La Perla se suma a los antecedentes del terrorismo de Estado previos a la dictadura

El juicio por crímenes de lesa humanidad que concluyó esta semana en Córdoba con 28 condenas a prisión perpetua juzgó a los acusados por delitos cometidos en centros clandestinos de detención entre 1975 y 1979, en su mayor parte durante la última dictadura pero también antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. El comienzo del terrorismo de Estado antes del golpe, como su antesala, estuvo también presente en juicios anteriores que llegaron a sentencia y es la característica saliente del debate en curso de la megacausa del Operativo Independencia y de dos causas contra integrantes de la Convergencia Nacionalista Universitaria (CNU), la de Mar del Plata y la de La Plata.

El Tribunal del juicio de 2009, que como el de esta semana presidió el juez federal Jaime Díaz Gavier, señaló en los considerandos de aquella sentencia que el terrorismo de Estado «imperaba en nuestro país aún con anterioridad al golpe del 24 de Marzo de 1976″. En ese momento, expresaba en su texto que “las estructuras y engranajes represores que ya actuaban antes del golpe militar de marzo de 1976, adquieren dimensiones inusitadas (con la dictadura), transformando así a cada ciudadano en potencial enemigo del sistema, y cristalizándose de esta manera, una verdadera cacería humana sin precedentes en la historia de este país».

En sintonía con estos considerandos, en Salta, en marzo de 2014 se condenó a 15 represores por delitos de lesa humanidad cometidos antes de 1976. El tribunal salteño actuante consideró que el sistema represivo paralegal “comenzó a diagramarse y desarrollarse mucho tiempo antes», con el derrocamiento del gobernador Miguel Ragone en 1974. El fallo no olvida el decreto del 5 de febrero de 1975 que dio inicio al Operativo Independencia en Tucumán, comandado por el genocida Antonio Domingo Bussi, y que funcionó como prueba piloto de lo que luego sería la dictadura cívico-militar que ensombrecería toda la Argentina.

Este año, la jueza María Romilda Servini de Cubría, juzgando casos previos a 1976 estableció: «El delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado”, y agregó que «la acción penal (…) es imprescriptible en virtud de tratarse de un delito de lesa humanidad». Para afianzar este razonamiento la jueza aclara que la acción criminal «fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un ministro de la Nación», en referencia al líder de la Triple A, José López Rega. En cuanto al juicio de la megacausa por crímenes cometidos durante el Operativo Independencia en Tucumán entre febrero de 1975 y marzo de 1976, que comenzó en mayo de este año y se halla en desarrollo, los delitos cometidos por unos 20 imputados en perjuicio de 270 víctimas son en todos los casos previos al golpe.

Casos similares, que involucran a la Convergencia Nacionalista Universitaria (CNU), que operó en Mar del Plata y La Plata se están desarrollando en esas ciudades estas semanas. Respecto de la CNU marplatense, el tribunal afirmó que los crímenes de esta organización se afirmaron en “la existencia de grupos paramilitares o parapoliciales con identidad de objetivos que atacaron en forma sistemática a opositores políticos de tendencia de izquierda bajo el amparo de estructuras del Estado, lo cual es suficiente para reforzar la hipótesis de que el accionar de la CNU no era aislado sino que se hallaba en sintonía con el accionar de otros grupos que respondían a una misma política de Estado». El mismo camino lleva el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, pero el juicio quedó suspenso por la recusación a uno de los jueces.

Una primera instancia de la Justicia fue comprender que el terrorismo de Estado incluyó además de militares a civiles que participaron activamente de ese proceso político de exterminio sistemático de personas a través de la creación de centros clandestinos de detención. Una segunda instancia que se fue dando de forma simultánea es llevar los juicios a momentos anteriores al golpe, cuando realmente comenzó el terrorismo de Estado.