La oposición se despega de las marchas violentas

Apenas días antes de que comience la inscripción de los candidatos a conformar la Asamblea Nacional Constituyente, los propios integrantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la coalición que reúne a los más importantes partidos de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, comienzan a despegarse de las acciones que se ven en las calles, de una intensidad creciente y una frecuencia cercana al día por medio. 

El viernes, el vocero del partido opositor Avanzada Progresista, fuerza del gobernador del estado de Lara, Henri Falcón, advirtió a la prensa que «el liderazgo de la MUD no puede promover manifestaciones de odio, violencia y fascismo». Sin dejar de lado su crítica al gobierno, afirmando que es quien se siente «cómodo en el terreno de la violencia», el coordinador del partido, Luis Romero resaltó que su espacio «no acompaña linchamientos ni destrozos» y señaló como la mayor exaltación de la violencia el hecho de que días atrás «le prendieron fuego a un hombre porque lo encontraron robando». 

Esa imagen espeluznante recorrió el mundo durante la semana pasada. Se ve una escaramuza dentro de uno de los grupos de manifestantes que culmina cuando arrojan una bomba molotov contra un hombre que sale corriendo en llamas. A la vez, otro partido integrante de la MUD, Un Nuevo Tiempo, rechazó ser promotor de los disturbios. «Es el gobierno quien busca generarlos e infiltrar agentes», señaló el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández. Más allá de apuntar al chavismo, este intento de despegarse de lo que el gobierno califica de «terrorismo» pone sobre relieve el posible agotamiento de la estrategia de la violencia. Así lo afirmó a este diario semanas atrás el ministro de Educación Elías Jaua, uno de los principales articuladores de Maduro y coordinador de la Comisión Presidencial para la Constituyente. 

«El gobierno está buscando quebrar a la MUD, porque sus propios integrantes no pueden sostener estas acciones. Han intentado conversar con algunos, son conversaciones no públicas, pero lo están haciendo», afirmó desde Caracas una fuente calificada del entorno chavista que prefirió la reserva.

Las manifestaciones violentas comenzaron luego del 3 de abril, tras una reunión en la OEA donde, en forma minoritaria y sin la presencia del comité presidencial ejercido por Bolivia, se aprobó un documento condenatorio contra Venezuela. «Al decir que en Venezuela no había democracia, se dio vía libre para que la oposición declare la desobediencia al gobierno», señaló a Tiempo el exembajador venezolano ante la OEA, Samuel Moncada. Según se explicó a un grupo de veedores internacionales en Caracas, las acciones comienzan con marchas pacíficas de ciudadanos que protestan por los problemas reales del país, como la inflación y el desabastecimiento (que el gobierno atribuye a una guerra económica de los centros que controlan la distribución de productos) y a partir de las dos de la tarde se desata el vandalismo «con personas contratadas para hacer desmanes», afirmó William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería. 

El gobierno suministró documentos que, según se aprecia, probarían que muchos de estos supuestos manifestantes están armados con pistolas o armas de fuego caseras, llevan máscaras antigás profesionales, y en algunos casos se los ve recibiendo dinero.
El gobierno afirma que las manifestaciones violentas se producen apenas en «el 1% del territorio». También que la Justicia ha venido investigando cada una de las casi 60 muertes producidas en los últimos 45 días, y hasta la semana pasada atribuía solo tres a acciones policiales, en cuyos casos los efectivos fueron separados y procesados. 

La cuestionada represión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se basa en chorros de agua desde tanquetas y gases. Por orden de Maduro, los efectivos no portan armas de fuego, ni las que lanzan balas de goma. Esto se constata en el hecho de que un grupo de oficiales realizó protestas contra esta orden. 

La mayoría de las muertes se produjeron en situaciones confusas. Algunos fueron atropellados por vehículos que pasaban por la zona. Otros recibieron una bala perdida o un tiro de francotirador. Una docena de personas murió electrocutada cuando intentaba saquear un almacén. Varios muertos ni siquiera eran parte de las protestas. Una enfermera que iba a trabajar y pasó por una marcha, en este caso oficialista, recibió un golpe de una botella con agua congelada y murió días después. En otro caso, una joven que no participaba de las marchas recibió un balazo desde la altura. 

«Mientras tanto, las corporaciones mediáticas globales han logrado colocar en la opinión pública internacional un perverso relato que acusa al gobierno como un brutal violador de los Derechos Humanos en nuestro país, cuando la verdad es que contra Venezuela se ejecuta un plan insurreccional», escribió el analista de Globovisión, Oscar Schémel, en el sitio de la consultora Hinterlaces.

Varias causas, cerca de 15, aún se encuentran en investigación. Existe una controversia sobre la muerte del joven Juan Pernalete. Originalmente se dijo que había sido por impacto en el pecho de una bomba de gas. Luego los peritajes llevaron a la hipótesis de que fue asesinado en la misma marcha para instalar un «falso positivo» con un elemento percutor similar al que se usa para sacrificar ganado. Las fuerzas armadas mostraron como prueba un video que no deja del todo claro esta posibilidad. Sin embargo, la fiscal Luisa Ortega Díaz acaba de retomar la hipótesis de la bomba lacrimógena, lo que traslada la responsabilidad a la GNB. Las diferencias entre la fiscal chavista y el gobierno no son nuevas. Se ha convertido en una de las mayores cuestionadoras de Maduro. Incluso rechazó la invitación de Jaua para dialogar por la Constituyente. Lejos de alarmarse, el gobierno parece preferir este debate antes que enfrentar cotidianamente la violencia callejera. «Eso demuestra que el chavismo no es monolítico y puede haber discusión dentro del propio gobierno», señalan. «