La represión como política de Estado

Durante los primeros seis meses de 2017 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

 Según el relevamiento realizado por el CEPA la represión cayó sobre “vecinos que reclamaban asistencia ante las inundaciones, pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer,  vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria”.

El informe destaca, por otra parte, “el accionar de la policía bonaerense que no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios”.

La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, denuncia que la represión es actualmente una política de Estado.  En este caso contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. Asimismo señalan que si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. La violencia policial no se circunscribe al espacio público sino que se ejerce dentro de las mismas escuelas.

Para el CEPA “las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos, dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social. La represión funciona de esta forma como mecanismo de “contención” del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes”.

El informe detalla que entre estas prácticas represivas no sólo se encuentra la utilización de violencia física hacia los manifestantes sino también la utilización de las herramientas que les provee la justicia, con una táctica que se profundiza cada vez más: la judicialización de la protesta social.

En ese marco el CEPA señala que la lógica que se inauguró en enero de 2016 con el encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala no hace más que profundizarse, apuntando tanto a dirigentes sociales como a gremiales. En ese contexto el relevamiento asegura que “tras dos años de gestión de Cambiemos cada vez son más los manifestantes que se suman a la lista de imputados y/o encarcelados. Entre ellos podemos mencionar a referentes de diferentes provincias”.

Con los datos que muestra el informe desde el CEPA concluyen que “los hechos producidos en la noche del viernes, al cierre de una movilización masiva en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, parecen ser un eslabón más de la política implementada por Cambiemos”.