La Procuradoría denunció al Presidente por «tráfico de influencias»

El fiscal jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó una denuncia penal para que se investigue el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino SA y en paralelo pidió un sumario administrativo por la firma de la propuesta. Explicó que «el sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del 2001 hasta el año 2033».

«Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron. Correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal», detalló Rodríguez en declaraciones a Futurock.

El fiscal informó además que en su denuncia le solicitó al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que «haga una auditoría de todo el proceso concursal» para saber «qué pasó del 2001 hasta hoy» y advirtió que podrían ser responsables también funcionarios de gobiernos anteriores.

En diálogo con otra emisora, el Rodríguezl explicó que trasladó a la Justicia la presentación realizada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que impugnó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo por considerarlo abusivo y ruinoso para el Estado.

“Mauricio Macri y Franco Macri son empresarios que han tenido vinculación con la obra pública y con el “Estado nacional desde hace mucho tiempo, entonces hay cosas que en algún punto se tocan”, explicó el fiscal sobre el posible tráfico de influencias involucrado en el acuerdo, que según la fiscal Boquín implica una quita de deuda del 98,87 por ciento y una propuesta de pago en cuotas hasta 2033 que representaría una condonación de más de 70 mil millones de pesos. Rodríguez trasladó la denuncia y calificó el hecho como “una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles».

El fiscal detalló que la intención es «ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda”. En ese contexto el funcionario señaló que “Esto es un concurso de acreedores. La firma tiene una deuda que el Estado la verificó y el Estado tiene que tratar de cobrarla de la mejor manera posible», argumentó y agregó: «Cuanto más tiempo pasa, es más favorable para el concursado».