La reforma del Código Penal agitó la guerra por el control del espionaje

Estupor y regocijo en dosis equilibradas ha causado la filtración de videos íntimos efectuada por la ex stripper Natacha Jaitt. Así continúa una extraña «operación» que dejó al descubierto una red clandestina de espionaje ligada a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). ¿Acaso es un anticipo del tiempo venidero? Porque, en paralelo, el gobierno y sus aliados impulsan una reforma al Código Procesal Penal de ribetes orwellianos, puesto que permitiría al Estado vulnerar hasta límites no imaginables la privacidad de cualquier persona sometida (o no) a una investigación judicial. Una iniciativa peligrosa hasta para sus propios hacedores, dada la autonomía y el descontrol de dicho organismo ante las autoridades políticas de turno. Las denuncias sin pruebas contra amigos del poder –como Carlos Pagni y Alejandro Fantino– lo demuestran con creces. 

El tratamiento mismo del proyecto –engendrado por los senadores del peronismo neomacrista, Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino– está manchado por intrigas palaciegas no precisamente inspiradas en Shakespeare. De hecho, su presentación data del 2 de marzo. Cinco semanas después fue aprobada casi a hurtadillas por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, para así eludir la participación de la sociedad civil en el debate. Su presidente –nada menos que Guastavino– y Urtubey, junto al resto de sus impulsores, dieron por concluida esa fase del trámite sin convocar a otras reuniones o citar a expertos para que opinen al respecto. La reforma, entonces, iba a ser tratada en el Senado el 18 de abril. Pero, a último momento y sin explicaciones, se la reprogramó para la semana entrante. 

Este limbo temporal es propicio para reparar en los padres de la criatura. El salteño Urtubey y el entrerriano Guastavino son referentes de la presunta oposición embarcada en facilitar el triunfo de Macri en las elecciones 2019. El primero –hermano del gobernador de su provincia– aspiraba a suceder en el Ministerio Público Fiscal a la procuradora Alejandra Gils Carbó. El segundo, un fiel ladero de Miguel Ángel Pichetto, tuvo a su cargo la organización de la cumbre del justicialismo antikirchnerista. Y la reforma que proponen no es sino un instrumento estratégico en medio del furor regional por la lawfare, así como se le llama a la judicialización de la política. Un recurso conspirativo cuya clave está depositada en el ejercicio indiscriminado del fisgoneo ilegal.

Pero esa batalla coincide con ciertas adversidades: el escándalo por el espionaje a los diálogos telefónicos de Oscar Parrilli con Cristina Fernández de Kirchner y el turbio destino de la Oficina de Captación de Comunicaciones –a cargo de las escuchas–, junto con el derrumbe del anhelo presidencial de convertirla en una megaestructura abocada al acopio de información sensible. 

Con aquella ilusión, Macri traspasó la potestad de efectuar pinchaduras –que CFK había depositado en el Ministerio Público– hacia la Corte Suprema, con un DNU firmado al mes de asumir la primera magistratura. Su amorío con Ricardo Lorenzetti atravesaba por entonces su mejor momento. 

En su edición del 31 de marzo, Tiempo informó sobre la voluntad del máximo tribunal de abdicar al control de las pinchaduras telefónicas, tal como su presidente reconocía entre ciertos allegados. Era una decisión signada por presiones ejercida sobre él por sus otros cuatro miembros, quienes no quieren quedar pegados en las trapisondas de la AFI.

Cuadro días después, uno de ellos, Horacio Rosatti, confirmó la versión –casualmente en una entrevista con Pagni–, al plantear su regreso «a la órbita de la Procuración o crear a tal efecto una agencia autónoma».

Lo cierto es que en el caso de las escuchas filtradas a los medios afines al oficialismo subyace ahora un airado cruce de acusaciones entre la cúpula de la AFI –integrada por el incombustible Gustavo Arribas y Silvia Majdalani– y los altos dignatarios de la Justicia enlazados a la maniobra, al menos por su cercanía institucional. Entre ellos –además de los cortesanos– los camaristas a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, Martín Irurzún y Javier Leal de Ibarra; el director del Departamento de Captación de Comunicaciones, Juan Rodríguez Ponte, junto a los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría, quienes ordenaron las intervenciones en litigio. Un gran elenco para el caso que reveló la intromisión en la vida privada de los ciudadanos.

Aun así en la Casa Rosada redoblan la apuesta. En esta oportunidad con los senadores Urtubey y Guastavino como timoneles.

La ley que podría obtener media sanción en los próximos días contempla –según su artículo 175– la «vigilancia remota de equipos informáticos» por medio de un software que «permita el acceso remoto» al contenido de computadoras, celulares, tablets e incluso bases de datos como parte de una pesquisa judicial. Y sin mencionar una sola palabra sobre cómo se realizarán la intercepciones remotas ni quién sería el ejecutor de esta nueva modalidad. 

Pero la respuesta es obvia: el Estado, convertido en un inmenso aparato de espionaje masivo.«