La UTEP se movilizó al ministerio de Justicia por las detenidas en Villa Mascardi

En la mañanadel jueves, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), a través de su Secretaría de Mujeres y Diversidad, emitió un comunicado donde exige la libertad de las siete mujeres mapuches detenidas en el marco del operativo de desalojo en la comunidad comunidad Winkul Mapu de Bariloche.

Desde la UTEP, remarcaron que ninguna de las detenidas tiene contacto con abogados, por lo que denuncian vulneración en el derecho a la defensa. Y desde las 17 realizaron una movilización al Ministerio de Justicia de la Nación (Sarmiento 329, CABA).

El comunicado completo de la UTEP

En la noche de ayer, la justicia federal de Bariloche ordenó el traslado a la cárcel de Ezeiza de cuatro de las siete mujeres mapuches que habían sido detenidas en un violento operativo de desalojo protagonizado por las fuerzas federales de seguridad en la comunidad Winkul Mapu en Bariloche dos días atrás. Entre las detenidas hay embarazadas y mujeres con hijos. Se encuentran aisladas y se les está negando el derecho a la defensa. El traslado a más de 1.500 km significa, además, un despojo de sus territorios y vulneración a los derechos de las comunidades.

Exigimos la intervención del Ejecutivo Nacional y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se cumpla el derecho a la defensa y las garantías procesales correspondientes. No son terroristas, son pueblos originarios históricamente postergados, cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados por la ausencia de respuestas concretas del Estado.

En un contexto de fogoneo de grupos de derecha que se manifiestan con expresiones racistas y de odio, la única respuesta del gobierno nacional no puede ser un accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Es indispensable que haya vocación política para promover el diálogo, la paz, la interculturalidad y un abordaje serio de las problemáticas de las comunidades.

Es urgente que se reactive la política pública del INAI, actualmente paralizado, para avanzar en los relevamientos de las comunidades y dar una solución definitiva a la problemática de hambre, tierra y vivienda que sufren los pueblos originarios en todo el país.