La Política argentina ante la emergencia climática y la transición ecológica

Las elecciones del 27 de octubre, además de generar un giro esperable en las golpeadas políticas económicas, sociales, ambientales y las relaciones internacionales actuales del país, brindan una oportunidad única para generar un proyecto de país apoyado en un modelo de “desarrollo verde», como garantía del derecho al futuro reclamado hoy por los jóvenes, incluyendo la perspectiva de género, y como herramienta apropiada para avanzar en la justicia social y ante las emergencias climática, sanitaria y alimentaria que afectan a la mayor parte de la población argentina y el ecosistema territorial .

La política argentina debe ser instrumental para sacar al país del  trauma crónico, de la tremenda desigualdad social producida, de la indefensión aprendida ante sus limitaciones actuales y pasadas, y entender que tanto las emergencias alimentaria, sanitaria como climática -que millones de argentinos vulnerables sufren a diario-, hacen inviable una nueva espera, y asumir -desde su praxis diaria-,  que la única manera de reconstruir un país que ha sido arrasado por la precariedad y la crisis económica,  es aprovechar el reto de emprender la  transición ecológica que vivimos con justicia social. Poniendo en el corazón de la política –y de los políticos-, las razones más urgentes de los argentinos -no las razones del partido-, las razones de la justicia social, de los pobres y los vulnerables, las razones del clima y la de las generaciones por venir. .

Argentina -para liderar esa transición -debe dejar de ser un país dependiente de los vaivenes del sector financiero y reclamar inversión para ser puntera en empleo verde. El estado argentino, sus estructuras, junto al capital privado y las familias, aprovechando el desafío y la inmensa oportunidad que supone la transición ecológica, debe tomar en serio la ciencia,  y tener la capacidad de poner en marcha un ambicioso plan que permita prepararnos, dar respuesta al duro presente,  y anticiparnos, adelantarnos al futuro y no llegar arrastrados ante las adversidades  que la crisis climática nos deparará,  evitando trabajar y pagar el doble para enfrentarla. Debemos superar esta indefensión aprendida,  asumiendo nuestras  responsabilidades hoy mismo.

Frente a la realidad de la actual emergencia climática constatada por la ciencia, sus costosos impactos de todo tipo – en lo económico, en la producción del estado y las empresas, a la salud y a la calidad de vida de los ciudadanos, a los ecosistemas-,  que se vienen dando en nuestro país por los últimos 30 años, así como el creciente conocimiento del volumen y calidad del capital natural argentino para la producción de energías limpias –capacidad eólica, fotovoltaica y mareomotriz entre otras-,a pesar de ello,  la política argentina y los sectores que la influyen han optado por insistir en un modelo productivo en guerra con los ecosistemas naturales y productor de desigualdades tremendas en el país.

A pesar de que el Estado cuenta con el apoyo de una Constitución que protege la naturaleza, y que desde los años del gobierno del primer argentino que habló del cambio climático -Juan Domingo Perón-, tiene además  una Secretaría de Estado a cargo del ambiente, la transición ecológica no ha sido tenida en cuenta,  y en estos casi 50 años transcurridos, su papel regulador y propiciador para lograr un desarrollo limpio y con justicia social –teniendo en cuenta la actual calidad del ambiente y la protección del capital natural- demuestra que sucedió lo contrario.

Bajísima  inversión y ejecución presupuestaria pública y privada en la protección del ambiente y el clima; quita de retenciones y controles a la actividad minera(derrames);   mix energético de fósiles-renovables muy escaso , crecimiento sostenido de la pobreza energética, avance continuo de la frontera agricolo-ganadera vs deforestación-desmonte, masiva utilización de agroquimicos,  manejo inapropiado del ordenamiento de suelos urbanos y rurales, contaminación de hidrovías y cuencas hídricas(Riachuelo), y la mayoría de nuestros núcleos urbanos altamente carbonizados y polucionados, son, entre otros algunos de los problemas que sufre Argentina.

A pesar de los compromisos del país ante los Acuerdo de Paris, y la disponibilidad de recursos del Fondo Verde del Clima y otras 80 fuentes de financiamiento climático internacional existentes, no contamos aún una ley federal de acción climática que plantee la descarbonización de la sociedad – la gran mayoría de los gobiernos subnacionales (provincias y municipios) no han adherido aún a la ley nacional 27270 que adhiere a las metas climáticas de Paris para el 2050- ,   ni con programas significativos de adaptación necesarios para la protección urgente de nuestras poblaciones y regiones vulnerables a la emergencia climática. Tampoco hemos avanzado con la Ley de Humedales, o la de  Presupuestos Mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental, o la de ratificación del Acuerdo de Escazú de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales, aun en debate en el Congreso, o en la ejecución de programas de saneamiento del Riachuelo y las poblaciones afectadas que ordena la Justicia,  o la de la Ley de Bosques Nativos.

El escenario actual,  plantea la necesidad de promover desde la política un Pacto Federal para la Transición Ecológica y el Desarrollo Limpio, entre el Estado Nacional, las Provincias, los Municipios y los actores económicos y sociales para construir consenso y emplear .la transición ecológica como medio, la justicia social como fin.

La gran transformación que debe emprender nuestro país no deberá  reducirse a una mera operación de sustitución de tecnologías,  sino que a través de la política se deberá reorganizar la economía, reordenar el territorio, blindar derechos, establecer deberes, cuestionar privilegios, repartir con justicia y transparencia los esfuerzos y transformar culturas arraigadas intentando superar la pérdida de legitimidad y de capacidad de cohesión de los sistemas políticos como consecuencia de esta pérdida de protagonismo de la política a través del Estado.

Asimismo este Pacto tendrá que proponer el fortalecimiento del Estado poniendo en marcha un Ministerio para la Transición Ecológica, que se encargue de diseñar e implementar las políticas públicas de ambiente, energía, desarrollo limpio y sostenible, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, lucha contra la emergencia climática y la construcción de una modelo productico y social ecológico concentrando las políticas encaminadas a construir un futuro sostenible y acelerar la descarbonización en Argentina asegurando la adaptación de la sociedad –infraestructuras y poblaciones humanas-, la biodiversidad y el ecosistema a la emergencia climática actual y futura.