La presión militar dejó preso a Lula

El STJ tenía que dictaminar sobre un recurso planteado por los abogados del exmetalúrgico, arrestado desde el 7 de abril en Curitiba por orden del juez Sergio Moro en una causa por la presunta coima de una empresa constructora. El fallo inicial fue confirmado en segunda instancia por una Cámara, pero el planteo de la defensa de Lula es que no cabe constitucionalmente una detención antes de que haya sentencia firme en la Corte.

Curiosamente, el alegato se basó en un reclamo de una agrupación de derecha, el Partido Ecológico Nacional (PEN) para que espere la ejecución de la pena hasta que no existan más recursos judiciales, cosa de respetar el derecho a una amplia defensa. Pero los propios dirigentes del PEN se mostraron arrepentidos de semejante presentación, muy previa a la prisión de Lula, ya que, dijeron, lo que menos querían era ayudar a la izquierda. De todos modos, había una demanda en términos similares de la Orden de Abogados de Brasil que también fue rechazada.

Uno de los jueces que tenían que decidir –la votación fue 5 a 0–, Celso de Mello, rechazó el encarcelamiento de encausados en segunda instancia, pero votó en contra del exmandatario para este caso. Y tal vez su ambigua explicación tenga que ver con un tuit del general de Brigada Paulo Chagas, candidato al gobierno de Brasilia. «Cuidado con la cólera de las multitudes», alertaba desde un título en letras mayúsculas, para advertir luego: «Hasta el día 10 de mayo sabremos si Gilmar, Lewandoswski y Toffoli tomarán el partido de Brasil o el del crimen. Quieren boicotear el Lava Jato o hacer justicia?», decía. 

Esos eran los magistrados que todavía no habían decidido su voto –es electrónico y adelantado–, lo que implicaba que no estaba seguro de que Lula siguiera en prisión. Chagas, un militar retirado del arma de Caballería, ya venía lanzando consignas desde su blog personal, con un profundo desprecio por Lula, «el criminal y comparsa de tantos que lo adoptaron como modelo». Ese tuit fue la última señal que necesitaban los jueces para depositar su voto, parece.

Este viernes, en tanto, salió a la luz un archivo desclasificado del Departamento de Estado donde aparece un informe de la CIA del 1 de abril de 1974 en el que el general Ernesto Geisel –quien gobernó entre ese año y 1979, y que había pasado a la historia como un apaciguador de los más sangrientos uniformados– «le dijo al general Figueiredo que la política de ejecuciones debería continuar, pero que se debían tomar reparos para asegurar que sólo subversivos peligrosos fueran ejecutados», según detalla el telegrama enviado por un agente a sus jefes en Langley. 

El general João Baptista Figueiredo era en ese momento jefe de la agencia de inteligencia brasileña y sería sucesor de Geisel. La orden, puntualiza el documento, surge luego de que Figueiredo le informa a Geisel que en el anterior gobierno militar, a cargo de Emilio Garrastazú Médici, habían sido ejecutados 104 opositores.

La primera que dijo algo sobre esto fue Dilma Rousseff, expresidenta y en los ’70 detenida política. Señaló que ahora queda más claro aun que sus camaradas de lucha habían sido «ejecutados (y que) los asesinatos políticos fueron decididos o refrendados por el Palacio». Y a continuación llamó a repudiar a los defensores de la vuelta de la dictadura. 

Desde esa vereda, el también exmilitar Jair Bolsonaro, que aspira a la presidencia del país, primero analizó en una entrevista con Folha de Pernambuco en qué contexto se escribió el informe. «Yo creo que sé lo que le pasó a este agente de la CIA. Cuántas veces uno dice ‘te voy a matar, te voy a reventar a patadas’. Seguramente escuchó esta conversación e hizo el informe». Por si esto no bastara, trató de justificar el golpe con estas palabras. «¿Quién nunca le dio una palmada en el culo a un hijo y luego se arrepintió?». «

Paramilitares detrás del crimen de Marielle

Un concejal, un policía militar y un expolicía están siendo investigados como sospechosos del asesinato de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro que fue acribillada a balazos el 14 de marzo pasado. Al menos esto se desprende de la información que dio el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann. 

De acuerdo con esta versión, la activista social –que salía de un encuentro donde se cuestionaba la policía de intervención militar en la ciudad de Río de Janeiro– fue baleada desde un Chevrolet que se le cruzó al auto en que viajaba junto con un acompañante y el chofer, Anderson Gomes, que también falleció en el ataque. 

Para el ministro, los atacantes fueron un agente de la Policía Militar y un expolicía que integra una milicia paramilitar que opera en el barrio de Ramos, al norte de Río de Janeiro. El autor intelectual sería el concejal del conservador Partido Humanista de la Solidaridad, Marcello Siciliano.

Los paramilitares, mayoritariamente exagentes policiales, extorsionan a vecinos y comerciantes a cambio seguridad en sus barrios. También se encargan de ejecuciones por dinero. Marielle había combatido estas prácticas y también contra los abusos policiales en las favelas cariocas.