida será escalonada: “en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”.

El documento explica que “la tarea de la Oficina Anticorrupción, desde su creación, se integra con dos facetas claramente diferenciables: una dirigida a la prevención de los hechos de corrupción y otra a investigar tales hechos. En lo atinente a la investigación, la oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”.

En ese contexto, la OA señaló que no cuenta con personal suficiente. La dotación –sostiene la resolución- “debiera ser de 138 agentes. La actual gestión asumió la conducción del organismo con una dotación alrededor de un 30% inferior”.

“La oficina ha asumido el rol de querellante en numerosos juicios, a los cuales se han afectado la mayoría de los abogados de la dependencia. (…) Tal desempeño en los procesos penales resulta redundante con el del Ministerio Público Fiscal, a la par que exhibe las dificultades e inconsistencias”.

El documento es crítico sobre el funcionamiento de la Oficina en los últimos años. “Se efectuó un minucioso relevamiento de las investigaciones y el estado general de la Dirección a su cargo. De éste se desprende que en la mencionada dependencia existían numerosas actuaciones que exhiben un significativo atraso en su trámite; algunas absolutamente paralizadas desde mucho tiempo atrás”.

“Este panorama –añade-, sumado a otras situaciones que despiertan la atención de las nuevas autoridades, determinaron que se requiera a la Sindicatura General de la Nación que se incorpore a la Oficina Anticorrupción en el plan de auditorías 2020, auditoría que se encuentra en curso. A la vez, se retomó la auditoría interrumpida de la Auditoría General de la Nación”.