El Partido Liberal solicita que la Cámara de Diputados trate el juicio político al Ejecutivo la próxima semana y espera destituir al presidente.
Mientras que desde el Gobierno creen que el debate sobre el juicio político “está relativamente acabado”, como dijo este viernes Abdo Benítez, la oposición insiste en llevar adelante su pedido y conseguir una convocatoria de elecciones si se logra destituir al presidente y al vicepresidente.
“A pedido de la ciudadanía, los partidos de oposición solicitamos a nuestros parlamentarios promover el tratamiento del juicio político el 21 de Agosto. A partir de este momento declaramos permanentes las movilizaciones ciudadanas en todo el territorio nacional. #JuicioPolíticoYA”, publicó Alegre en su cuenta de Twitter.
En otro mensaje en su red social, el líder liberal, que no cuenta con escaño en ninguna de las dos Cámaras, pidió el respaldo de los diputados para secundar su pedido y les advirtió que así se sabrá “quiénes están con el pueblo y cuántos más son los traidores de la patria”, informó la agencia de noticias EFE.
Alegre aseguró el miércoles pasado, durante una marcha de protesta, que contaban a su favor con votos de Honor Colorado, movimiento interno del Partido Colorado liderado por el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) y hasta ahora opositor a Abdo Benítez, también colorado.
Sin embargo, los diputados cartistas afirmaron este viernes, tras un almuerzo en casa de Cartes al que también acudieron legisladores abdistas, en que dan “la vuelta a la página” en el caso del juicio político y respaldarán a Abdo Benítez y a Velázquez si el pedido llega a votarse.
El Gobierno paraguayo vive desde finales de julio una crisis política tras conocerse la firma de un acta bilateral con Brasil que establecía un cronograma de compra de energía a la represa binacional de Itaipú hasta 2022, un año antes de que ambas partes renegocien el Anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 2023.
El acta se firmó en mayo en Brasilia, pero no se conoció hasta julio, cuando renunció el entonces presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, por discrepancias con los puntos del acuerdo.
Ante las críticas de la oposición y la amenaza del juicio político, el Ejecutivo se vio obligado a anular el documento y a aceptar las renuncias de cinco altos cargos, así como a efectuar cambios en el Consejo de Administración de Itaipú.
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