Una reflexión sobre el corazón de la profunda inequidad y baja eficiencia que exhibe el sistema privado de salud.
Las ISAPRES entraron en crisis tras la pandemia a lo que se sumó un fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022, que obliga a restituir cobros en exceso de U$S 1500 millones que les hicieron a sus usuarios desde 2019, lo que estrictamente hablando constituye un delito. Fue el resultado de miles de recursos ante la justicia, desde hace más de una década, de parte de usuarios, por prácticas abusivas del sistema de salud privado, a consecuencia del aumento injustificado de las cuotas en los planes de salud y por pautas de discriminación que afectan directamente: a mujeres en edad fértil, adultos mayores, parejas con niños y a enfermos crónicos o catastróficos.
De esta forma el sistema funcionaba de forma discriminatoria seleccionando a pacientes jóvenes, sanos y de altos ingresos. Se segmentaba el mercado, asegurando el nicho rentable al sector privado, con un mercado oligopólico de 6 empresas; y el sector social de menores ingresos, “mayor riesgo” y menos rentable, para el sector público. Ha actuado como subsidio implícito a las ISAPRES al cedérsele el segmento rentable del mercado.
El lunes 13 de mayo, a pocas horas de terminar el plazo que la Corte impuso a las ISAPRES para devolver cerca de U$S 1500 millones cobrados en exceso, y tras un año de tratamiento, el Congreso aprobó un proyecto ley que presentó el presidente Gabriel Boric. Lo aprobó casi la unanimidad de la oposición (derecha), pero cerca del 20% de los parlamentarios oficialistas (centro izquierda) rechazó la ley o su abstuvo. La fórmula definida por la ley de dar una salida a las aseguradoras de salud privada establece que tendrán un plazo de 13 años para saldar la deuda con sus afiliados, con excepción a las personas mayores de 65 años, donde el plazo se recorta a cinco años, y a los mayores de 80 en dos años. Además, para los próximos tres años (2025/26/27) se autorizó a las ISAPRES a subir las cuotas de los planes con menos restricciones que en el pasado, que de un 7% del ingreso, pasará a un 10% como piso en los próximos meses.
El médico cirujano y senador socialista Juan Luis Castro, que se abstuvo en la votación, se refirió a la aprobación en el Congreso de la ley: “Se lanzó un salvavidas a estas entidades con el fin de que puedan cumplir el fallo de la Corte Suprema sin quebrar en el proceso…. con una tarifa más alta que va a ir pagando la gente para poder tener ingresos que permitan la devolución”. Es decir, la cancelación de la deuda de las ISAPRES con los usuarios.
El caso chileno muestra lo ineficiente e inequitativo del sector privado en ofrecer el servicio de salud. Las ISAPRES son un plan de negocios de bajo riesgo que se enfoca en captar a cotizantes jóvenes, sanos y en edad laboral activa y con mayores ingresos, que atiende a alrededor de tres millones de personas de una población total de 19 millones. Las ganancias de las ISAPRES en muchos años superaron los U$S 200 millones anuales con inequidades de género y edad. En el 2022, nueve de cada diez adultos mayores estaban en el sistema público, FONASA.
Por otro lado, FONASA, que atiende a 16 millones de personas, recibe a quienes tienen mayor carga de enfermedad y menor cantidad de recursos por persona. Según datos de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, durante 2020 se presentaron cerca de 200 mil recursos de protección en contra de las ISAPRES, por los aumentos injustificados en los planes de salud. Significa un flujo de usuarios del sistema privado al sistema público.
La creación de las ISAPRES introdujo en el sistema de salud chileno una segmentación por riesgos e ingresos y la coexistencia de dos lógicas contrapuestas: una solidaria y de reparto (FONASA), por un lado, y la otra individual y con fines de lucro (ISAPRE). Se encuentra en el corazón de la profunda inequidad y baja eficiencia que exhibe actualmente el sistema privado de salud chileno.
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