La remake de Caputo vs. Sturzenegger reconfigura un gabinete cuestionado

Esta semana los rostros de los funcionarios que hacen pie en Casa Rosada dejaron expuesto lo que opositores, dialoguistas y oficialistas repiten sin grieta: el gobierno de La Libertad Avanza atraviesa su peor crisis política desde su maratónica llegada al poder en diciembre.

El avance de las denuncias por el acopio de alimentos, las salidas en masa del gabinete y la baja de la actividad económica empiezan a preocupar al gobierno que deja de creerse superpoderoso y empieza a advertir -y admitir- falencias en la gestión.

Círculo rojo en alerta

A pesar del apoyo mediático de importantes empresarios, puertas adentro las expectativas del círculo rojo empiezan a desvanecerse. Los números en baja que devuelven los índices de medición económica exponen una caída similar a la del inicio de la pandemia.

El último informe del INDEC sobre la producción industrial expone una caída del 16,6%. Asimismo, la construcción registró una baja del 37,2% en abril, el lado b del paso de la motosierra en la obra pública. El aumento de los despidos, consecuencia directa de la crisis, pone en alerta a un sector del empresariado que se preocupa por el aumento de la conflictividad social que acarrea la desocupación.

Daniel Funes de Rioja de UIA vaticinó en una entrevista que la caída del sector “es profunda como la del 2001” aunque se apresuró a aclarar que la aprobación de la ley Bases ayudaría a la mejora de la industria minera y energética. El líder de los industriales, cuyos equipos de abogados formaron parte de la redacción del DNU 70/2023, hace equilibrio entre el apoyo racional a la gestión libertaria y la presión que recibe por parte de los empresarios PYME, principales afectados de la caída económica.

La visión del FMI

Advertencias similares llegaron desde las oficinas del FMI. La vocera del organismo, Julie Kozack, aconsejó al gobierno “aumentar la asistencia social para apoyar a los pobres” y de paso le pidió «promover el empleo formal en el país». La tirada de orejas impactó de lleno en la Casa Rosada, desde donde no dudaron en dejar trascender la molestia ante estos dichos. “Que la financien ellos”, dijo un altísimo funcionario al tanto de las negociaciones con la institución financiera, que se rehúsa a ofrecer nuevos desembolsos al país.

Con este escenario, fuentes del gobierno adelantaron a este medio que los equipos económicos del oficialismo evalúan liberar el piso de paritarias, atadas al plan antiinflacionario del ministro de Economía, Luis Caputo, que no permite subas por encima del IPC mensual. Según advierten, esta habilitación forma parte de las conversaciones que agentes del oficialismo mantienen en total reserva con el ala dialoguista del sindicalismo, notablemente afectada por la baja de afiliados e ingresos.

“Tenemos en claro que las vamos a tener que liberar, los salarios quedaron muy abajo y de los resultados económicos depende esta gestión”, dijo ante Tiempo un miembro de la mesa chica presidencial. Y agregó: “No importa qué quilombos internos haya, la gente vota con el bolsillo”.

Siguen las incorporaciones

Esta semana, en tanto, el gobierno nacional incorporó en altas filas de poder a otro ex Corporación América. Se trata del abogado Diego Chaher, quien estará a cargo de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, desde donde el libertario planea ejecutar la privatización de las entidades estatales que el Congreso apruebe con la ley Bases esta semana, entre las que se encuentran Aerolíneas Argentinas, Arsat y AYSA.

El abogado mendocino, quien se ganó la confianza del presidente y su alfil Santiago Caputo por su gestión en la intervención de medios públicos y su vaciamiento, ocupará la silla vacía que dejará Mauricio González Botto, quien salió eyectado junto a su jefe político, Nicolás Posse. Para los círculos congénitos que rodean al libertario, las tareas de privatizaciones no sólo requieren de conocimiento técnico, sino que entienden imprescindible que quien comande las mismas sea alguien de extrema confianza del Ejecutivo.

Hace algunas semanas, el primer candidato para ocupar el poderoso escritorio privatizador fue el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, pero la idea perdió fuerza en la mesa chica libertaria. La justificación que entregan es la dilatación de la aprobación de Bases. “Sin la ley, no podemos saber con qué herramientas contamos para armar el cargo”, dicen cerca del presidente sobre el padre del megacanje al gobierno.

El propio presidente dio a conocer días atrás que Sturzenegger sería bendecido con un ministerio dedicado a la modernización del Estado y la desrregulación económica. Sin embargo, en Balcarce 50 ya dan por descartada esta posibilidad y advierten que finalmente el asesor económico tendrá a su cargo una secretaría que dependerá directamente de Presidencia, un escalón significativamente más bajo del que se había anunciado días atrás con bombos y platillos.

Desde adentro del edificio de gobierno explican que esta modificación responde a la decisión de no quitarle facultades al ministro-rockstar, Luis Caputo, quien mantiene encendidos los cortocircuitos con su colega. Los desencuentros, que datan de 2018 cuando ambos formaban parte del gobierno de Mauricio Macri, desencadenaron la salida de Toto de la gestión, un triunfo que Sturzenegger aún saborea y el mercado mira con recelo.

Según pudo saber este medio, importantes operadores económicos hicieron llegar su preocupación al gobierno por una nueva convivencia en el gobierno de ambos enemigos, quienes generaron una brutal corrida a mediados del 2018 que derivó en la segunda devaluación aquel año, lo que marcó el principio del fin del gobierno del calabrés.

Mientras que la versión lavada que entregan los voceros del presidente advierte que la designación aún no se concretó “porque Milei no tuvo tiempo para reunirse con su asesor”. Armadores en las sombras del oficialismo reconocen que los llamados al teléfono rojo serían la principal razón del retraso del arribo de Sturzenegger a la gestión.  «