La patronal dará un aumento que no alcanzaría a cubrir la demanda de los choferes. El dinero lo pondría el Estado con más subsidios.
Según fuentes empresariales, el acuerdo se logró luego de que el gobierno nacional comprometiera poner en marcha un anuncio de la semana pasada de entregar alrededor de $ 18.000 millones por mes en nuevos subsidios a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que abarca a Capital Federal y el Gran Buenos Aires).
El sector empresario negó hasta este miércoles haber recibido ese dinero o siquiera la formalización del anuncio. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, lo hizo trascender a través de periodistas como una suerte de globo de ensayo el jueves pasado.
El lunes 28 se llevó a cabo una audiencia en la Secretaría de Trabajo que fracasó porque la pata empresaria no presentó una nueva oferta salarial. El sector adujo que no había recibido los nuevos fondos del gobierno. Tras esa reunión, la UTA que dirige Roberto Fernández, anunció el paro del jueves.
Entre esa audiencia y la de esta tarde, el gobierno nacional comprometió efectivamente los fondos para las empresas de colectivos, según las fuentes patronales.
De todas formas, el sector empresario aseguró que la pauta salarial que se firmó “no será” la que pedía la UTA, que reclamaba un 25% entre cinco cuotas, empezando por agosto y hasta diciembre para llevar el salario del chófer desde los $ 1.060.000 hasta $1.322.000.
El acuerdo conseguido por la UTA y las cámaras empresarias sucede cuando está por concluir el paro de 24 horas convocado por la Mesa Nacional del Transporte, que paralizó el movimiento de pasajeros y carga por vía terrestre y aérea, aunque tuvo menor impacto en el marítimo y fluvial.
Por el lado del gobierno, Mogetta aseguró en los últimos días que no habrá aumento en la tarifa de colectivos en el AMBA, con lo que el aumento salarial de los choferes de la UTA, cualquiera sea su magnitud, saldrá exclusivamente del incremento de los subsidios.
El objetivo de la administración de ultraderecha es evitar el impacto inflacionario que provocaría un incremento de las tarifas. Pero, al mismo tiempo, un aumento de los subsidios enfrenta la política de ajuste del gasto público.
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