La suba de planes sociales está agotando las partidas asignadas en el Presupuesto

Los anuncios sobre incrementos en el salario mínimo vital y móvil y en los haberes previsionales impactarán también en varios de los programas sociales que abona el gobierno y que verán modificados sus montos a partir de junio.

Las variaciones se dan porque muchos de los programas están atados a esas dos variables. Así, los cambios en el salario mínimo impactan también en las prestaciones por desempleo y en otros programas como PTA y Acompañar. En tanto, la movilidad previsional arrastrará consigo los valores que se abonan por asignaciones familiares, asignación universal por hijo y por embarazo.

De acuerdo a lo informado por la Anses, la AUH, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares por hijo serán de $ 7.332 desde junio. En tanto, las prestaciones por desempleo serán de $ 12.650 desde junio y de $ 13.692 desde agosto, cuando se produzcan los dos ajustes en el salario mínimo que fueron anticipados con relación al cronograma original. En tanto, las becas Progresar, destinadas a sostener la educación de alumnos de 16 y 17 años provenientes de hogares de bajos ingresos (menos de tres salarios mínimos), arrancan desde $ 6.400 aunque hay montos superiores para cursar carreras consideradas de interés estratégico.

La contrapartida de estos incrementos es que las partidas destinadas en el presupuesto nacional (que vale recordar, es el mismo con que se cerró 2021, ya que el de este año fue rechazado por el Congreso) se están consumiendo aceleradamente y necesitarán una corrección para poder afrontando esos planes con normalidad.

Según un estudio dado a conocer por la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la ejecución presupuestaria al mes de abril, muchos de esos programas “exhiben elevados niveles de ejecución al primer cuatrimestre. Se destacan las becas del Progresar que requerirán de un inminente refuerzo presupuestario para continuar con el ritmo de ejecución registrado en los primeros cuatro meses del año”. El documento destaca que “tanto las asignaciones familiares como las ayudas otorgadas a personas mediante el Potenciar Trabajo ya ejecutaron la mitad del presupuesto anual asignado”.

“Durante abril el déficit primario creció 143,8% en relación al mismo mes del año pasado, en gran medida por la suba del gasto social”, añade la Oficina. También muestra algunos números: al terminar el primer tercio del año, el monto total de ejecución del presupuesto nacional fue de 38,6%; pero en el capítulo de prestaciones sociales ya se devengó el 41,8% de las partidas autorizadas. En particular, las becas Progresar ya consumieron el 84,3% de ese tope; el programa Potenciar Trabajo, el 50,9%; y las asignaciones familiares, el 49,9%.

Los porcentajes están calculados sobre los créditos vigentes. La Jefatura de Gabinete está autorizada a realizar las adecuaciones que considere, entre ellas la distribución de los excedentes por mayores ingresos (la recaudación impositiva creció 64% interanual en abril, según la AFIP). Sin embargo, la resolución correspondiente todavía no fue emitida.

A esto se suma que el gobierno había prometido al FMI que “una vez el Acuerdo de Facilidades Extendidas sea aprobado, el presupuesto vigente deberá ser modificado antes del 15 de abril para ajustarse al objetivo de déficit fiscal primario de 2022 acordado en el marco del programa”. Transcurridas cuatro semanas de esa fecha, no hubo novedades. Se cree que la actualización podría producirse una vez que se anuncien los incrementos de tarifas en los servicios de gas y electricidad, que por estos días se están debatiendo en audiencia pública.