Lacalle Pou pretende refundar Uruguay con un megaproyecto de ley

En 457 artículos divididos en diez secciones, un texto de 256 páginas más extenso que la propia Constitución de la República, el futuro presidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle Pou, elevará al Parlamento una Ley de Urgente Consideración (LUC) que sus más fieles seguidores califican como «ley de refundación del Estado». Con tan ostentosa idea proyecta cambios significativos en la ley de inclusión financiera que en 2018 permitió al país zafar de la odiosa calificación de paraíso fiscal que tan bien se había ganado tras casi dos siglos de gobiernos de los partidos Colorado y Nacional (Blanco). Y, como en almacén de pueblo, propone legislar en materia de seguridad, salud, educación, empleo, economía, medio ambiente y, cuándo no, hasta crea cargos de confianza (ver aparte). En otro aspecto medular, propone abrir las empresas del Estado al capital privado, empezando por la petrolera ANCAP, uno de los orgullos uruguayos.

De nada de esto se había hablado durante la campaña electoral, y nada quiso adelantar Lacalle cuando anunció que tenía «in mente una ley como de 500 artículos». Desde el punto de vista propagandístico fue impactante. Habló de ella diez días antes del balotaje del 27 de noviembre, pero la dio a conocer recién el 23 de enero. La gente votó al candidato sin saber qué pretendía. El presidenciable del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez pescó en el acto la intención meramente proselitista y advirtió que «Lacalle le está pidiendo al electorado que firme un cheque en blanco». Ahora son muchos los que hablan de un fraude electoral. Llamativamente, el FA y la central sindical PIT-CNT están más preocupados en anudar buenas relaciones con el gobierno por venir que en denunciar el fraude a la confianza ciudadana que Martínez había advertido.

Lacalle no ha explicado hasta ahora dónde está la urgencia de lo propuesto y tampoco ha dicho dónde radica la necesidad de terminar con las disposiciones que regulan la inversión extranjera, y que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) destacó desde París, casualmente ese mismo 23 de enero. El GAFILAT es un órgano especializado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su Informe de Evaluación 2019 elogió en once párrafos diferentes las medidas de inclusión financiera que tomó Uruguay «para combatir el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas». El GAFILAT destacó «la implementación de la ley de inclusión financiera y promoción de uso de medios de pago electrónico que prohíbe el uso de efectivo para la adquisición de bienes (…), lo que reduce el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, relacionados con los sectores inmobiliario y de la construcción, que históricamente han sido percibidos como vulnerables, y también al sector notarial». Dicha norma fue impuesta en abril de 2018 por el gobierno progresista. 

Otro de los aspectos centrales de la LUC es el artículo 192, que deroga «el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados establecido a favor del Estado y gestionado por ANCAP» desde su creación, en 1931. ANCAP siempre estuvo en la mira de los blancos y del «riverismo», un sector de ultraderecha del Partido Colorado. El Blanco es el partido de Lacalle, y su abuelo Luis Alberto de Herrera fue quien comandó aquella ofensiva antinacionalista, acompañado por el riverismo acaudillado por Pedro Manini Ríos, abuelo del general Guido Manini Ríos, principal socio del electo Luis Lacalle Pou.

Tampoco podía faltar en una entente conservadora el tema seguridad, visto desde una óptica represiva y acompañado de una legislación dirigida a perseguir a la adolescencia. «Si hay que reprimir, hay que reprimir, y al que no le guste que se la banque», dijo el futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga. La superley recoge la casi totalidad de los artículos del proyecto de reforma constitucional «Vivir sin Miedo» sometido a plebiscito por Larrañaga en las elecciones de noviembre y claramente rechazado por el electorado. En su afán represivo, la LUC llega a crear una nueva figura punible con hasta tres años de cárcel, «a quien menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione o arroje objetos a un policía en ejercicio». «

Contra el derecho de huelga

Bien entrado el siglo XXI no se podría, pero en Uruguay se podrá, recular hasta el XIX y eliminar conquistas laborales consagradas. Tras casi dos siglos de presidentes colorados y blancos, Uruguay se dotó en 2008, con el primer gobierno del Frente Amplio, de la ley que fija la jornada de ocho horas para peones rurales. El mismo día, el Parlamento votó la ley de responsabilidad penal del empleador ante un accidente laboral. Luis Alberto Lacalle Pou, entonces diputado, no votó ni una ni otra. Se ausentó “casualmente” del recinto. Luego dijo que el régimen de ocho horas no es “apropiado para el medio rural” y que “eso de la responsabilidad patronal” lo derogaría  cuando fuera presidente. En su última campaña no habló de esos temas.

El proyecto que será elevado al Congreso también limita el derecho de huelga y dice que si se realiza la toma de un lugar de trabajo, el Poder Ejecutivo “podrá restringir esa huelga”. Además, arremete contra el derecho a protestar, declarando ilegítimos los piquetes –una modalidad no usada en Uruguay–, que podrán ser disueltos mediante la “disuasión policial”.