En una declaración pública, a la que adhieren 14 agrupaciones políticas opositoras, entre ellas el Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, se plantea que "la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso".
En una declaración pública, a la que adhieren 14 agrupaciones políticas opositoras, entre ellas el Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, se plantea que «la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso».
La propuesta opositora contrasta con lo anunciado el domingo por el gobierno de Sebastián Piñera que, en un giro a su postura inicial, se abrió a iniciar un proceso para cambiar la carta fundamental a través de un «Congreso Constituyente», sin precisiones.
El gobierno de Piñera ha manifestado su rechazo a realizar una Asamblea Constituyente, que contemplaría una participación más amplia de la ciudadanía.
«La propuesta de un Congreso Constituyente por parte del gobierno se aleja de la demanda popular por participación y deliberación», agrega la declaración de los partidos de oposición.
Horas más tarde, mediante un comunicado, Renovación Nacional -partido oficialista- pidió a todas las tiendas políticas «flexibilizar posiciones para lograr un acuerdo» y escuchar «a los cientos de miles que han marchado pacíficamente» desde que comenzó el estallido social que golpea Chile desde el 18 de octubre.
Por su parte, la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) indicó que «no está disponible para negociar mientras no cese la violencia» que ha dejado 20 muertos.
Más temprano, la vocera oficial, Karla Rubilar, afirmó que «el presidente está trabajando activamente en poder abrir un camino claro hacia una nueva Constitución», sin entregar mayores detalles sobre cómo se concretaría la propuesta del Ejecutivo.
Una nueva Constitución que reemplace a la carta fundamental actual, creada en dictadura y aprobada en 1980 en un plebiscito sobre el cual siempre hubo muchas dudas, es vista como una especie de nuevo punto fundacional sobre el cual establecer un nuevo orden social en Chile, uno de los países más desiguales de la región.
Para muchos analistas, la actual Constitución promovió la desconexión entre la clase política y la ciudadanía que hizo estallar la crisis.
La carta magna vigente no establece mecanismos para poder reemplazarla, ni le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito, un mecanismo reservado solo para casos cuando se presenten diferencias graves con el Parlamento.
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