Las asociaciones agrarias europeas, una «mesa de enlace» víctima de la guerra

Intentando vender la idea de que son «el corazón de Europa», denunciando que la Unión Europea los obliga a negociar «con un cuchillo en la garganta», pretendiendo convencer a las sociedades que los ven prosperar recitándoles el discurso de que «el trabajo agrario se va a la ruina», los dueños de los campos salieron a copar las rutas, las calles y las plazas de sus milenarias ciudades. Coparon el cemento con sus piquetes, exigiendo privilegios, amparados porque los cuerpos represivos de los gobiernos son severos pero no cuentan con unos protocolos homicidas que todo lo permiten ni tienen unos dirigentes a los que alguna vez se les ocurrió pensar que tres juntos, en una esquina, ya podrían suponer un peligroso comando guerrillero presto para entrar en acción.

Las protestas no están coordinadas. Las organizaciones patronales reaccionan por empatía. Sin embargo, en sus programas tienen puntos en común que son, justamente, los más importantes de la cadena. Un subsidio para enfrentar el alto costo de los combustibles figura al tope en todos los reclamos, al igual que el rechazo a la importación de productos, básicamente alimenticios, de países de extra zona. Sutilmente, lo que los dueños de las explotaciones agrarias denuncian es que al haberse embarcado sus gobiernos en la aventura bélica de Ucrania frente a Rusia, entre las sanciones a éste y los privilegios a aquel, las que pagan el costo del pato de la boda son las sociedades europeas, que oyen el tronar de los misiles pero se sienten, son y están, ajenas a esa guerra.

El costo de los combustibles, en especial el diesel que mueve la maquinaria agrícola, ha ido creciendo desde febrero de 2022, cuando Estados Unidos instruyó a Ucrania y a sus aliados de la OTAN para que se embarcaran en una guerra que, a juzgar por su marcha, tocará fin cuando haya caído el último ucraniano. Como ya es una norma, los aliados occidentales respondieron a los ataques rusos con bombas y sanciones económicas. Aunque sorprenda que no lo hayan previsto, el gas y el petróleo cayeron en la volteada, y el gran proveedor de ambos es Rusia. Los países europeos de la OTAN cumplieron al pie de la letra con las instrucciones recibidas. Escasez y alza de los costos fueron los resultados inmediatos. Esa es la primera culpa que los productores agrarios hacen recaer sobre Ucrania, obviando la responsabilidad de EE UU, la OTAN y sus propios gobiernos.

La segunda es que al convertirse en el país que pone la cara –y los muertos–, Ucrania recibe las armas para pelear, el dinero para pagar los sueldos y ciertos privilegios, como poder exportar cereales subvencionados al ámbito de la UE, provocando una caída de los precios con su oferta de productos de baja calidad. Y aquí viene el aspecto político más grave y ya palpable en países como Alemania e Irlanda: la ultraderecha capitaliza el descontento. Lo explica el presidente de la Asociación de Empresarios Alemanes, Rainer Dulger. «La ultra –y quien lo dice es uno de los más poderosos industriales alemanes– aprovecha al máximo el hecho de que la UE se haya convertido en peón de Estados Unidos y la OTAN, al servicio de una nueva Guerra Fría, y así sufre las consecuencias negativas del conflicto con Rusia».

Para mejor vestir sus protestas, las entidades del agro le reservan un sitio prioritario al Pacto Verde Europeo (PVE), un acuerdo comunitario que busca comprometer a los miembros de la UE en la transición medioambiental impulsada por la ONU. Los productores sostienen que pese al objetivo declarado de enfrentar el cambio climático, el PVE plantea problemas, tanto al sector agrícola como al pecuario. Y aprovechan los errores en los planteos de los gobiernos para ocultar que lo que los afecta, en realidad, es el límite que se impone al uso de pesticidas como el paratión y herbicidas como el glifosato.

En Irlanda es donde mejor visualizan esos desbarajustes oficiales. Según trascendió, y nadie lo desmintió, el gobierno destinaría unos 650 millones de dólares para pagarles a los productores por la matanza de 200.000 reses vacunas para reducir las emisiones de gas metano (las vacas y los rumiantes en general son responsables de la generación de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero). Ese dinero debería aplicarse a la producción de alimentos veganos, una demanda no registrada ni en el mercado interno ni en el europeo. El sacrificio de esas cabezas implicaría, además, reducir un 10% la cantidad de vacas lecheras y un 35% de las consumidas como carne. Esto llevaría a una reducción de la oferta y un fuerte aumento en el precio de la leche y de la carne vacuna.

En sus tractores y cosechadoras de última generación, en sus camiones recién patentados para los que piden un combustible subsidiado como no lo tienen ni las familias ni los trabajadores, los líderes de esa especie de mesa de enlace gourmet fueron los primeros en lanzar los ayes plañideros. No llegaron portando guillotinas de madera a la actual Plaza de la Concordia, donde Luis XVI exhaló su último suspiro, pero el 21 de enero, justo cuando se cumplían 231 años del estreno de la guillotina de verdad, los mártires del herido corazón europeo se hicieron sentir en Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Rumania, Alemania, Lituania y Grecia. Cortando rutas, montando piquetes, liberando puestos de peaje, quemando algún que otro vehículo policial o alfombrando plazas con toneladas de bosta y vísceras podridas. No les mandaron la boleta con los costos de la limpieza.