La oscura red que sostiene en su puesto a Diego Fernández

Los nuevos enviados del gobierno porteño a la Villa 31 de Retiro dicen que tienen datos alentadores. «Hay signos de que hemos logrado contener la expansión la pandemia en el barrio», se le escucha decir en los pasillos del barrio a Gabriel Salas, titular de la Unidad de Gestión e Intervención Social del ministerio de Desarrollo Humano porteño. Pero en el comité de crisis que reúne a las organizaciones y a los delegados del barrio sus integrantes confiaron a este diario todo lo contrario. Sostienen que la angustia es honda porque el jueves fallecieron seis vecinos, cada día se enferma algún encargado de los comedores, siguen los problemas de provisión de comida caliente y agua. Se corta la luz y no hay conexión de internet, los niños y niñas del barrio no pueden mantener contacto con las escuelas.

El funcionario que ahora recorre el barrio fue enviado por su jefa María Migliore para contener la crisis que estalló cuando se cortó el agua, antes de la multiplicación de los contagios de Covid 19. También desembarcó para ponerle una marca personal al secretario de Integración Social y Urbana, el empresario Diego Fernández. Hasta hace dos semanas era el único encargado del plan maestro de urbanización de la villa 31.

Cuando estalló la crisis sanitaria, las organizaciones sociales le pidieron al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que lo sacara del cargo, pero hay redes políticas que lo sostienen y que posiblemente permitan que siga en el puesto aunque con un discreto segundo plano.  La buena estrella de Fernández se hizo pedazos después de la derrota electoral que sufrió Cambiemos en ese barrio en los comicios de octubre del año pasado, pero el alcalde no lo expulsará en forma deshonrosa. Las obras del barrio tienen un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por 550 millones de dólares y el control de esa caja permite ordenar las licitaciones y contratar consultorías de todo tipo.

Los fondos del BID son la savia que alimenta las redes que controla Fernández en nombre de Larreta y que ahora disputará con Salas. Esa ejecución que ahora debería controlar Migliore le ha permitido mantener el financiamiento a punteros y constructoras vinculadas al PRO. Una de ellas es Kopar S.A., controlada por Pablo Aparo, a quien le adjudican estrechos vínculos con Carlos Grosso, ex intendente porteño y amigo del expresidente Mauricio Macri.

Otra, aunque más tirante, tiene que ver con Oscar Alfredo «El Gitano» Remorino, uno de los punteros históricos del PRO en el mismo barrio, poseedor del corralón  más grandes de la zona. Como contó este diario en septiembre de 2017, Remorino ofertó 460 mil dólares por un inmueble que fue un viejo búnker de la ex SIDE que albergó un prostíbulo VIP en el 142 de la calle Chacabuco. Fue subastado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la compra derivó en una investigación de la UIF por presunto lavado de dinero.

Dentro de la administración PRO reconocen que Fernández es clave en la relación con Aparo y con Aída Campó, sindicada en la comuna como «histórica puntera del barrio» que ahora no puede mantener su presencia como delegada por «los vínculos con César Humberto Morán de la Cruz, el  capo narco conocido como Loco César», que actualmente cumple prisión perpetua por una veintena de asesinatos.  En el barrio sostienen que Campó se fue de la zona el presunto «asesinato de un joven que la obligó a fugarse a Perú».

Una tercera «garante política» de Fernández es Blanca Arce, histórica puntera de la villa 1-11-14, que responde a Miguel Angel «El Comandante» Rodríguez, que fue director de Tránsito de Grosso en 1991 y cayó preso por la venta de licencias truchas para taxis. «