La trampa del medidor para incrementar el tarifazo al agua

El Gobierno Nacional vuelve a la carga con los aumentos en la tarifa del agua; esta vez, con el espejismo de la distribución de medidores para bajar el consumo y con la confección de un nuevo cuadro tarifario que supone beneficios para quienes consuman menos. De esta manera, al aumento tarifario más desigual, se le suma la intención de colocar medidores a todos los usuarios comerciales y residenciales, una urgencia que es hija del vigente cuadro de tarifas y que ya había sido esbozada en los tiempos de anuncio del aumento, allá por abril.

La tarifa del agua se constituye a partir de una compleja cuenta basada en los metros cuadrados del lugar (además de un coeficiente de la zona y de la calidad del edificio). Esto generó a través de las décadas una falta de conciencia colectiva con respecto a controles de consumo, además de modelos de infraestructura edilicia que no son compatibles con la instalación de medidores para el agua. A partir de los últimos aumentos, el Gobierno y las empresas pasaron a tener como prioridad la instalación de medidores. En el caso de los usuarios comerciales, un tercio tiene medidores. En el caso de los residenciales, apenas los posee un 12%.

«El Gobierno Nacional está estudiando un cambio del cuadro tarifario que es muy antiguo y no premia al que disminuye el consumo, hacia un cuadro de tarifa que premie a los que consuman menos. Se está trabajando para tomar una decisión en noviembre de cómo actualizar la tarifa», afirmó el subsecretario de Recursos Hídricos Pablo Bereciartúa, a radio Continental. Para esto, será necesaria la instalación de medidores. «Cuando se coloca el medidor, en promedio, el consumo baja 20%, según las estadísticas», aseguró Bareciartúa.

Martín Heinrich, gerente general de AySA, reconoció en su momento que si bien la instalación de medidores es «una política deseable», presenta dos problemáticas. La primera es que «si a una casa de consumo promedio de 40 metros cúbicos le instalamos un medidor, pasaría a pagar un 30% más. Esto es porque el sistema actual no está pensando para incentivar la medición por consumo»; la segunda corresponde a un impedimento técnico: la mitad de los residenciales corresponden a departamentos en edificios de propiedad horizontal, por lo cual hoy es técnicamente imposible colocar un medidor en cada departamento.

«Es un objetivo que cumpliremos entre 18 y 24 meses. Si no sumamos los medidores que faltan en un máximo de dos años, no facturaremos el consumo», había asegurado. Sin embargo, esto contradice las declaraciones vertidas el martes por Bereciartúa.

Claudio Boada, abogado de la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC), explicó a Tiempo: «Creemos que a largo plazo es importante hacerlo. Pero no así. Es un proceso que requiere de años. Hay una cuestión de infraestructura que no se tiene en cuenta y es muy importante«, apuntó y describió: «Esto debe ir acompañado de modificaciones en el código de edificación, como por ejemplo se hizo en Chile, con una campaña de reparaciones internas que incluya créditos blandos, para permitir a los usuarios adaptar el edificio. Por ejemplo, si hay una pérdida interna en la cañería, lo cual es muy común, se puede generar un derroche de 60 litros por día. En la factura, esto se traduce en miles y miles de pesos. Lo mismo para las cañerías rotas camino a nuestras casas; si se pierden miles de litros de agua en las cañerías urbanas antes de que llegue a mi casa, por qué lo debo pagar yo«, se preguntó.

Para Boada, la instalación de medidores debe ser «universal; no sólo colocarlos donde se puede. Si no, se generan injusticias y un vecino termina pagando tres veces más que el otro, quizás consumiendo menos«. Además, también habló sobre la problemática de los edificios: «Generalmente, en los departamentos el agua entra por varios lados; hay una cañería que provee de agua a los baños del edificio y otra a las cocinas. ¿Cómo se pretende medir eso? Hay que modificar todo el código edilicio y eso toma mucho tiempo«, remarcó.

Finalmente, Boada advirtió sobre la posibilidad de que el nuevo cuadro tarifario deje de tener en cuenta dos factores: la zonificación y la calidad del edificio. «Esto sería en perjuicio de los sectores más vulnerables, que ya fueron desprotegidos con el aumento de abril«, recordó.

Si se tienen en cuenta esta serie de problemas planteados tanto por el representante de AySA como por el de ADUC, es difícil interpretar por qué el Gobierno está tan apurado en cobrar por consumo, cuando las condiciones edilicias ni sociales están dadas para semejante cambio. Lo cierto, es que -a corto o mediano plazo- tendrá un impacto negativo en los bolsillos de los usuarios, ya castigados por los brutales aumentos en las tarifas de servicios básicos. Esta contradicción se presenta en el marco de un tarifazo desmedido que tiene presentadas distintas medidas cautelares, las cuales están cajoneadas en la Justicia.

Cabe recordar también que el acceso al agua se encuentra enmarcada en la declaración de Derechos Humanos de la ONU, por lo cual los gobiernos deben garantizar el acceso de todos los ciudadanos. Bereciartúa dijo que el 75% de los hogares argentinos tiene acceso al agua potable, mientras que el 50% cuenta con desagüe cloacal. «Una persona que no tiene acceso al agua potable o cloacas vive en promedio 10 años menos», cerró el funcionario. «Con este tipo de medidas, el Gobierno queda muy cerca de vulnerar un derecho», concluyó Boada.