Las cinco medidas urgentes que evalúa Alberto Fernández

Por: Gimena Fuertes

En los equipos del presidente electo no hacen definiciones tajantes sobre los primeros pasos. Sin embargo, hay varias medidas en estudio: ley antidespidos y de góndolas; créditos al 2% para pequeños emprendedores; aumento a jubilados y desdolarizar las tarifas de servicios públicos.

Son medidas de corto, mediano y largo plazo. Algunas ya tienen nombre y apellido, otras apenas están delineadas. El gobierno entrante de Alberto Fernández atraviesa el desafío de armar una estructura de Estado en función de las promesas de campaña. La desdolarización de las tarifas, la disminución de la pobreza, políticas de género, la reactivación económica, aumento del ingreso, el frente financiero y la relación con las provincias, son apenas rasgos salientes que empiezan a delinear la acción del futuro gobierno.

Reactivación económica

Alberto F. salió a delinear su perfil industrialista en su primera semana como presidente electo. Visitó la fábrica textil en San Martín junto al intendente local, Gabriel Katopodis, al que lo invitaron a encabezar una eventual cartera de Producción o Infraestructura. En el municipio se encargaron de comunicar que por el momento el recién reelecto intendente seguirá en el palacio municipal. Pero Alberto F. necesita gente de confianza y con el intendente compartió la aventura de la candidatura de Florencio Randazzo casi en soledad en 2017. Es que el sector industrial pyme y el grande, que está instalado en los cordones del Conurbano, es sujeto destinatario de las políticas de reactivación que le prometió de manera específica al sector. La principal es la desdolarización de las tarifas, propuesta elaborada incluso antes de la devaluación post PASO.

En cambio, el objetivo de reactivación económica reclama medidas distintas en las demás provincias, cuyo territorio recorrió durante la campaña y en donde recogió demandas regionales específicas. Una de las promesas proselitistas fue la salida al Pacífico para las provincias cordilleranas, pero también la revisión de las retenciones, lo que devino en el rechazo electoral de las regiones productoras de comodities agrícolas.

También se les prometió a las provincias la descentralización administrativa y una nueva reorganización de la estructura de impuestos con el objetivo de darle un carácter más federal a la recaudación y distribución de ingresos.

En relación al aumento de los salarios y haberes de la clase trabajadora activa y pasiva, Fernández anunció el incremento de las jubilaciones, medida que puede implementar de manera directa desde la cúpula del Estado. Pero para los trabajadores y trabajadoras activos, la negociación pasa por los sindicatos, actor que tomó relevancia dentro del armado del Frente de Todos y las cámaras. Una de las medidas que se evalúa -resistida por los empresarios-es poner un freno a los despidos como herramienta de urgencia para paliar la crisis.

En el frente financiero, Gustavo Béliz y Guillermo Nielsen serían los coroneles para renegociar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores, bajo una eventual conducción central de Matías Kulfas al frente de la cartera económica y Cecilia Todesca y Mercedes Marcó del Pont para cargos clave en organismos financieros estatales.

Desarrollo Social

Otra de las prioridades que marca el presidente electo es la atención a la emergencia social que atraviesan los sectores más empobrecidos. Para atacar la inflación que sufren los que gastan la mayoría de su ingreso en alimentos, propuso, bajo la consigna Argentina contra el hambre, una serie de medidas paliativas, pero también la implementación de la frenada Ley de Góndolas, resistida por los supermercadistas, pero impulsada por las organizaciones de la economía informal, como la Ctep.

Además, desde el área de desarrollo social, una de las pocas carteras que sí tiene nombre asegurado, y que conducirá Daniel Arroyo, elaboraron un diagnóstico de la situación de las 700 mil personas que reciben algún tipo plan social. El objetivo es lograr un traspaso no conflictivo hacia el mercado laboral formal.



Según evaluaron en el equipo que rodea a Arroyo, el universo de los beneficiarios y beneficiarias se puede dividir en tres. Están aquellos de mayor capacidad de inserción laboral en caso de que la economía se reactive. Consideran que los sectores más receptivos de esta mano de obra son la industria textil y la metalmecánica, el comercio y los frigoríficos. También identifican un segundo grupo, caracterizado por la falta de formación y capacitación, y un tercer estamento de mayor vulnerabilidad social. Las políticas públicas que se están delineando desde el equipo de Arroyo son tres. La primera consiste en armar una red de 20 mil tutores, entre lo que se pueden contar al cura o pastor del barrio o la maestra, con el objetivo de “generar el vínculo entre escuela y trabajo, entre planes sociales y trabajo”, señalaron.

La segunda propuesta supone la convivencia entre el plan social y el trabajo en blanco, que podría llegar a extenderse hasta 24 meses. A la vez se contempla una quita progresiva del beneficio. La tercera iniciativa consiste en generar un gran sistema de créditos no bancarios “con una tasa muy baja, del 2 o 3% anual” destinado a la compra de herramientas y máquinas. Con la mira puesta en la economía informal, que genera su propio trabajo, esta pata del plan apunta a changarines, artesanos, pequeños emprendedores y hasta empresas recuperadas. “Los créditos tienen una doble lógica: capitalizar, pero también desendeudar, porque muchos tomaron deuda al 200% anual en la financiera de la esquina”. “Todas las dimensiones del plan forman un sistema que tiene el objetivo de vincular a las personas que tienen planes sociales con el trabajo asociado al mercado interno”, diagnosticaron desde el área de trabajo de desarrollo social del Frente de Todos.

En este rediseño del Gabinete se incluye el ya anunciado Ministerio de la Vivienda que encabezará la santafesina María Eugenia Bielsa. La industria de la construcción, motorizada desde el Estado, estará vinculada de manera directa con las organizaciones de la economía social que podrían aportar conocimiento y mano de obra desde sus cooperativas a un plan de viviendas populares.

Por lo pronto, desde el equipo que rodea al presidente electo, mantienen el hermetismo sobre medidas específicas. “Primero está la transición”, se atajan y recuerdan que los lineamientos del futuro gobierno fueron trazados a grandes rasgos durante la campaña. En todo caso, ya lo dijo Alberto Fernández: “Si me ven claudicar, salgan a la calle para hacérmelo saber”.

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