La trastienda de la crisis carcelaria agudizada por la pandemia

Se puede decir que fue una medida de aislamiento en su variante más extrema: al clarear el viernes los presos de la Planta 1 del penal de Devoto incendiaron el acceso a los pabellones para impedir todo contacto físico con sus carceleros. Luego, ya con internos de otros sectores, ganaron los techos del viejo presidio de la calle Bermúdez para desplegar una enorme tela blanca con la siguiente inscripción: “El Covid-19 está en Devoto. Jueces genocidas, el silencio no es mi idioma”. Los alarmaba la confirmación de seis casos de coronavirus entre los empleados del Servicio Penitenciario Federal (SPF) asignados allí.

 ¿Acaso el personal de las cárceles –ya sean civiles o uniformados– son los agentes introductorios de la enfermedad en sus lugares de trabajo? Por lo pronto, las precarias estadísticas obrantes hasta ahora parecen indicarlo. Tanto es así que en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hubo tres casos (un suboficial de la Alcaldía Departamental Nº 3 de La Plata, otro de la Unidad 21 de Campana y una empleada de la Unidad 22 de Olmos), frente a un solo interno infectado (en la Unidad 42 de Florencio Varela).

 En medio de semejante escenario, la huelga de hambre iniciada en aquel penal durante el fin de semana pasado ya se extendió a casi todas las cárceles de la Provincia. En cada una, la tensión crece como una enorme bola de nieve. En parte porque el ánimo del personal penitenciario también es vidrioso.

 En ese contexto se produjo el virulento motín que sacudió la Unidad 23 de Florencio Varela, y con un preso asesinado por el SPB. Se trata de Federico Rey, quien –según el abogado de la familia, Juan Manuel Casolati– presentaba “una herida de bala en el pecho y ocho perdigones de goma en distintas partes del cuerpo”. Este dato, basado en el informe de la autopsia, echó por tierra la versión penitenciaria que hablaba de “un enfrentamiento entre grupos rivales de presos”. Y derivó en la separación inmediata de la cúpula de la Unidad. Sus integrantes y los autores materiales del homicidio quedaron así a la intemperie ante la correspondiente investigación judicial.

 Pero sobre lo sucedido allí hay una circunstancia que merece destacarse: un audio de WhatsApp que circuló entre los presos –a raíz de alguna filtración no identificada– en el momento inmediatamente previo al estallido. Allí se oye la voz de alguien que se presenta como el “doctor Coliandro”, quien se dirige al personal carcelario para ponerlo al tanto de la situación, no sin un remate algo sombrío: “No nos alarmemos, no nos desesperemos, pero esto (el virus) nos va llegar a todos”. Lo cierto es que el jefe del sector sanitario de la Unidad 42 es un tal Walter Coliandro. Aún no se sabe si fue él quien grabó el mensaje o si se trata de un imitador. No menos cierto es que esa grabación supo apurar el devenir de los acontecimientos. Eso se desprende de testimonios recogidos en el penal por Sandra Raggio y Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), tal como lo confirmaron ellos a este diario.

 Es posible que el motín hubiera ocurrido de todos modos. Sin embargo, la supuesta falsificación del audio o su simple desvío hacia los celulares de los internos plantea una intencionalidad cuyo blanco no sería otro que el Poder Ejecutivo provincial. Sea como fuere, ¿existe ya un espacio opositor que se atreva a tanto o acaso tal maniobra haya sido fruto de una interna del SPB? Por lo pronto, su director, Xavier Areses, un funcionario heredado de la gestión anterior, aumentó en los últimos meses su cupo de enemigos, puesto que en el SPB hay muchos oficiales superiores que habían depositado en el cambio de gobierno sus aspiraciones de ocupar el cargo que él aún ostenta.

 En lo jurídico, los 19 defensores generales de la Provincia insisten en su pedido de que los presos por delitos leves y no violentos salgan de los penales, ya sea excarcelados o con domiciliarias, en conformidad al fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense del 9 de abril. Pero esa acordada mereció una apelación por parte del fiscal Carlos Altuve, quien la considera de “extrema gravedad institucional”, con el agravante de su “falta de fundamentación”. Y ello dio pie a un farragoso debate entre las partes, con la consiguiente parálisis resolutiva de los jueces de ejecución, quienes tienen a su cargo la potestad de decidir cada caso. No obstante, durante el mediodía del miércoles, el juez de la Casación provincial Ricardo Borinsky dio a conocer un fallo categórico en el que les dijo a los magistrados que tienen que concretar las excarcelaciones y prisiones domiciliarias de quienes tienen más de 65 años o están enfermos, las mujeres con hijos chicos, las embarazadas y los presos que ya cumplieron gran parte de la condena. Habría unas 5000 personas en esas condiciones. Pero los jueces aún se muestran remisos en cumplir.  

A su vez, la mesa de diálogo entre autoridades políticas, judiciales y los delegados de los presos del penal de Devoto continuaban sus tratativas para dar allí fin al conflicto.

Aun así, la pandemia sigue acelerando la crisis carcelaria en todo el país. Prueba de eso es que, en Santa Fe, a partir del lunes se sumarán a la huelga de hambre los internos de las cárceles de Coronda, Piñero y Las Flores. Serán alrededor de 4000 presos que le reclaman al Poder Judicial y a la Defensoría General los arrestos domiciliarios y excarcelaciones en tiempo y forma. El virus, en tanto, no pierde ni un minuto.

A su vez, la mesa de diálogo entre autoridades políticas, judiciales y los delegados de los presos del penal de Devoto continuaban sus tratativas para dar allí fin al conflicto.

Aun así, la pandemia sigue acelerando la crisis carcelaria en todo el país. Prueba de eso es que, en Santa Fe, a partir del lunes se sumarán a la huelga de hambre los internos de las cárceles de Coronda, Piñero y Las Flores. Serán alrededor de 4000 presos que le reclaman al Poder Judicial y a la Defensoría General los arrestos domiciliarios y excarcelaciones en tiempo y forma. El virus, en tanto, no pierde ni un minuto.

A su vez, la mesa de diálogo entre autoridades políticas, judiciales y los delegados de los presos del penal de Devoto continuaban sus tratativas para dar allí fin al conflicto.

Aun así, la pandemia sigue acelerando la crisis carcelaria en todo el país. Prueba de eso es que, en Santa Fe, a partir del lunes se sumarán a la huelga de hambre los internos de las cárceles de Coronda, Piñero y Las Flores. Serán alrededor de 4000 presos que le reclaman al Poder Judicial y a la Defensoría General los arrestos domiciliarios y excarcelaciones en tiempo y forma. El virus, en tanto, no pierde ni un minuto.