La trama de intrigas que marcó el zig zag de la Corte en la causa contra CFK

Una catarata de llamados de supuesta «gente común» a los despachos de los jueces supremos, el riesgo de un enfrentamiento violento en las puertas del Palacio de Tribunales, la inquietud de los que intervinieron anteriormente para saber qué les iban a revisar, la presión mediática del presidente Mauricio Macri y sus principales espadas en el Gabinete, el escaso sonido de algunas cacerolas, la opinión de algunos editorialistas del «Círculo Rojo» y el rebote negativo en las redes sociales alcanzaron para torcerle el brazo a la Corte. Si era necesaria una demostración sobre el carácter político –antes que jurídico– del máximo Tribunal, pues aquí está. La cabeza de uno de los tres poderes de la Constitución no pudo sostener ni siquiera 24 horas una decisión trascendente que, en definitiva, lo único que hacía era asegurarle a un grupo de ciudadanos acusados de un delito que tendrían todas las garantías constitucionales para defenderse en un juicio.

En términos institucionales, la situación es dramática.

En el acuerdo del martes pasado, cuatro jueces resolvieron pedir el expediente «Obra Pública» para frenar el inicio del juicio. Todo estaba listo al mediodía, pero Carlos Rosenkrantz pidió «tiempo para reflexionar». Como la reflexión se demoraba, al atardecer los demás hicieron trascender la decisión. Ya habían convenido con el juez Jorge Gorini que la Corte pediría el expediente y él, como presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, suspendería el inicio del debate. Pero desde el interior profundamente antikirchnerista del Poder Judicial surgió una resistencia que se tradujo en una decisión de los otros integrantes del Tribunal, Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Adriana Paliotti: «Nosotros no vamos a pagar el costo político de una decisión que no es nuestra».

Entretanto, los teléfonos de línea de las vocalías de la Corte comenzaron a sonar constantemente con mensajes de «ciudadanos comunes» que protestaban por la suspensión. Los jueces supieron de inmediato que se trataba del ejército de trolls, pero el «ring, ring» se hizo insoportable. Al mismo tiempo, desde el martes a la noche emisarios y mensajeros de los jueces de primera instancia, la Cámara Federal y la Casación se comunicaron, inquietos, para saber qué les iban a revisar. Temían que, advertida de un nuevo escenario político, la Corte los destrozara por una investigación que –ellos lo saben– está plagada de irregularidades.

Supieron los jueces de la Corte, además, que se venían un cacerolazo contra la suspensión del juicio y una marcha para reclamar «por los presos políticos». Imaginaron un conflicto en la puerta de casa. Además, la jueza Elena Highton de Nolasco, siempre dubitativa en los últimos tiempos, manifestó algunos reparos con la decisión que ella misma había avalado menos de un día antes.

Entonces decidieron dar marcha atrás. Como cuando aprobaron la aplicación del 2×1 para los genocidas y un millón de personas en las calles los obligó a desandar el camino. «Aquello fue aleccionador», reflexionó otro juez. Esta vez, para torcerles el brazo, ni siquiera fue necesaria una movilización masiva. La demostración de debilidad y falta de convicción fue patética. En la interna, se conformaron pensando que –en última instancia– consiguieron correrse de un escenario electoral cuyo eje iba a ser «la impunidad de Cristina» en lugar de la realidad social y económica. «Si quieren hacer campaña electoral con CFK, que la paguen. No se la vamos a hacer gratis nosotros», reflexionaron.

La gravedad de lo que ha ocurrido entre el martes y el jueves pasados no ha sido dimensionada. La debilidad es alarmante; las diferencias también: de a ratos parece una riña de gallos y por otros, un grupo de niños asustados por el reto que recibirán por alguna travesura. «Hubo que bajar un cambio en la curva», explicó uno de los jueces. En su interpretación de los hechos, la Corte «dio dos pasos hacia adelante y tuvo que volver uno para atrás. Pero el camino es el mismo y la marcha no se detiene».

¿Eso significa que concedió la foto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados pero que en el futuro más o menos mediato sacudirá al juicio en pleno desarrollo? Los puntos 9 y 10 del comunicado del Tribunal (que tuvo tres versiones, una de ellas en borrador: un papelón producto de la ansiedad por recular en chancletas) explican que el Tribunal «evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad. La Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual».

De forzar la suspensión y postergar el inicio de un juicio porque puede ser nulo, la Corte pasó a avisar que en el futuro podría dictar esa misma nulidad.

¿Por qué podría hacerlo? Por la eventual ilegitimidad de origen de los arrepentidos que declararon y declararán en el juicio, especialmente Leonardo Fariña. Porque la falta de peritajes y auditorías sobre todas las obras públicas que realizó Lázaro Báez es una clara denegación del derecho de defensa en juicio. En una demanda civil promovida en nombre del Estado, el ministro de Energía, Javier Iguacel, pidió los mismos peritajes que reclamó CFK en la causa penal. A la expresidenta le negaron esa prueba, en un juicio en el que podría ser condenada a diez años de cárcel.  «