La seguridad, entre la paranoia y el gatillo fácil en las favelas

La detención en Brasil de los 12 supuestos terroristas que “simpatizaban” con el Estado Islámico replicó en todo el mundo. La Operación Hashtag, tal como fue denominada la investigación que habría detectado el amateur entrecruzamiento de datos en diferentes redes sociales entre los sospechosos, fue posible gracias a la Ley Antiterrorista aprobada en marzo de este año. 

El propio ministro de Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, fue quien reveló que la sanción de dicha ley fue una condición del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (GAFI) para la realización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Si bien la detención de este grupo a dos semanas de la inauguración de los Juegos tuvo la repercusión lógica de un planeta en alerta, también fijó posiciones fronteras adentro. «Nuestra mayor preocupación es la seguridad pública, y cualquier acto, por insignificante que sea, será frenado para evitar un problema futuro», destacó el ministro brasileño de Justicia, Alexandre de Moraes, el mismo que sostuvo que las protestas que rechazaban el impeachment contra Dilma Rousseff debían ser considerados actos de guerrilla urbana. Esta aparición de supuestos terroristas que, de acuerdo a la investigación, hasta habrían contactado ingenuamente un sitio en internet “de armas clandestinas solicitando la compra de un fusil AK-47”, en gran medida justifica la millonaria inversión en seguridad e incluso el «estado de quiebra» decretado por el gobernador de Río de Janeiro, Francisco Dorneles, para poder financiar los Juegos. 

“El nivel de militarización siempre acompañó los acontecimientos importantes de Brasil”, sostuvo el sociólogo José Vicente Tavares Dos Santos. “No es por la realización de los Juegos Olímpicos, sino que la Fuerza Nacional de Seguridad Pública ya no actúa en prevención sino en la prohibición de circulación de la gente en distintas zonas turísticas y potencialmente comerciales”, agregó quien es integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y docente universitario. Lo que refleja Dos Santos es la real preocupación de las fuerzas de seguridad. Y no ante el inminente inicio del primer Juego Olímpico de Sudamérica, sino día tras día. La premisa es que no haya manifestaciones y especialmente que no bajen, ni circulen, los chicos negros de las favelas. 

El informe del Instituto de Seguridad Pública (ISP), refleja que sólo en Río de Janeiro, agentes de policía mataron durante mayo a 40 personas, lo que supone un aumento del 135% comparado con el mismo período de 2015. En la totalidad del estado, la cifra ascendió de 44 a 84, es decir, un 90 por ciento. «El aumento del número de muertes en vísperas de este acontecimiento representa un fracaso de las autoridades a la hora de proteger el más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida”, sostuvo Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Brasil. Las estadísticas de violencia policial en las favelas lo ratifican. Desde su confirmación como sede de los Juegos, en 2009, las fuerzas de seguridad del Estado mataron a más de 2500 personas en la ciudad. Posiblemente ninguno de ellos vinculado con el terrorismo. Aunque sí, en su gran mayoría, habiendo sido jóvenes y negros.