Lacalle Pou, con un escueto decreto, destrozó la ponderada política antitabaco del FA

Con un decreto de 24 líneas el presidente Luis Lacalle Pou se trasladó al pasado y destruyó el más resonante capítulo en la historia de la salud pública uruguaya: una política antitabaco que redujo los índices de mortalidad, se convirtió en modelo a nivel global y mereció el reconocimiento de las máximas autoridades sanitarias y entidades científicas del mundo. Con esos 1934 caracteres –el espacio que ocupa un tercio de esta nota– Lacalle reafirmó que su coalición de cinco partidos de derecha llegó para destruir todo lo avanzado por los tres gobiernos progresistas del Frente Amplio (FA) y privilegiar los intereses de los grandes grupos económicos. Sobran los antecedentes.

Cercado por la realidad, el lunes 12, diez días después de haber firmado el decreto, Lacalle terminó por admitir que la nueva norma «la hicimos a pedido de Montepaz», la más grande tabacalera del país. Simultánea y oficialmente, gracias a la rendición de gastos presentada ante la Corte Electoral por los partidos que participaron en las elecciones presidenciales de 2019 –cuando ganó Lacalle–, se supo que Montepaz fue la mayor aportante empresarial a la fórmula del hoy gobernante Partido Nacional (Blanco). Fueron 14.531 dólares, cifra aparentemente menor pero importante en Uruguay, quizás sólo la punta del iceberg y, sobre todo, cargada de simbolismo. Aunque estas prácticas han sido comunes en la política local, nunca antes habían quedado explicitadas en todos sus términos.

La norma destruyó la reglamentación antitabaco, al autorizar a los fabricantes de cigarrillos la incorporación de elementos distintivos para «determinar la autenticidad del producto» y, así, «detectar y combatir su adulteración» y el contrabando. Con estas y otras disposiciones Uruguay deja de ser la cabeza visible de un frente mundial de lucha contra el tabaco y el país que hasta ahora ha aplicado de manera más contundente el Convenio Marco de la OMS para Control del Tabaco.

Todo fue abandonado por el gobierno de Lacalle, que tomó el nuevo rumbo, pro empresario, sin consultar a sus propios cuerpos de asesores que operan en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP). El ministro Daniel Salinas, sin embargo, firmó el decreto y negó que pudiera tener derivaciones negativas.

«Existe un conflicto fundamental, irreconciliable, entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública», comienza diciendo  el Convenio de la OMS. Su cumplimiento le significó al país un costoso juicio de seis años promovido por la multinacional Philip Morris, pero además de haberlo ganado le reportó una caída del consumo de tabaco del 32% al 19% en 14 años y ubicarse entre los cinco primeros países que lograron reducir los casos de infartos agudos de miocardio. Entre otras cosas, la ley promulgada en 2008 por el presidente Tabaré Vázquez prohibió fumar en espacios cerrados de uso público o laboral y obligó a incluir en los paquetes «advertencias sanitarias e imágenes o pictogramas que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco».

Acostumbrados a lidiar con periodistas amigos, sumisos, que son los invitados elegidos, o los elegidos para que formulen las preguntas, los hombres más visibles del gobierno vieron cómo «el maldito decreto» los dejó a la intemperie. Los descontroló. Tras admitir que actuó al servicio de Montepaz, Lacalle dijo que «nunca más», y hasta ahora cumplió, volvería a hablar sobre el tema. El presidente ya venía advertido de la curiosidad periodística, pero a Álvaro Delgado, secretario general de gobierno y posible presidenciable blanco, lo tomaron por sorpresa. Una movilera de TV Ciudad le preguntó sobre la norma y ante las vaguedades repreguntó. Entonces, Delgado se desbocó. Se acercó a Macarena Vico, que así se llama, y enfurecido pero en voz baja y ante las cámaras que seguían encendidas, le reprochó en el peor de los tonos: «A mí no me provoques al pedo ¿eh?, a vos te mandan ¿eh?».

El decreto tiene varias lecturas, y una de ellas apunta al debilitamiento de la imagen de Salinas en su pretensión de ser el próximo presidente de la Organización Panamericana de la Salud. Perteneciente al partido militar Cabildo Abierto y propulsor de las políticas de olvido para los genocidas de la dictadura (1973-1985), Salinas se postula junto con otros cinco candidatos. La elección será en la última semana de este mes. Cabildo tiene todas las expectativas depositadas en él, que sería el primero de sus hombres en asumir un cargo de relevancia internacional. Las algo más de 200 entidades científicas nucleadas en la Coalición América Saludable (CLAS) fueron las primeras en reaccionar desde el exterior. «Nos preocupa –dijeron– que un cargo tan importante quede en manos de un candidato que no ha sabido velar por la protección de la salud pública en su propio país».

El cuestionamiento de CLAS se suma al de personalidades e instituciones del mundo que señalan que esta decisión del gobierno de Lacalle corona un proceso en el que se retrocedió en varias políticas de salud orientadas a prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. Sumaron a este episodio el «retraso» en la aplicación de la normativa del Etiquetado Frontal de Advertencia en Alimentos, la aprobación de la producción y venta de cigarrillos electrónicos (productos de tabaco calentados para liberar nicotina a alta temperatura) y el proyecto de ley ya elevado al Congreso para llevar de cero absoluto a 0,5 el porcentaje de alcohol en sangre permitido a los automovilistas, para «reactivar la industria vitivinícola». Con todo a la vista, el cuerpo de asesores del MSP fue directo: «El gobierno atenta contra la política de salud pública y favorece a la industria».  «