Las causas Hotesur y Los Sauces son señaladas como parte del lawfare en Argentina. El estado estará representado mediante la UIF y el Ministerio Público Fiscal.

La decisión fue comunicada al Tribunal Oral Federal 5 a cargo del debate oral que aún no tiene fecha. Además Crous explicó que su obligación es “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”. Entre los criterios objetivos de priorización y selección en que se basó la OA está que «los hechos objeto del proceso daten de hace más de cinco años y/o hayan perdido importancia económica (sea por un nuevo justiprecio durante el juicio o por la depreciación monetaria) y/o institucional (por la supresión o modificación de las unidades, dependencia o programas de la Administración Pública Nacional en los que se verificaron los actos lesivos)”.
En esa línea, la Oficina Anticorrupción explica en su escrito que el proceso se encuentra “adecuadamente garantizado” tanto por la intervención de la UIF, que actúa en carácter de querellante estatal, como a por el propio Ministerio Público Fiscal. En rigor, la participación de la OA en la causa suele imputarse a una decisión personal de Laura Alonso, titular durante el macrismo, más que a las funciones propias del organismo.
La causa Hotesur fue impulsada por la exdiputada Margarita Stolbizer y pasó por varios jueces, el primero fue Claudio Bonadio, luego Daniel Rafecas y finalmente Julián Ercolini que la sumó a otra por asociación ilícita presentada por Elisa Carrió. Ahora ambas causas están en manos del TOF 5, a cargo de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, para el debate oral.
Félix Crous, quien era fiscal antes de hacerse cargo del ente autónomo y autárquico, habló del tema en la Radio con Vos, en la que explicó que el término investigación es “equivocado” porque “esta investigación ya terminó y está en etapa de juicio”. Asimismo añadió que la misión principal de la OA “no es ser querellante en los juicios. Que es la que tratamos de reservar. La pata judicial de la OA es redundante. Estamos racionalizando nuestra intervención, el Estado ya tiene muchos representantes en los juicios. Esto es una deformación que tiene muchos años, que comenzó a fines de 80 en donde el Estado empezó a superponer los roles del fiscal. Y se encuentra que el Estado está representado por el fiscal y múltiples organismos. Y hay una defensa solitaria, que viola la igualdad de armas. No hay que contribuir más a la deformación de los procesos judiciales”.
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