Las alimenticias rechazan los controles, pero aseguran que no reclamarán en la justicia

La Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal) acusó al gobierno de lanzar controles políticos contra las empresas, en relación a Precios Máximos y otras iniciativas lanzadas en los últimos días para intentar frenar la inflación. La declaración sorprendió en boca del titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, un dirigente habitualmente diplomático en sus consideraciones sobre la administración pública. No obstante, las compañías suspendieron la amenaza de judicializar los programas Sipre, que busca controlar costos en la cadena de valor, y Sifire, que apunta a controlar la información que se comparte en rótulos y etiquetas de los productos. Este viernes la entidad aseguró que analiza las normativas desde el aspecto técnico mientras espera devoluciones a los reclamos hechos por la vía administrativa.

En la semana, una entidad importante en el concierto de la representación empresarial, como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AmCham, que agrupa a las multinacionales de ese origen, se puso también al frente del reclamo. A través de un comunicado declaró que el gobierno “excede sus funciones” al ratificar el programa Precios Máximos, renovado la semana pasada sin autorizaciones de aumentos. “Los precios no pueden ser considerados bajo el régimen de tarifa pública y definidos por la autoridad administrativa competente”, planteó.

El rechazo de las compañías a ese programa en particular viene de largos meses y recrudeció este año. En 2020, el Ejecutivo se abrió a la posibilidad de desarmarlo paulatinamente pero finalmente lo sostuvo en el contexto de permanente escalada de los precios que ofrecen las empresas al consumidor final. La semana pasada el gobierno lo renovó hasta el 15 de mayo, a través de la Resolución 281/21, sin cambios en las condiciones ni autorizaciones de nuevos aumentos ni retiros de productos. Esta semana, circuló también que mañana estaría el anuncio de la renovación de Precios Cuidados, con subas de entre el 5 y el 6%, pero las empresas no lo pudieron confirmar.

En su comunicado, AmCham lamentó que la prolongación esté a contramano de los aumentos de los costos y atribuyó la responsabilidad por las subas de precios a las políticas monetarias y fiscales del país.

Nada nuevo en relación a la línea argumentativa de, por ejemplo, la Copal. Pero el agregado de las norteamericanas a este reclamo puede ser un indicador de una preocupación creciente en uno de los sectores más importantes de la industria y del empleo nacional. En términos cuidadosamente seleccionados, la Cámara estadounidense advirtió que de continuar estas políticas se podría afectar la empleabilidad, el portafolios de productos y el abastecimiento.

Dos días después, la Secretaría de Comercio Interior imputó a Mondelez, Bagley y Pepsico por presuntos sobreprecios bajo la advertencia de posibles multas millonarias. La dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo acusó a las marcas de galletitas y snacks de ofrecer a la demanda minorista productos similares con precios hasta un 50% superiores.

El viernes Comercio Interior, a cargo de Paula Español, intimó a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria “a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria”. La dependencia pública sostuvo su pedido en la Resolución 330/21 con el objetivo de “prevenir, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia por Covid-19, una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno”.

Informó, también, que la intimación incluye desde la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización, y aclaró que rige “para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de $3.955.200.000 por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $3.698.270.000”.

Aumento para las prepagas

El gobierno autorizó que las empresas de medicina privada suban sus cuotas un 4,5% en abril y otro 5,5% en mayo. Según explicó en el Boletín Oficial, los incrementos cubrirán las subas salariales logradas por el gremio de la Sanidad en el último tiempo. Las cuotas ya habían subido un 3,5% en marzo.