La trama conspirativa detrás del escándalo de los audios judiciales

Los jueces federales porteños interpretaron que la difusión de los audios en los que un secretario de Julián Ercolini maltrata a un policía que le formula una consulta por un caso de “delivery” de drogas tiene un objetivo global, marcar la cancha; uno general, imponer la Ley de Flagrancia; y uno particular, disciplinar y condicionar la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Salieron a mostrar poder de fuego”, reflexionaron funcionarios de Comodoro Py. Y miran hacia el Ministerio de Seguridad como disparador de esta inesperada pulseada, de final imprevisible.

El “mundo Py” tiene sus propios códigos. El jueves, cuando trascendió el audio en el que el secretario Federico Fornasari insulta y ningunea a un policía; su jefe, Ercolini, sintió que había una conspiración en su contra. ¿Puede un policía de calle, por sí solo, grabar a funcionarios judiciales y luego tener llegada a periodistas y medios de comunicación para difundirlos, generando el revuelo que se armó? Quedan prohibidas las respuestas ingenuas.

¿Pero por qué a él, a Ercolini? El audio circulaba en el mundillo judicial desde las 9 de la mañana; por lo menos tres jueces y una fiscal de instrucción ya lo tenían y sabían que iba a explotar en los medios de comunicación. La furia de Fornasari tenía una saga: Marcelo Alonso, secretario del fiscal Eduardo Taiano, había recibido previamente un llamado similar y había reconocido que se trataba de “un caso de flagrancia” pero “por orden del fiscal” no se le iba a dar el tratamiento de flagrancia.

Ercolini es el juez, y Taiano el fiscal, que investigan la muerte de Alberto Nisman. La “filtración” de los audios exhibe la intención de mostrar que un sector del Poder Judicial resiste, de hecho, la Ley de Flagrancia. Son los jueces que no le atienden el teléfono al ministro de Justicia, Germán Garavano. Prefieren hablar con su segundo, Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial. ¿Para qué podrían llamar Garavano, o Mahiques, a los jueces federales?, ¿para preguntarles si necesitan más resmas de papel o lapiceras? Persiste la prohibición de respuestas ingenuas.

Hay una grieta en el Poder Judicial local entre los jueces federales y los de instrucción. Los primeros, desde Comodoro Py, siempre despreciaron a los que tienen sus despachos en Talcahuano 550. Los federales se consideran una élite, un escalón superior. De hecho, dos de los actuales federales, Sergio Torres y Luis Rodríguez, eran jueces de instrucción y concursaron para un cargo de mismo rango e igual sueldo, en los Tribunales de Retiro.

Muchos jueces de instrucción festejaron los audios del maltrato. Garavano tiene una fluida relación con jueces y camaristas de ese fuero. Incluso está a punto de contratar como asesor a un juez de ese sector recientemente jubilado. Allí sí, le atienden los teléfonos. Y ya pusieron en marcha la Ley de Flagrancia.

La independencia judicial es una falacia, un concepto ilusorio convertido, por imperio de la realidad, en una letra muerta de la Constitución. Pero nunca antes, en tiempos modernos, hubo en el Poder Judicial una situación como la actual. Durante el gobierno de Carlos Menem los jueces tenían un interlocutor claro. En los primeros años del kirchnerismo ocurrió lo mismo; se desgajó con el paso del tiempo, pero no llegó a haber un desbande generalizado. Y sobre el final del gobierno de Cristina Fernández, los jueces federales afilaban cuchillos y tenedores para comérsela cruda con el cambio de gobierno, al que contribuyeron sin demasiado disimulo, incluso institucionalmente, desde la Asociación de Magistrados.

Ahora, los que creían que eran sus “amigos” mostraron los dientes. El golpe sorpresivo les hizo perder el primer round, pero confían en que el combate será largo y el tiempo les juega a favor. En definitiva, como se le escuchó decir a uno de los integrantes de la Cámara del Crimen, de doble apellido, “los federales solo se defienden a sí mismos”.