Con un fuerte lobby de entidades ruralistas y aval de universidades, Argentina se retiró en diciembre de esta iniciativa que había detectado mayor concentración de agrotóxicos en personas, animales y ambiente respecto al Viejo Continente. En su momento el INTA censuró la difusión de los resultados.
Esa botella arrojada al mar derivó dos años más tarde en la firma del convenio que oficializó la participación argentina –el único país no europeo elegido, por ser uno de los principales exportadores de soja para alimentación animal– en el Proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global (SPRINT por sus siglas en inglés) “para desarrollar una herramienta de salud global para la evaluación de riesgos considerando, además, los costos y beneficios del uso de plaguicidas” y que además iba a ser financiado por la Comisión Europea.
Durante la primavera de 2021, más de 70 voluntarios, entre agricultores convencionales, agroecológicos y familias instaladas cerca de áreas de cultivo, aportaron muestras de sangre, orina, heces e hisopos nasales para probar científicamente que los plaguicidas –muchos– están presentes en los cuerpos argentinos.
Hoy, con el proyecto a mitad de su ejecución (finalizará en septiembre de 2025), el país retira su participación por decisión de las autoridades del INTA. ¿Por qué dejar de trabajar en las vías de reducción de la exposición a plaguicidas detectada en esta primera etapa? ¿Por qué perder la chance de construir, en base a una herramienta científica de trabajo, formas de producir alimentos con menos exposición a los agrotóxicos?
La respuesta proviene del mismísimo Consejo Directivo que votó salirse del SPRINT: “Fue por presión de la Mesa de Enlace –empieza la fuente que pide reserva por las lealtades (léase los cargos) en juego con el nuevo gobierno–; las entidades ruralistas le dijeron a la conducción política del INTA que con esos datos (en referencia a la presencia de plaguicidas en las personas) no iban a poder sembrar nada, que les iban a poner prohibiciones y las autoridades, en vez de resistir, cedieron a esa presión. Responde a la lógica de no confrontar porque está instalado que los dólares que necesita la economía están en el campo”.
Ese lobby rural quedó desnudo en junio del año pasado cuando el director nacional del INTA, Carlos Parera, instruyó a la doctora Aparicio a que suspenda la reunión virtual agendada para difundir los resultados del relevamiento, dándole forma a un escandaloso acto de censura. El 7 de diciembre de 2023, finalmente, el por entonces presidente del INTA, ingeniero Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 poniendo fin a la participación argentina en el SPRINT. Tres días antes de la asunción del nuevo gobierno.
Además, instruyó al director Parera a que notifique a la coordinadora del proyecto, la ya nombrada Geissen, sobre la decisión del Consejo Directivo (fue una de las últimas acciones de Parera antes de jubilarse) y le requirió a Aparicio el informe final de los resultados de la investigación. Aunque tiene prohibido referirse públicamente al tema, se sabe que en los últimos meses Aparicio se dedicó a convencer a las autoridades de la importancia de continuar con el proyecto.
Como ya se dijo, la decisión de salirse de SPRINT la tomó el Consejo Directivo del INTA, formado por cinco representantes del sector público y otros cinco del privado. Además del presidente Garmendia, y la vice, Nacira Muñoz, los vocales que votaron a favor de discontinuar un trabajo científico internacional que ayudaría a reducir el impacto de los plaguicidas en la salud humana y ambiental y, por ende, a producir alimentos de manera más sostenible con el pretexto de que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”, fueron Joaquín Serrano por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Liliana Monterroso por las Facultades de Agronomía; Guillermo Bernardes por las Facultades de Ciencias Veterinarias; Alejandro Conci por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); Mario Carlino por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); Sergio Melgarejo por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Juan Manuel Bautista por la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Hubo solo un voto disidente que acompañó el reclamo de Aparicio: fue el de Pablo Paillole en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA). De acuerdo a los documentos internos a los que pudo acceder Tiempo, Paillole argumentó que el proyecto intentó dar respuesta a “una demanda de la sociedad en general sobre la repercusión que tenían las medidas fitosanitarias en la comunidad y en la salud humana”. También consideró “poco democrático” la manera en que se decidió abandonar la investigación y que “no encuentra el efecto práctico” de eso. “¿Qué elementos brindábamos o qué hacíamos desde el INTA para disminuir el uso de agroquímicos?”, se preguntó sin obtener respuestas.
