La Provincia cierra Felices los Niños y denuncian un negocio inmobiliario

El director de la Fundación Felices los Niños, Juan Manuel Casolati, protagonizó esta semana un inimaginable escándalo. El abogado y exfuncionario judicial estuvo 24 horas detenido luego de que la Justicia de Morón lo acusara de instigar a un grupo de manifestantes a cortar una calle y golpear a un jefe policial. El episodio se dio en el marco de una protesta por el cierre definitivo de la institución, dispuesto por el gobierno bonaerense tras detectar supuestas irregularidades. Casolati aseguró que la Provincia impulsa un millonario negocio inmobiliario con el predio y denunció penalmente a los funcionarios por lo que consideró una planificada asfixia económica al organismo. En el medio, 52 chicos deberán ser reubicados.

La suerte de la fundación que creó el cura condenado por pedofilia, Julio César Grassi, está sellada. «Recibe un millón y medio de pesos por mes y desde 2008 no ha presentado balances y no ha podido justificar cómo gasta los recursos que recibe», argumentó la gobernadora María Eugenia Vidal. Desde la Provincia niegan una intencionalidad en contra de la entidad: «Es una de las 685 instituciones que vienen siendo auditadas por el gobierno desde junio del año pasado». Especifican que en septiembre de 2016 fue intimada a presentar la documentación pendiente.

«La intervención se dispuso la semana pasada. Es el resultado de un período largo de examen de la documentación y de reclamos de todas las cuentas de la fundación que están pendientes ante el Ministerio de Justicia», sostuvo Pilar Molina, secretaria de Niñez y Adolescencia bonaerense, de quien dependen los recursos que se envían a la institución.

La ejecución del cierre del lugar quedó en manos de los «interventores liquidadores» Pablo Grillo, Ramiro Colombo y Paula Expósito, del Ministerio de Justicia que encabeza Gustavo Ferrari, quienes deberán establecer los valores de los pasivos y activos de la fundación para saldar el rojo que data de los tiempos en los que Grassi dirigía, tanto de manera formal como informal, los destinos de Felices los Niños.

Casolati se había hecho cargo de la entidad cuando el exgobernador Daniel Scioli corrió a las autoridades que aún respondían al cura, quien operaba desde las sombras de La Blanquita, la casaquinta ubicada frente al imponente predio de 67 hectáreas donde Grassi erigió su imperio en Hurlingham. El exdefensor oficial de San Martín se encontró con una situación calamitosa. El punto de inflexión fue en 2014, cuando denunció el desvío de mercadería que debía ir a la fundación pero terminaba en el penal de Campana, donde el sacerdote estaba alojado. Se estableció que Grassi lograba beneficios a cambio de entregar la comida de los chicos.

Casolati fue detenido este jueves por orden de la UFI 4 de Morón, tras constatar que estaba al frente de una movilización de decenas de personas en las puertas de la fundación, en Gorriti 3520, que no dejaban circular el tránsito. Además, lo acusaron de haber instigado los golpes que habría recibido el jefe de la distrital de Hurlingham, Andrés Lasala. El viernes, el juez de Garantías Ricardo Fraga resolvió liberarlo al establecer que no intentará fugarse ni entorpecer la investigación. Durante su indagatoria, Casolati negó los hechos.

¿Negociado?

Para Casolati, todo es una «maniobra malintencionada» porque «la gobernación quiere las tierras para hacer un emprendimiento inmobiliario, y para eso, la Fundación tiene que desaparecer». Precisó que unos seis meses atrás, representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se presentaron en el lugar tres veces.

Molina lo desmiente: «Es un planteo disparatado. El predio es del Estado nacional, cedido en comodato a Felices los Niños, con una dedicación a políticas sociales. Allí funciona un hogar donde viven 52 niños con derechos vulnerados y diez escuelas, cuyos docentes cobran el sueldo de manera directa de la provincia». «