La pelea menos pensada: los abogados porteños contra la Corte por fraude con los honorarios

La pelea menos pensada estalló en tribunales. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  demandó a la Corte Suprema y acusó a sus integrantes de dibujar –a la baja- los salarios reales de los jueces. Una Acordada fija que los abogados van a cobrar por honorarios por su participación en casas judiciales un porcentaje proporcional sobre el sueldo de un juez de primera instancia. Pero la Acordada tiene una trampa: habla de la remuneración “básica”, y no de la real.

Los jueces de primera instancia cobran, en promedio, entre 170 mil y 180 mil pesos, pero su sueldo básico es de sólo 20.788. En el sueldo real influye mucho la antigüedad, pero aun sacando ese rubro, el básico total superaría holgadamente los 100 mil pesos mensuales.

Sin embargo, la alquimia del cálculo que firmaron los cinco jueces de la Corte toma como base la cifra más baja; los abogados pusieron el grito en el cielo y, directamente, denunciaron un fraude.

El Colegio Público, que esta semana cambió de autoridades, presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra la Corte para que blanquee “la real y efectiva remuneración básica total percibida» por los jueces. La firma el presidente saliente, Jorge Rizzo, y la continúa el entrante, Eduardo Awad. «Fraude, simulación, elusión y/o evasión son los vocablos que surgen una vez superada la sonrisa, consecuencia de la sorpresa que surge de leer que el básico de un Juez Federal es de apenas unos 20.788 pesos».

En rigor, lo que hizo la Corte fue fijar el valor de la UMA (Unidad de Medida Arancelaria) que será del tres por ciento del salario básico de los jueces. Ese cálculo da como resultado 624 pesos, pero si se tomara el monto real, rondaría los 3.250 pesos.

¿Quién es el principal pagador de honorarios a abogados? El que tiene la mayor cantidad de juicios en danza, el Estado Nacional. Los abogados entienden que, en sintonía con la política del gobierno de ajustar la economía sobre la base de achicar salarios, esta decisión de la Corte es una contribución voluntaria (con el dinero de otros) a las exigencias de gastar menos para equilibrar las cuentas fiscales.  La conducción del Colegio Público, a cargo de la agrupación Gente de Derecho, responsabiliza al tribunal que encabeza Ricardo Lorenzetti, y a la nula incidencia de los representantes del PRO. La oposición, en cambio, asegura que Lorenzetti pactó con el ex presidente de la institución, Jorge Rizzo, quien fue su abogado en varias causas civiles, a espaldas de los matriculados. Por una u otra vía, la cuestión insinúa un punto –inmediato o no- de ruptura.

La demanda advierte que “la Corte quebranta los derechos de los matriculados como el de propiedad, el de trabajo y el derecho a recibir una retribución justa y digna”.

La causa quedó radicada por ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número tres, a cargo de la magistrada Claudia Rodríguez Vidal.