Larreta subejecutó más de $1600 millones para “infraestructura escolar” sólo en la mitad de su segundo mandato

Por: Martín Suárez

En medio de una aparente discusión sobre la educación pública, entre dos sectores de la derecha argentina, Tiempo pone al descubierto datos que hablan del vaciamiento en la educación pública porteña

En las últimas horas se generó una especie de “discusión” entre dos sectores de la derecha argentina: Los autodeclarados “libertarios” y el PRO. El diputado nacional Javier Milei había propuesto un sistema de ‘vouchers’ para financiar la educación pública en todo el país y, horas más tarde, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, salió a responderle con una serie de tuits: “Leer al Diputado Nacional Javier Milei  proponer una “voucherización” de la educación pública preocupa y mucho. Solo sirve para profundizar la desigualdad y es lo opuesto a lo que buscamos”, afirma el diputado PRO y terminó diciendo que: “En la Ciudad de Buenos Aires el 56% de los estudiantes asisten a una escuela pública”; pero en todo su recorrido no expuso nada sobre la cantidad de estudiantes que cada año queda excluidos de la educación pública porteña por falta de escuelas o el ajuste educativo que realizó su gobierno en la última década y media.

A partir de este supuesto cruce de ideas, las respuestas no tardaron en llegar. “Desde la teoría hacen que discuten pero en la práctica son lo mismo. El PRO gobierna la Ciudad hace 15 años y cada presupuesto educativo es más bajo. Ellos no dicen que van a privatizar la educación pero no te dan vacantes y entonces las familias se terminan yendo a las privadas”, analiza en diálogo con Tiempo, el Secretario Adjunto de UTE Eduardo López. “El PRO dice que está en contra de los vouchers que propone Milei, pero justicia falla a favor de una familia que reclama vacantes y le ordena a Larreta a que le asigne una, como no hay lugar en la escuela pública les termina pagando una privada, eso en la práctica es una escuela voucher”, agrega López. El también Secretario Gremial de CTERA y titular de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, afirma que estos son debates aparentes de dos sectores de la derecha que están en campaña constante: “Larreta tiene a su Patricia Bullrich que es Soledad Acuña, y a un candidato más copado que es Fernán Quirós. Una endurece su discurso cada vez más y el otro es más canchero y sale en la tapa de la Revista Caras, pero los dos son exactamente iguales. Larreta está buscando a sus herederos de cara al 2023”, termina López.

Más allá de esta fingida discusión de ambos sectores de la política más conservadora del país (entre Milei y el PRO), sobre la educación pública, cualquier especialista que intente hablar de política educativa sabe que, más allá de las ideas “innovadoras y revolucionarias”,  no es posible alcanzar una educación gratuita y de calidad sin presupuesto, o con escasa inversión en el sector.

El poder de los números hace colapsar cualquier frase hecha o guionada por quienes intentan convencer a las mayorías. Al realizar un recorrido por los datos oficiales sobre “ejecución presupuestaria” de la Ciudad de Buenos Aires, sale a la luz que, en los últimos 2 años del segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta, mucho presupuesto que había sido asignado a la construcción de escuelas nuevas y refacción de las existentes, fue sub ejecutado; es decir, girado a otros sectores no especificados; y todo indica que lo que queda su gobierno tendrá el mismo recorrido. En 2019 el gobierno de la Ciudad destinó 1.847 millones de pesos a este sector, de los cuales ejecutó casi 1.794 millones de pesos. El resto, alrededor de 53 millones, fue sub ejecutado en diferentes áreas que no fueron detalladas. En 2020 la Dirección General Infraestructura Escolar recibió 1.853 millones de pesos, de los cuales invirtió en diferentes obras apenas 955 millones y casi 900 millones (alrededor del 50% del presupuesto total) fue sub ejecutado. En 2021 la gestión porteña hizo un fuerte recorte presupuestario en la Dirección General de Infraestructura Escolar, pasó de 1853 millones de pesos de 2020 a $1.140 millones. Una quita de más de 713 millones de pesos que, sumados a la inflación, provocó una fuerte reducción anual. Hasta el segundo trimestre del año pasado sólo ejecutaron 485 millones de pesos y el resto fue girado a otros sectores. Al sumar todas las sub ejecuciones realizadas en los últimos años (sólo en infraestructura escolar), el gobierno porteño sub ejecutó más de 1.600 millones de pesos.

“Escuchamos constantemente opiniones de distintos actores políticos respecto a la educación pública y, lo que más nos sorprende, no es lo desacertadas que son las mismas sino la libertad para “argumentar” lo que se desconoce”, aduce a Tiempo,  Karina Costaguta, Secretaria General del gremio docente CAMYP. “Si el GCBA, en contraposición a un discurso antidemocrático y que atenta contra nuestra ley de Educación Nacional, entiende que hay un preconcepto errado de que la gente elige la escuela pública como última opción, ¿por qué entonces su gobierno tiene cada año una falta de más de 30.000 vacantes para el sistema público estatal y un presupuesto cuyo recorte genera una constante desinversión educativa?”, agrega Costaguta y concluye: “Si el legislador Porteño del PRO asegura que trabajan día a día para no profundizar grietas, ¿por qué son quienes desvalorizan constantemente el rol docente y discriminan a la comunidad educativa? Mientras siguen existiendo los discursos que pretenden fragmentar el acceso al conocimiento, sería interesante que aquellos que ocupan un cargo político trabajen de una vez por todas en pos del futuro de nuestras infancias y juventudes.”

Discusiones que atrasan años

“Estos son debates que tienen más de 30 años, que ya están saldados, son recetas del pasado que no valen la pena volver a discutir. Nos distraen de lo importante que es ver cómo aprenden más y mejor los chicos y las chicas en las escuelas”, señala en diálogo con Tiempo, Gustavo Galli, Director Provincial de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires. “Nuestra obligación instaurada en la Ley  26.206 de Educación Nacional, es garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de todos niños, niñas, adolescentes y adultos que quieran estudiar en el país, más allá de la jurisdicción que sea”, agrega y remata: “Me parece que hoy una de las discusiones que tenemos que dar es cómo construimos más y mejor democracia desde la escuela y, restringir el acceso a la educación  en un país con profundas desigualdades como el nuestro, es inaceptable.  Las nuevas derechas tienen una mirada de la libertad muy restrictiva a lo individual y quienes queremos ampliar el horizonte democrático, sostenemos que la libertad tiene que ver con la solidaridad y el encuentro con el otro, y en esa perspectiva tenemos que trabajar”.

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