Al reducir su producción de contenidos, afecta el derecho a la información de vastos territorios del país que no cuentan con alternativas de información.
Télam, Radio Nacional y la TV pública tienen una primerísima función que es asegurar la soberanía informativa, el acceso a la información y por ende garantizar el derecho a la información a toda la ciudadanía.
Los tres medios públicos de alcance nacional tienen a su vez diferentes funciones. Como decimos siempre: “No se pisan”.
Además, los tres medios nacionales equilibran el ecosistema de medios en Argentina, donde conviven con los medios privados, que tienen lícitos intereses publicitarios y comerciales, y los medios autogestivos, cooperativos o públicos como los provinciales, zonales o universitarios, que tienen una territorialidad e incidencia sociogeográfica distinta a los otros dos grupos.
Vayas donde vayas en Argentina, podés sintonizar a Radio Nacional, y vayas dónde vayas podés ver la TV Pública, tanto en su versión de aire como en la digital.
Ese alcance nacional, que en el caso de Télam se cristaliza en panorama federal que ofrece a todos los medios de comunicación en su rol mayorista, asegura el acceso a la información.
Mientras que es la calidad de la información, la agenda inclusiva y diversa de los medios públicos y la pluralidad de voces que ofrecen, lo que garantiza que la población pueda ejercer su derecho a la información.
Ya antes de asumir, el actual presidente Javier Milei eligió atacar a los medios públicos nacionales. “Vas a tener que trabajar”, le dijo una diputada a una trabajadora de la TV Pública. “Los voy a privatizar”, avisó Milei horas después de ganar las elecciones.
El presidente siguió una política de estigmatización de los trabajadores de los medios públicos, que incluyó la publicación en las redes sociales de recibos de sueldos falsos y, sin mucha originalidad, la consabida calificación de ñoquis, ensobrados o ideologizados.
Una vez en la Presidencia, Milei intervino los medios públicos y, sin pensar en las condicionantes, anunció el cierre de Télam en la Asamblea Legislativa del primero de marzo.
Cómo la democracia supo generar las condiciones para asegurar la continuidad de los medios públicos, el anunciado cierre de Télam requirió, en realidad, de una ley del Congreso nacional.
Pero a lo dicho, pecho. O vallas. Pues tres días después del anuncio, las sedes de Télam estaban valladas, las y los trabajadores de la agencia dispensados y, lo peor de todo, la agencia silenciada.
En una estrategia de ataque a la libertad de expresión, el gobierno silenció primero a la proveedora de contenidos para otros medios; luego suspendió la producción de contenidos en la TV pública y el servicio de medios digitales, temporalmente. Lo propio dispuso para Radio Nacional, que ya no tiene contenido regional y dónde faltan ahora más de 160 personas para el funcionamiento óptimo de la emisora.
Estas medidas escalonadas representan la mayor desfederalización de la información que se haya visto en la historia argentina.
Quizá no esperaba que hubiera trabajadores de prensa de los medios públicos decididos a enfrentar esa estrategia de desguace, de desinformación.
El colectivo de trabajadores de Télam, organizados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), marcaron su rechazo a la política de Milei con acampes a las puertas de los edificios. Ya son casi 100 días y noches que les trabajadores mantienen presencia con la consigna «Queremos entrar a nuestro lugar de trabajo. Queremos trabajar».
Para contrarrestar el silenciamiento de los medios públicos, también sostienen el portal somostelam.com.ar dónde visibilizan el conflicto de les trabajadores de prensa y todos los conflictos gremiales que suceden en todo el país.
Son las, los y les trabajadores de los medios públicos quienes recibieron el apoyo de sus “fuentes”, de las agrupaciones y colectivos que sin los medios públicos no pueden visibilizar sus reclamos.
Las acciones encaradas por el SiPreBA no son aisladas. Cuentan con el acompañamiento de todo el movimiento obrero, cuyos dirigentes expresan su solidaridad y reconocen la lucha que llevan adelante los trabajadores de los medios públicos.
El desafío es enorme, pero les trabajadores saben que, sin su lucha, la política de Milei dejará a los habitantes del país sin saber lo que pasa en otras provincias y menos aún tendrán el seguimiento de los juicios de lesa humanidad, o la voz de las minorías como los pueblos originarios, el colectivo LGBTIQ, y mucho menos la información de los conflictos gremiales.
El ecosistema de medios está desequilibrado: la agenda que prioriza lo público, el panorama federal, la voz de las minorías, la imagen de quienes nunca llegan, la información que no está sesgada por intereses publicitarios, fueron quirúrgicamente silenciados.
Por ello la lucha de les trabajadores de prensa continúa con la convicción de que “sin medios públicos, no hay democracia”.
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