El hallazgo que hizo la AFIP sobre 950 cuentas radicadas en el exterior, por un monto global que supera los 2600 millones de dólares no declarados, tuvo dos correlatos: uno político dentro de la oposición y otro técnico, que salió de las entrañas del ente recaudador federal y podría tener implicancias penales para los ex funcionarios de la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
Los principales referentes de Juntos por el Cambio se resisten a apoyar la implementación de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas, pero comparten que el Estado tiene que utilizar todos los recursos fiscales y penales para que los titulares de esas 950 cuentas paguen impuestos y penas por haberlos evadido.
La información fiscal, como reveló el periodista Alejandro Bercovich, en el diario BAE, fue provista en 2017 por la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando Macri transitaba su segundo año al frente del Poder Ejecutivo.
Por entonces, según confiaron a
Tiempo fuentes tributarias, esas funciones estaban en manos del contador público Sergio Rufail, con una larga trayectoria en la AFIP desde 1990. Se desempeñó como asesor y llegó al frente de la Subdirección General de Fiscalización, bajo la jefatura del entonces director de la AFIP, Alberto Abad, que comandó el organismo por segunda vez en su carrera entre diciembre de 2015 y marzo de 2018. Fue sucedido por Leandro Cuccioli, que dejó el puesto el 10 de diciembre de 2019. Rufail presentó la renuncia el 31 de enero de este año y fue aceptada pocos días después por la actual jefa del organismo, Mercedes Marcó del Pont, mediante la disposición 36/2020.
Según supo este diario, la entrega que hizo la OCDE fue producto de un acuerdo firmado en 2014 por Cristina Fernández de Kirchner, en el promedio de su segundo mandato presidencial, cuando el organismo estaba al mando de Ricardo Echegaray, investigado y procesado por enriquecimiento ilícito, pero sobreseído a principios de este año por el juez Ricardo Canicoba Corral.
La hoja de rutaLos mecanismos para obtener esa información se activaron en noviembre de 2011, cuando Argentina firmó la «Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal», ratificada primero por el Ejecutivo en el 31 de agosto de 2012 y luego ante la OCDE el 13 de septiembre de 2012. Ese documento le confirió a la AFIP la competencia para utilizar esa convención. Fue la primera parte de un proceso que continuó con la adhesión argentina a la «Declaración sobre el Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal», el 6 de mayo de 2014 durante la reunión ministerial que realizó la OCDE en París, Francia.
Cinco meses después, con la convención vigente, el país firmó otro instrumento: el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes. Establece que cada país que lo firma tiene la obligación de realizar un «intercambio automático de información relativa a cuentas financieras», en base a las normas establecidas por Estándar Común de Reporte de la OCDE, conocido como CRS por sus siglas en inglés (Common Reporting Standard). Cuando se firmó la declaración, en mayo de 2014, la Argentina se comprometió a aplicar en forma temprana ese acuerdo y transformarse en un «Early Adopter», mediante una declaración conjunta donde 51 países acordaron hacer el primer intercambio de información en septiembre de 2017.
Para hacerlo, el Banco Central dictó las comunicaciones “A” 5581 del 12 de mayo de 2014 y “A” 5588 del 5 de junio de 2014 para que los bancos identificaran a los titulares de cuentas que estuvieran alcanzadas por las disposiciones de la OCDE. La Comisión Nacional de Valores también emitió la Resolución General N° 631 para que los agentes de bolsa también hicieran lo propio, una instancia que fue replicada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El CRS, un mecanismo automático que desnudó la omisión Es decir que cuando la AFIP recibió la primera entrega de información de la OCDE, en 2017, tenía toda la información para entrecruzarla y realizar las gestiones necesarias para indagar sobre esos activos mediante la base de datos del CRS que incluye a personas físicas y jurídicas, es decir, empresas.
Con todo el andamiaje de acuerdos suscriptos, la AFIP podría haber usado esa red de información (que los países firmantes están obligados a suscribir) para conocer qué contribuyentes locales poseían cuentas en el extranjero y, a la vez, indagar quienes no habían informado esas cuentas en la declaración jurada de bienes personales.
El CRS es automático, es decir que manda la información a los países que forman parte del acuerdo aunque no la hayan solicitado. Así le llegaron todos esos datos a la administración de Abad, en tiempos de Cambiemos, durante 2017, sin mover un dedo para utilizarla. Esa disponibilidad, y la trama de los acuerdos que permitieron su acceso, despierta sospechas sobre las razones que llevaron al desaprovechamiento de esa información.
