Las cinco falacias que modelaron el zig zag oficial

En los últimos 41 días, el gobierno describió un zig zag frente al caso Maldonado. Abonó hipótesis falsas, acusó a la familia de no colaborar, puso en duda la presencia del joven el día de la represión a los mapuches en Esquel y negó que un funcionario clave de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubiera estado en el lugar, en un intento por despegar a Gendarmería y deslindar su propia responsabilidad política en el caso.

La primera reacción de la ministra de Seguridad, quien fue la vocera oficial hasta la semana pasada, fue poner en duda que Maldonado hubiera estado en el lugar el 1º de agosto durante el operativo de Gendarmería con el que se desalojó a la comunidad mapuche de Cushamen de la ruta 40. «No tenemos indicios de que Santiago haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas», dijo la funcionaria el 7 de agosto y relativizó las declaraciones de testigos mapuches que confirmaban su presencia en el corte. Dos días después, se halló la gorra y el collar del joven en donde fue visto por última vez y, a fines de agosto, la familia presentó un video que lo muestra en el corte de ruta.

Corrió el foco hacia la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y su violencia como metodología para recuperar las tierras: «No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la lógica que están planteando». El objetivo era mostrar la vinculación de Maldonado con ese grupo, algo que fue desmentido por la familia del artesano y hasta por los propios mapuches.

Después vino la defensa a la Gendarmería, cuerpo que está bajo sus órdenes, frente a la acusación de la familia Maldonado y de los dos testigos mapuches de que se lo habían llevado detenido. En su informe ante el Senado de la Nación, 15 días después de la represión, Bullrich defendió a esa fuerza de seguridad y pidió que no la estigmaticen ni la comparen «con las fuerzas de seguridad de la década del ’70». Negó que fuera una «desaparición forzada» y reforzó su defensa con la frase: «No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades».

En simultáneo, la ministra sentó la hipótesis falsa más fuerte: la del puestero de Luciano Benetton. En su informe a los senadores, Bullrich abonó esa teoría al asegurar que un trabajador de la estancia Los Retamos del empresario italiano había herido con un cuchillo a uno de cuatro mapuches del RAM que lo habían atacado. Ese episodio había ocurrido el 21 de julio y la hipótesis que el gobierno abonó era que el herido, al que el puestero no había podido ver, podía ser Santiago Maldonado, quien habría muerto o habría sido asistido en Chile.

La versión se fue cayendo por su propio peso. El puestero aseguró en varias entrevistas que la herida que había provocado no era de muerte. La familia mostró los mensajes de texto que había intercambiado con Maldonado por su cumpleaños el 25 de julio y, finalmente, el ADN de la sangre hallada en el cuchillo dio negativo.

Otra pista falsa fue la de Entre Ríos: un camionero aseguró que había llevado a Maldonado en la ruta y poco después apareció un video del falso Santiago en un negocio. El joven en cuestión publicó en Facebook: «El del video soy yo. Falsa información». La última pista que volvió a alimentar la versión de que Santiago no está desaparecido apareció el jueves cuando un matrimonio de Tierra del Fuego aseguró haber llevado a Maldonado en su camioneta, que estaba perdido y no recordaba su nombre. La familia de un joven con problemas neurológicos que está perdido desde 2016 dijo que podría tratarse de su hijo.

La presencia del jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el día de la represión terminó siendo un boomerang. Bullrich y Peña negaron que haya dado órdenes a la Gendarmería. La ministra aseguró que sólo «pasó a saludar» cuando iba camino a Esquel. Pero el comandante mayor Diego Balari aseguró después que siguieron «órdenes precisas» del Ministerio de Seguridad y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dijo ante la Legislatura que Noceti fue quien coordinó el operativo de desalojo el día previo junto a las fuerzas federales.

Por último, el gobierno cargó contra la familia y la acusó de no querer colaborar desde el primer día. Dijeron que habían tardado dos días en hacer la denuncia; que no colaboraban en los peritajes y que tampoco querían hablar con los funcionarios. «Parece que lo que quieren buscar es acusar al gobierno, de ponerlo en una situación difícil en lugar de estar todos juntos trabajando por un mismo objetivo», dijo Bullrich. «