La tercerización y “oenegeización” de las políticas públicas

Las políticas públicas relacionadas a este sector comienzan con María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y ahora continuadas por Guadalupe Tagliaferri como ministras de Desarrollo Social en CABA, y se orientan al llamado “fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil”, lo que implica la transferencia de recursos al sector privado, avalada por la ley 114 de Protección a la infancia (amparada en la 26.061 de nivel nacional). Esta articulación con las ONG y otras fundaciones torna prácticamente imperceptible el límite entre articulación y privatización, ya que cada vez se destina más dinero a las ONG y menos queda para el Estado.

Tiempo consultó con los responsables del informe sobre esta situación, ellos contextualizan esta ley en el ambiente neoliberal en que predominaba la noción de un Estado disminuido a su mínima expresión. Entonces explican que “el dinero que entra al Estado es redireccionado a estas organizaciones. Lo que conlleva una lógica de mercantilización de derechos, ya que es más barato tener un Hogar conveniado que uno propio, porque las relaciones de trabajo son más precarias que en el Estado y es más complicado que los trabajadores puedan unirse en sindicato, por ejemplo”

Aunque no se trata de que ninguna de las organizaciones tercerizadas cumplan o intenten cumplir con sus objetivos, las consecuencias mediatas han demostrado que forman parte de un entramado que suma al déficit institucional y han abonado cierto sentido común que trata este tema como un gasto y no como una inversión. Esto afecta a toda la cadena de políticas de prevención y promoción de derechos. Según los delegado de Promoción social, “estas políticas están cada vez más desfinanciadas y vaciadas de contenidos y recursos materiales, laborales. Es un embudo que termina en los hogares que están en esta situación. Si el caso del Hogar Curapaligüe se visibilizó, es porque los trabajadores están organizados y pudieron llamar la suficiente atención para que alguien les haga caso. Imaginate en el sector privado en el que los trabajadores ni siquiera se pueden organizar.”

La Ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 50 convenios con instituciones, algunas con más de un hogar lo que da unos 90 dispositivos de alojamiento conveniados. Solamente tres pertenecen a la ciudad. Hay unos 800 chicos y chicas en estas instituciones y 150 en lista de espera. Estos chicos y chicas se encuentran en situación de extremo riesgo según evaluó el mismo Estado. Es decir que mientras dictamina que esos niños requieren de urgente asistencia –por lo tanto dictó una medida de abrigo–, al mismo tiempo, se las niega, ya que se declara impotente para salvarguardarlos.

Además, el lunes 5 de diciembre seis hogares conveniados fueron clausurados administrativamente por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) por no estar habilitados para su función específica y, en algunos casos, por poseer un plan de evacuación inadecuado. La clausura impide el ingreso de nuevos chicos con medidas de abrigo.

Las tercerizaciones también se realizan a través universidades públicas como la UBA y la Untref. A través de estos convenios se evitan licitaciones, y los trabajadores que cumplen funciones en los programas y sedes del gobierno cobran por este medio sin tener ningún otro vínculo más que el cobro de sus haberes. Es el caso de los trabajadores del Parador Avelino, que hace unos meses pasó de la órbita de una ONG al Estado, pero ahora deben facturarle a la Universidad de Buenos Aires. “Además, en medio del traspaso comenzó a funcionar como Hogar, pero aloja desde bebés hasta jóvenes, chicas embarazadas, otras con hijos, chicos con indicación de entrar a un psiquiátrico”, relatan los delegados. La conclusión de los trabajadores es clara, “la Dirección de Niñez no provee marcos institucionales ni protocolos mínimos para garantizar un estándar de calidad de trabajo mínimo, ni para los trabajadores ni para los chicos”.

“Los convenios no son concursados, sino elegidos ad hoc, el caso paradigmático es el de Fernando Niembro, y así como están los Centros de Primera Infancia hay otras instituciones conveniadas que contratan mano de obra tercerizada y esos trabajadores haciendo las mismas tareas posen distintas condiciones contractuales, es decir cobran salarios diferentes por una misma tarea”, cuentan los delegados.

Precarización laboral y rotación de trabajadores

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat posee el lamentable record de contrataciones precarias y peores salarios. La inestabilidad laboral repercute directamente en el vínculo que los profesionales y demás trabajadores deben construir con los chicos a quienes tienen que acompañar en procesos de restitución de derechos, de construcción de nuevos vínculos o reconstrucción de vínculos familiares, la creación de un proyecto de vida autónomo, etc. El centro del problema es la estabilidad del vínculo y la rotación permanente de trabajadores, que muchas veces deben tener otras salidas laborales, atenta contra esta tarea específica.

Finalmente los hogares se convierten en “depósitos de chicos” en lugar de ayudar a restituirles sus derechos. Los trabajadores advierten que los hogares propios están en situación muy dramática, y esto va de la mano con la precarización de los trabajadores, “el 40% de la planta estatal está precarizada y eso es un mensaje hacia el sector privado, ‘Hagan más o menos lo que puedan’.”

A estas políticas de precarización laboral, las llaman “despido por goteo”, ya que paulatinamente “los programas tienen menos trabajadores de los que tenían hace cinco años y por lo tanto menos capacidad de intervención y situaciones más complejas que atender.”

Los delegado conceden que los otros dos hogares dependientes de la Dirección de Niñez hogares El Valle y El vallecito tal vez no tienen estallada la cuestión edilicia, pero los déficit institucionales, la precarización, la falta de personal, la sobrepoblación son idénticas. Equipos técnicos y operadores preparados para trabajar con 25 chicos se ocupan de 50. “Esto es un desborde institucional, en un área cruzada por la emergencia. La falta de personal es reemplazada por acompañantes terapéuticos, que es otra vía de entrada a la tercerización y a los negocios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con empresas privadas que proveen mano de obra barata”, cuentan los trabajadores del área y se preguntan cómo se enfrentarán estos problemas con un presupuesto más precario, si ya con el actual poco se ha podido hacer. Esta manera de gestionar implica una suerte de guillotina sobre los trabajadores, una advertencia: “si reclamás, te reemplazo con mano de obra barata y más precarizada”.