La reforma laboral en el banquillo

El retroceso de los derechos laborales que implicó la mal llamada Ley de Modernización Laboral quedó expuesto por las declaraciones de los representantes del gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No sólo porque no pudieron explicar en qué estudios se habían basado para asegurar, por ejemplo, que la reducción de derechos laborales generaría una baja del empleo informal, sino porque dejaron en claro que el objetivo de la reforma laboral es que el derecho protectorio deje de existir en la Argentina.

Todo sucedió durante la audiencia que convocó la CIDH en Washington, de la que participaron representantes de sindicatos, jueces del trabajo y abogados laboralistas. Allí pudimos explicar que la norma sancionada en marzo de este año supone una regresión ilegal de los derechos sociales que estaban garantizados. Eso violenta el principio de progresividad contenido en la Declaración Americana de Derechos Humanos.

El gobierno nacional debió comparecer y ensayar una defensa, pero lo cierto es que, a la luz de las preguntas e intervenciones de las y los comisionados, fue insuficiente para eludir un seguro cuestionamiento de la CIDH.

Fue notoria la preocupación del organismo regional respecto de la ausencia de razonabilidad del drástico cambio normativo de nuestro país. Ante las consultas acerca de la existencia de estudios que permitan concluir que a través de esta reforma se reducirá el empleo informal o mejorarán las condiciones de trabajo y de vida, el gobierno argentino se quedó mudo. Es lógico, pues está demostrado que el resultado de su política será el contrario: habrá más empleo precario con menores salarios reales y mayor sometimiento.

Un pasaje del alegato de los funcionarios argentinos fue suficiente para demostrar el verdadero objetivo de la reforma: “Buscamos darle mayor validez a la autonomía de la voluntad”, afirmaron tanto el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leonardo Szuchet, como la representante del Ministerio de Capital Humano, Mariana Pérez Espinosa.

Un viejo adagio leguleyo asegura que “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Y es perfectamente aplicable a esta situación, porque justamente el derecho del trabajo fue creado para limitar la autonomía de la voluntad individual de las personas que trabajan. Frente a la desigualdad real que existe en la relación laboral, el Estado interviene a través de la legislación para igualar esa balanza tan desequilibrada. Por eso no es válida la renuncia al salario mínimo vital y móvil, ni a la jornada máxima, ni a las vacaciones, ni a ningún derecho establecido en las leyes.

Sin embargo, lo ha confesado el gobierno ante la CIDH, el objetivo es que a partir de ahora eso sea posible. O lo que es lo mismo, que el derecho protectorio deje de existir.

Claro, eso es incompatible con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, entre ellos, la obligación de no regresividad de los derechos sociales ya reconocidos. Es difícil, frente a la actual política económica y social, que el gobierno nacional resulte ileso de cuestionamientos internacionales.

Sería importante para la vigencia del estado de derecho que el Poder Judicial local, que también tiene entre sus funciones controlar que las leyes se adecuen a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, preste atención a lo que está preocupando a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. «