La oposición intentará el jueves sancionar por ley la emergencia alimentaria

La unidad de acción de la oposición llevará finalmente la Emergencia Alimentaria al recinto y pondrá al oficialismo ante la difícil situación de rechazar la norma y pagar el costo político o dejar que la norma avance y ver como el resto de los espacios capitalizan políticamente el éxito parlamentario.

En cualquier caso los movimientos sociales y distintos sectores del peronismo ya lograron poner a la coyuntura económica y social en lo más alto de la agenda. Cosa que el macrismo buscó evitar durante todo la campaña previa a las PASO.

Al respecto el jefe del Bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, explicó que “el Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción”, y agregó: “La oposición está unida y decidida a aprobar la Emergencia Alimentaria porque entendemos que es una necesidad urgente”.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria, Fernanda Vallejos, detalló: “Los bloques que confluimos en el Frente De Todos presentamos un proyecto consensuado, para responder a una demanda urgente de los argentinos que más sufren. Según la ONU son 14 millones los argentinos que no pueden asegurar su alimentación”.

En tanto, en el interbloque oficialista comienza a emerger alguna tensión respecto de cuál será la actitud que se tome cuando el proyecto llegue al recinto. “No podemos no bajar, tampoco la podemos rechazar. Pero no hay todavía una estrategia pensando en el bloque”, explicó ante Tiempo una diputada del oficialismo.

El proyecto consensuado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que vence el 31 de diciembre este año, según la Ley 27.345, sancionada en 2016, que extendió a su vez la emergencia social por el mismo período.

La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.

A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

Se establece en este sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘’Servicios sociales’’’.

Por último, el proyecto indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”.