Llama la atención el voto de los representantes de las universidades públicas en línea con las cámaras rurales y, de manera tácita, con las corporaciones del agronegocio. Sobre este punto, la fuente explica: “Todo es una cuestión política. Todo lo que hace el INTA es con el aval del gobierno a través de lo que hoy es la Secretaría de Agricultura. Estos resultados interpelan al actual modelo productivo, a todo el paquete tecnológico que se usa en el campo, pero lo que se impone es la mirada extractivista de dólares. Por eso primero vino el dólar soja 1, después el dólar soja 2 y así sucesivamente. Este sector se sienta arriba de los dólares y te dice ‘si no me devalúas, no te liquido’. Así han chantajeado a todos los gobiernos y lo seguirán haciendo”.
En una carta fechada el 23 de septiembre de 2023 dirigida al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 43 participantes voluntarios del proyecto SPRINT expresaron que “alegar como motivo de suspensión que los estudios realizados excedan la incumbencia del INTA por involucrar a la salud humana es un fundamento insuficiente”. Además, armaron un grupo de WhatsApp, solicitaron acceso a la información pública, difunden sus propios resultados en distintas reuniones, e interactúan con ONG’s o medios de comunicación que estén interesados en darle visibilidad al tema. En ese sentido, los Concejos Deliberantes de los municipios de Balcarce y Tres Arroyos declararon de interés social el proyecto SPRINT, “abriendo la puerta de una posible construcción desde el territorio con información científica sólida”.
Por otro lado, según una fuente del INTA, “el grupo de profesionales que participó en SPRINT se atemorizó con todo lo sucedido desde la suspensión de la reunión de presentación de los resultados”, aunque siguen abocados a “salvar una relación internacional de trabajo que duró tres años con 27 instituciones involucradas en el convenio SPRINT”, que tuvo, agregan, “un claro impacto científico por el número y calidad de publicaciones científicas producidas”.
“No obstante –concluye la fuente– será difícil mantener la relación laboral futura para otros proyectos de investigación. Los colegas extranjeros podrían perder absolutamente la confianza en el INTA como institución que honra sus compromisos”.
Durante el 2021, más de 70 voluntarios argentinos participaron en el extenso muestreo biológico humano del proyecto SPRINT aportando muestras de sangre, orina, heces e hisopos nasales. También usaron una pulsera para medir la calidad del aire.
El 21 de junio de 2023 estaba agendada una reunión virtual para difundir los resultados del relevamiento a cargo de la investigadora del INTA y el Conicet, Virginia Aparicio, pero una semana antes el encuentro fue suspendido por orden del director nacional del INTA Carlos Parera.
El 27 de septiembre del mismo año, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 78), se presentaron a través de una conferencia virtual desde Nueva York parte de los resultados de la investigación. El total de participantes argentinos presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina, y de cero a 18 sustancias en materia fecal. En tanto, el total de las muestras locales registró un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras que midieron la exposición a plaguicidas en el aire.
El 7 de diciembre, el entonces presidente del INTA, Ingeniero Mariano Garmendia, firmó la resolución que oficializaba la salida de SPRINT. También instruyó al director nacional a que notifique a la coordinadora del proyecto, la doctora Violette Geissen, sobre ésta decisión y le requirió a Aparicio el informe final.
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Productores IGNORANTES Y funcionarios CORRUPTOS, están asesinado a la población que les dá de comer. Y los productores son tan IGNORANTES Y AVAROS que no se dan cuenta que están envenenado a sus familias también, ellos y familiares y amigos viven en esas zonas FUMIGADAS. ! POR FAVOR BASTA DE GENOCIDIO ENCUBIERTO!
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El poder del $$$$ U$S o la moneda que sea. Corrupción, desidia, codicia. Ocultar, destruir la realidad para que SUS bolsillos crezcan. Está claro quiénes son la CASTA PODRIDA del país, los que NOS DESTRUYEN.