La policía jujeña reeditó la Noche de los Bastones Largos

Rememorando la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, la impunidad gubernamental reinante en Jujuy quedó evidenciada una vez más cuando policías provinciales ingresaron en cinco patrulleros a la Universidad Nacional de Jujuy -que es un predio federal-, interrumpieron violentamente una reunión, golpearon y maltrataron a los estudiantes y se llevaron detenidos a Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, y a otro alumno, Ignacio García.

El episodio se registró mientras los integrantes del Centro de Estudiantes realizaban un asado en las instalaciones universitarias. Los detenidos fueron liberados a la mañana siguiente, aunque según denunciaron, un oficial policial de apellido Zapana, de la Comisaría 1ª, impidió al abogado de uno de los jóvenes poder comunicarse con él. El derecho a la defensa sólo pudo ser ejercido cuando el letrado llamó al ministro de Seguridad de la Provincia.

“En un inusitado operativo, que incluyó efectivos pertrechados con escudos y otros elementos, irrumpieron en el predio de la Universidad y arremetieron contra los presentes. Cuando el presidente del Centro les explicó que hacían un asado con la autorización correspondiente, se lo llevaron detenido, a él y al otro estudiante de primer año”, repudió la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu).

Se destacó que el operativo fue violatorio de la ley de Educación superior que en su artículo 31, referido a la Autonomía Universitaria, expresa: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

No existió ninguna orden porque el decano Mario César Bonillo se hizo presente en la Seccional 1ª y reclamó al oficial a cargo la orden judicial y la respuesta fue que actuaban para reprimir una contravención. Bonillo aseguró que este fue un mensaje  de amedentramiento peligroso. «Hace 20 años que trabajo en el ámbito de esta facultad y nunca ha pasado, pero en el último año y medio hemos tenido tres irrupciones de la policía, aunque esta  fue la de mayor gravedad». Además, contó que el asado se hacía treinta metros dentro del predio de la facultad y que él se enteró porque recibió el llamado de una alumna, quien le dijo que la policía estaba tirando tiros al aire y que se encerraron en los autos para no ser llevados.

«Me dijeron que fueron aprehendidos por averiguación de antecedentes, luego dijeron que fue por estado de ebriedad. Pero el jefe del operativo nunca dio la cara. Lo grave fue que cuando nos comunicamos con el ministro de seguridad provincia Dr. Ekel Meyer, porque todavía quedaba liberar un detenido, dijo no estar al tanto de que había un detenido que faltaba liberar. Tras anunciar que presentaríamos un habeas corpus, un patrullero con agentes camuflados entró y lo liberó».

«No se llevaron a más estudiantes porque se refugiaron adentro de los autos y la policía no los pudo sacar de ahí. La impunidad con la que actúan y el desconocimiento más elemental de la cuestión de jurisdicciones y leyes vigentes es notorio», comentó Liliana Louys, Secretaria General de ADIUNJu , a traves de un comunicado.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, repudió enérgicamente el accionar de la Policía y declaró que la provincia de Jujuy vive un «estado de excepción».

La provincia, desde enero de 2016, mantiene irregularmente presa a Milagro Sala y a un grupo de militantes de la Tupac Amaru, y el hostigamiento y la persecución política, según el comunicado de Conadu, han generado un clima de terror que atenta contra las libertades democráticas. «Hay un discurso revanchista y violento que los funcionarios del gobierno nacional estimulan. Exigimos al Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que se exprese claramente condenando esta violación de la autonomía universitaria, y reclamamos del Consejo Interuniversitario Nacional un urgente pronunciamiento de repudio en relación a esta situación».

Asimismo, demandaron al gobierno de la provincia de Jujuy y al Estado Nacional que, junto al esclarecimiento de este hecho, asuman su responsabilidad de velar por el respeto de la Constitución Nacional y que respondan de manera urgente las demandas de cumplimiento de los Pactos Internacionales que comprometen a la Argentina en la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas en todo el territorio nacional.

La justificación oficial

El gobierno jujeño justificó el operativo policial señalando que los efectivos acudieron por «llamados de vecinos» que se quejaban de «una fiesta y ruidos molestos». También señaló que los estudiantes «no contaban con ningún permiso» para la fiesta y que «se observó ingesta excesiva de bebidas alcohólicas».

El jefe de la Policía de Jujuy, Aldo Soles,desmintió violencia por parte del personal policial. Remarcó que el forcejeo se debió únicamente a la actitud negativa y la resistencia de las dos personas que fueron demoradas y no detenidas como se indicó.

Con respecto a la actuación policial en una universidad nacional, Rodríguez dijo que «es una actuación primaria de la Policía de la Provincia que luego hace la derivación a la Policía Federal. Se solicita la autorización del responsable del lugar para el ingreso en primer lugar, y en segundo lugar la fuerza local puede intervenir primariamente para hacer cesar cualquier tipo de infracción o inclusive si fuese un delito y después se da intervención a las autoridades nacionales si correspondiera».