La soberanía alimentaria, en riesgo

Dentro de los beneficios para las corporaciones que se incluye en la llamada Ley Ómnibus, que recientemente fue devuelta a comisiones de la Cámara de Diputados por falta de consenso, el artículo 210 es un regalo especial para las grandes trasnacionales del agronegocio, ya que establece la adhesión de Argentina al convenio de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91). 

La UPOV 91 es el escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente el mercado de semillas y por derivación, el de alimentos. Esta adhesión también tiene dueño, como el resto de los capítulos del proyecto de Ley Ómnibus que envió el Poder Ejecutivo Nacional: las primeras seis grandes empresas transnacionales de semillas que ocupan el 58% del mercado mundial de semillas (Bayer 23%, Corteve Agriscience 17%, Chem China/Syngenta 7%, Basf Alemania 4%, Group Limagrain 4% y KWS 3%) y sus socias locales: Bioceres y Don Mario.

Con el Acta UPOV 91 se cometería el despojo más grave en la historia de la humanidad. Si se contaminan los materiales nativos por materiales patentados, o se introducen genes patentados a ellas, los genes patentados que interactúen con los materiales nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes. Allí se constituye una apropiación, cercenando derechos ancestrales, actuales y futuros. Visto de esta forma, se deteriora la soberanía alimentaria y las multinacionales se constituirán en los dueños de la comida.

Con la excusa de incentivar inversiones, este tratado da vía libre a la privatización de las semillas que son propiedad de los pueblos, de las familias campesinas e indígenas que, generación tras generación, han seleccionado, guardado, reproducido e intercambiado diversidad de plantas que hoy son parte de nuestros alimentos, de nuestra cultura y de nuestra riqueza.

UPOV 91 reconoce la Propiedad Intelectual, pero elimina el uso propio gratuito, acepta que se patenten materiales vegetales, prohíbe el uso gratuito de variedades existentes para crear nuevas variedades, además de reconocer que hay derechos por el producto resultante de la semilla protegida.

Los derechos de los obtentores y sus inversiones no estarían respaldados nunca, si no hay sistemas de control estatal del comercio de semillas. Se trata de confundir derechos legítimos de Propiedad Intelectual, con sistemas de expoliación de la renta basados en controles sobre productos derivados de la siembra de semilla protegida.

Con UPOV 91 se crearía la doble imposición: pagamos en el campo por la semilla y luego en el puerto por el producto.

Se estarían incorporando a nuestro sistema legal mecanismos de criminalización de agricultores y agricultoras. Quienes puedan usar la semilla en ciclos productivos posteriores, limitando o prohibiendo el derecho de uso propio gratuito.

Hasta ahora, Argentina adhiere a UPOV 78, aceptando legislar en favor de un sistema que reconoce la propiedad intelectual, habilita el uso propio gratuito y acepta que nuevas obtenciones deriven de las viejas obtenciones sin costo para quien mejora.

A los que fundamentan la adhesión a UPOV 91 por un presunto crecimiento y mayor rendimiento de la producción, le respondemos que la productividad no sólo está asociada a la genética. Principalmente depende del suelo, su preparación, la fecha de siembra, la elección de la correcta semilla (variedad o híbrido) la densidad de siembra, el manejo de malezas, el manejo de las plagas insectiles, la fertilización, el correcto uso de maquinaria, y por último, el clima.

Tampoco es conducente la comparación de productividades entre países, ni siquiera entre provincias, ya que cada uno tiene diferentes condiciones agroecológicas para producir. Ni es prudente comparar rentabilidades entre países, ya que en caso de Argentina, es mucho más significante en términos relativos la presión impositiva que la fracción de la genética en todo el paquete de tecnología que se pueda aplicar.

Tanto es así, que Brasil adhiere a UPOV 78 y cuenta con 30 variedades más que Argentina.

La biotecnología y la investigación estarán respaldadas con un Estado presente, nunca con abusos empresariales basados en leyes dictadas a su medida. Con la ley que tenemos y un INASE presente y activo, no tenemos que dictar otra, ni cambiar nuestro posicionamiento internacional en materia de Propiedad Intelectual.

Se pregonan saltos a la modernidad para justificar el negocio de 5 empresas (y de 3 cultivos), degradando los derechos de agricultores de todo el país, por todas las especies producidas de hoy en adelante.

Por todo esto, desde la Mesa Agroalimentaria Argentina rechazamos la adhesión a la UPOV 91, ya que entendemos que es una acción regresiva y autoritaria que atropella los derechos conquistados por lxs campesinxs, atentando contra la Soberanía Alimentaria y poniendo en riesgo los saberes ancestrales de nuestro pueblo. Luego de casi tres décadas del experimento transgénico en nuestro país, sabemos que las únicas innovaciones que le interesan al mercado concentrado son las que nos despojan de nuestra Soberanía, dejando hambre, contaminación y desigualdad.Lo que está en juego es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, la calidad y el precio de los alimentos de todos los argentinos.

*El autor es Secretario de Fe.Co.Fe y referente de la Mesa Agroalimentaria