La Sociedad Argentina de Pediatría expresó su “profunda preocupación” ante la “crisis creciente” de las residencias médicas

La reforma de las residencias médicas nacionales impuesta por el Ministerio de Salud de la Nación encendió las alarmas no solo entre las y los médicos en formación. Los equipos al frente de servicios hospitalarios también advirtieron sobre el impacto negativo que tendrá la medida. Y se sumó la voz de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que expresó su “profunda preocupación ante la crisis sostenida y creciente que atraviesan las residencias pediátricas en todo el país”.

La conversión de las residencias en becas que orquestó el ministro Mario Lugones surgió a partir de un reclamo de residentes pediátricos: la lucha que se inició en el Garrahan. Luego, se extendió a otros hospitales como el Posadas. Sin resolver ese conflicto salarial inicial, la reforma impuesta estableció que las residencias nacionales ya no son tales, y fueron reemplazadas por dos modalidades de becas, replicando en el sector público la lógica del privado.

En este marco, la SAP emitió un comunicado para resaltar el agravamiento de un problema que no es nuevo: faltan pediatras. Y la escasez será aún mayor si no se toman medidas que fomenten la realización de residencias pediátricas, en lugar de tomar medidas expulsivas.

Más precarización, menos pediatras

“No hay salud infantil sin pediatras bien formados, y no hay pediatras bien formados sin un sistema de residencias sólido, valorado y respetado”, resumió la SAP en el mensaje difundido este lunes.

El comunicado de la entidad que nuclea a los pediatras en todo el país señaló que “los recientes acontecimientos que afectan desde el Hospital Nacional de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ —uno de los principales centros de formación pediátrica del país— hasta el Hospital SAMIC El Calafate, han visibilizado una situación crítica que no es nueva. Se trata de una problemática estructural, de larga data y múltiples causas, que afecta tanto a residencias nacionales como provinciales, así como a numerosos hospitales del sistema público y privado”.

La SAP lleva años planeando que hay una “disminución sostenida de postulantes a las residencias de pediatría, neonatología y terapia intensiva pediátrica”, así como “la creciente precarización de las condiciones laborales de los residentes: salarios insuficientes, falta de cobertura social adecuada y condiciones edilicias inadecuadas”. Esto, sumado a la “pérdida del valor formativo de la residencia, cada vez más desplazado por la necesidad de cubrir demandas asistenciales urgentes”.

Son cuestiones que tanto residentes como personal de planta de los hospitales vienen explicando en medio del reclamo salarial y el ninguneo del Gobierno: que las residencias forman parte fundamental del sistema de trabajo cotidiano, y que apuntar contra ellas implica un riesgo para el conjunto.

Hacen falta medidas “urgentes”

“El resultado es preocupante: cada vez menos jóvenes eligen formarse como pediatras, y quienes lo hacen enfrentan condiciones formativas y laborales que dificultan su desarrollo profesional”, alertó la SAP.

Por eso, reclamó que es “urgente” tomar medidas: “Fomentar la elección temprana de la pediatría, mediante estrategias integradas entre universidades, hospitales y organismos gubernamentales; jerarquizar el sistema de residencias pediátricas, garantizando condiciones laborales dignas y marcos formativos de calidad; reconocer y valorizar económica y socialmente la pediatría y sus especialidades a través de políticas salariales justas y un reconocimiento institucional acorde a su rol esencial en la salud infantil; reducir las desigualdades entre jurisdicciones, promoviendo la equidad en la distribución de recursos humanos (esto incluye incentivar la radicación en zonas desfavorables mediante estímulos económicos, académicos y laborales); revisar los modelos de formación médica, incorporando trayectos más flexibles y orientaciones específicas que respondan a las necesidades actuales del sistema (como salud mental, cuidados críticos, cuidados crónicos, entre otros); restablecer el sistema de Acreditación de Residencias, para garantizar la calidad de la formación pediátrica”.

Además, la entidad planteó la necesidad de “escuchar activamente a los residentes y médicos en formación, reconociendo su rol clave en la construcción de un sistema pediátrico moderno, humano y eficiente” y destacó que “el residente es un profesional en formación comprendido en la Ley 17.132, que desarrolla tareas asistenciales y académicas, y debe contar con todos los derechos laborales correspondientes: jornada saludable, cobertura previsional, aguinaldo, licencias, entre otros”. Un mensaje que apunta contra las medidas que acaba de tomar el ministerio que conduce Lugones.

La SAP aclaró que su posicionamiento “tiene un carácter técnico, académico y sanitario. No responde a intereses sectoriales ni partidarios, sino al compromiso sostenido con el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir atención de calidad”.