La titular del FMI llega al país con la mirada en el déficit fiscal y la deuda

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, arriba el jueves a la Argentina en el marco de la gira que está realizando por Sudamérica. Lo hará para participar del encuentro de ministros de Finanzas de los países que integran el G20, a desarrollarse el lunes y martes venideros como preparación para la cumbre presidencial de diciembre en nuestro país. Antes mantendrá encuentros con el presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Será la primera visita de la actual titular del FMI, después de las misiones que envió la entidad en los dos últimos años para monitorear la marcha de la economía. A diferencia de la frialdad con que su predecesor, Dominique Strauss-Kahn, fue recibido en 2007 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, que no aceptaba auditorías, las actuales autoridades esperan sacarse la foto protocolar con Lagarde como una muestra del respaldo del establishment financiero mundial a la gestión macrista.

Aunque el Fondo valora el alineamiento de la economía argentina con el orden internacional, el ala técnica del organismo tiene dudas de cara al futuro. En concreto, descree de la eliminación del déficit fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. Son dos pilares del modelo vigente que están relacionados entre sí, porque el endeudamiento en grandes cantidades fue la receta que encontró el actual equipo económico para financiarse hasta que el rojo fiscal desaparezca.

El discurso oficial sostiene que el gobierno seguirá reduciendo la brecha entre ingresos y egresos y que en dos años conseguirá el equilibrio. Sin embargo, entre las conclusiones del informe que elevó la misión del FMI que visitó el país en noviembre se pronostica que el déficit persistirá y se estacionará en casi 2% del PBI al menos hasta 2022. De la misma manera, cree que la parte de la deuda nominada en moneda extranjera, que es el 68% del total, implica un riesgo muy grande ante una posible devaluación. El pago de intereses anuales, según el Fondo, se duplicará de U$S 15 mil millones este año a U$S 30 mil millones en 2022, por lo que las necesidades de financiamiento, después de bajar levemente, volverán a subir para ese momento.

“Las vulnerabilidades de la deuda han asomado por el crecimiento del desequilibrio externo, haciendo que la consolidación fiscal sea esencial”, dice el apartado sobre análisis de la sostenibilidad de la deuda firmado por Nigel Chalk y Daria Zakharova, del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y disponible en inglés en la página www.imf.org. “La alta participación de deuda denominada en moneda extranjera genera peligros (ante) una gran depreciación del tipo de cambio y una normalización de las condiciones monetarias globales. Las necesidades de una elevada financiación son un riesgo”, señala el informe, en una implícita alusión a los indicios de que la Fed estadounidense encarará una política contractiva que aumentará la tasa de interés en el mundo.

Está claro que el Fondo teme una devaluación, sobre todo por el tamaño del déficit comercial y de cuenta corriente: “Mientras el nivel de deuda en moneda extranjera es similar al de fines de los 90, el tipo de cambio está probablemente más sobrevaluado que entonces, subestimando la real carga de esa deuda… Si el tipo de cambio se realinea en 2018 con el nivel predecido por los datos macroeconómicos, la relación deuda/PBI podría trepar a cerca del 60% en 2022”. Al respecto, este diario publicó que la suba del dólar entre diciembre y febrero provocó un encarecimiento de la deuda de $ 600 mil millones.

Por cierto que ese tipo de análisis técnicos no generan ninguna obligación legal del país hacia el Fondo. Pero el gobierno les presta mucha atención. De hecho, la idea de cambiar la fórmula de ajuste previsional, que significó una poda en los haberes de los jubilados, fue tomada casi textualmente del informe que hizo la misión del FMI tras su visita de 2016.

El último dato oficial sobre deuda pública, publicado por el Ministerio de Finanzas y correspondiente al segundo trimestre de 2017, la ubica en U$S 293 mil millones. Desde entonces el gobierno volvió a salir al mercado: sólo en el primer mes de este año lanzó bonos y letras por U$S 11 mil millones. En las últimas semanas el ministro Luis Caputo anunció que en adelante privilegiará las emisiones en moneda local y en nuestro país. “Estamos dependiendo cada vez menos del financiamiento externo”, dijo en una entrevista con el diario La Nación.

El argumento macrista para despejar los temores se completa con un manejo muy particular del cálculo de la deuda en relación con el PBI, cociente más usado para medir la solvencia de un país: señalan que para 2021, cuando esperan normalizar las cuentas, la fracción exigible será sólo del 37% del producto, porque el resto de los acreedores (que acumulan cerca del 30%) son organismos intraestatales, principalmente la Anses, el Banco Central y el Nación. Se trata de un doble mensaje: puertas afuera, que no hay de qué temer; puertas adentro, que las acreencias que esos organismos contabilizan (sobre todo la Anses, bastante vapuleada por los menores ingresos que tendrá a partir de la reforma tributaria) las pueden ir pasando al rubro incobrables.