Ignorando las multitudinarias manifestaciones y el rechazo dentro de las propias filas del Partido Socialista, el gobierno de François Hollande decidió eludir la Asamblea Nacional e impuso por decreto un paquete de leyes de flexibilización laboral en Francia.
La reforma laboral es la más radical intentada por un gobierno en Francia en años, de derecha o izquierda, y causó protestas a menudo violentas desde las áreas vinícolas hasta los empobrecidos suburbios. El último jueves, se reunieron 500 mil personas en marchas por todo el país, que están dejando centenares de heridos y detenidos, y llegan a una virulencia tal que en una insólita acción la policía realizó su propia manifestación para quejarse por la violencia de la que son víctimas.
El Ejecutivo galo recurrió a la cláusula 49.3 de la Constitución en virtud de la cual puede adoptar medidas por decreto, mecanismo que sólo se puede utilizar una vez en cada período anual, y abre la puerta a que se presente con carácter inmediato una moción de censura susceptible de tumbar al gobierno. El contexto fue aprovechado por los conservadores, el rival menos pensado tratándose de una reforma de este tipo, que trataron de impedir el paso a la cuestionada legislación, pero con 246 votos no alcanzaron los 288 necesarios para derrotar al gobierno.
El texto pasará por los senadores entre los próximos 13 y 24 de junio, y cuatro días después será votado en esa cámara. De introducirse cambios, algo previsible puesto que el recinto está controlado por la oposición conservadora, volvería a la Asamblea, donde el gobierno podría apoyarse otra vez en un decreto. «El Senado lo va a liberalizar aun más y el gobierno en la Asamblea volverá a usar el mecanismo del 49.3. Será adoptado pero con medios poco democráticos», dijo a Tiempo el chileno Sergio Coronado, diputado del Partido Verde en representación de los franceses residentes en el exterior.
El gobierno debió recurrir a esa medida extrema porque los legisladores oficialistas iban a rechazar la propuesta en el Parlamento. Una derrota habría sido un golpe fuerte para el impopular Hollande, quien dijo que sólo se presentará a la reelección el próximo año si logra reducir la tasa de desempleo, que está en el 10 por ciento. Pero que llega al 24 por ciento cuando se trata de menores de 25 años.
Aunque el gobierno suavizó partes del proyecto de ley laboral en marzo tras protestas estudiantiles y obreras, la propuesta mantiene medidas que dan más flexibilidad a los empleadores y ofrece a las empresas condiciones menos restrictivas para despidos. «El primer texto era una provocación y las modificaciones que fueron introducidas limitaron un poco el cambio del modelo laboral y de la negociación entre los actores sociales, pero sigue habiendo temas muy complicados como el hecho de calcular la situación financiera de una empresa para despedir. Son cosas que no se esperaban de la izquierda», enfatizó Coronado.
La ley mantiene la semana laboral de 35 horas, pero permite a las empresas organizar turnos alternativos. Los trabajadores podrían tener semanas de 48 horas laborables o turnos de 12 horas durante períodos limitados. En caso de «circunstancias excepcionales», los empleados podrían trabajar hasta 60 horas semanales. Una cláusula permitiría a los empleados trabajar más de 35 horas sin que se les pagaran las horas extra durante un tiempo limitado.
La reforma permitiría a las empresas mantenerse al margen de convenios colectivos negociados por los sindicatos si tienen su propio acuerdo en la empresa.
El gobierno pretende «aclarar» los motivos de los despidos, permitiéndolos en negocios de menos de 300 empleados en caso de dificultades financieras como un descenso en las ventas o bajos ingresos durante varios trimestres consecutivos. La idea es limitar las demandas de trabajadores despedidos.
