Las consecuencias del modelo

A más de un año y medio del comienzo de la gestión libertaria, y a pesar del optimismo del discurso del oficialismo, las consecuencias de sus políticas calan cada vez más fuerte en la ciudadanía.

No es una novedad que la industria es uno de los sectores más afectados por las políticas del gobierno y su actividad continúa reduciéndose. De hecho, 14 de los 16 rubros que componen el indicador del Indec se encuentran en niveles inferiores a los de 2023 al tomar el promedio enero-mayo, mientras que el nivel general se ubica un 10% por debajo en igual lapso. Recordemos que se utiliza 2023 como base de comparación dado que en 2024 hubo una profunda caída de todos los indicadores económicos luego de la fuerte devaluación de diciembre de 2023, y ello distorsiona las mediciones.

Se están conociendo, cada vez más, casos de empresas y sectores que, en gran parte debido a la apertura importadora, se vieron obligados a cerrar o a reducir su producción (y consecuentemente recortar su dotación de trabajadores). Un caso emblemático es el de Lumilagro, que produce principalmente termos, que adoptó un esquema “híbrido” de “producir y traer” para evitar el cierre. La empresa decidió importar el 60% de los termos desde China y Brasil, y mantener sólo el 40% de su producción nacional. En los hechos, ello implica que, de una planta de 200 empleados, hayan quedado sólo 65.

Según declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), desde marzo de este año el sector pierde entre 1000 y 1500 puestos de trabajo mensuales. Menciona la caída sostenida en la actividad económica y la falta de “condiciones estructurales” para competir en igualdad, como los principales factores detrás de esta tendencia.

Adicionalmente, aquellas personas que aún conservan su puesto de trabajo han padecido una reducción de sus ingresos. Según datos oficiales, la merma en el poder adquisitivo de los asalariados públicos fue del 19% durante el período enero-mayo con respecto a igual lapso de 2023, al tiempo que los salarios del sector privado registrado cayeron un 2,4 por ciento.

Las altas tasas de interés y el endeudamiento

Uno de los temas recurrentes en los días recientes fue el alza de la cotización del dólar oficial. Durante todo el mes de julio el peso se depreció un 13,2 por ciento. Esta evolución estuvo acompañada por la volatilidad experimentada por las tasas de interés.

El 10 de julio, el Banco Central dejó de operar las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez), que eran el principal instrumento con el que los bancos administraban la liquidez de corto plazo. Para remplazar las LEFI, las entidades financieras, en una primera instancia, incrementaron los depósitos en cuentas corrientes en el Banco Central. Esto llevó a un exceso de liquidez que desmoronó las tasas de interés en pesos, y la TAMAR (tasa de interés para depósitos de más de 1000 millones de pesos) bajó del 34 al 29 por ciento. Ante esta situación no deseada por el gobierno (por el potencial desarme del “carry trade” o bicicleta financiera), a la semana siguiente el Tesoro realizó una licitación de LECAPs, que no estaba estipulada. Con esa operación redujo la liquidez, y convalidó un fuerte aumento en las tasas de interés.

Con esta situación, las tasas de cortísimo plazo (principalmente operadas por bancos) llegaron a superar el 65% anual cuando el presidente proyecta una inflación anual del 20% para 2025 y del 0% para mediados del 2026. Así, la tasa TAMAR cerró julio en el 40%, con su efecto de arrastre sobre las tasas de créditos para las empresas y personas humanas.

Otra de las herramientas que utilizó el BCRA para intentar frenar las expectativas devaluatorias fueron las operaciones de dólar futuro, en parte para apaciguar el aumento del precio del dólar (objetivo no logrado), pero también para permitir que continúen las operaciones de carry trade con elevados rendimientos en dólares.

El fuerte aumento en las tasas de interés tiene un costo. Para el gobierno, implica un mayor endeudamiento. Para la gran mayoría del sector privado, aumento en los costos de financiación; y para una minoría, fuertes ganancias con la especulación financiera.

Es un modelo, ya conocido, que denomino de las 4 M (Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei) y que funciona con endeudamiento, tanto interno (a través de las LECAPs) como externo a través del FMI y otros organismos internacionales de crédito. Con dicha deuda, los intereses corren y no son menores.

Como ejemplo, en agosto el Estado deberá afrontar un pago de algo más de U$S 800 millones, un 40% del desembolso de U$S 2000 millones que recibirá la Argentina en estos días, y que acaba de ser aprobado por el Directorio del FMI. Éste celebró “el compromiso de las autoridades de salvaguardar el ancla fiscal, mejorar el marco monetario, recomponer las reservas y profundizar en las reformas que favorecen el crecimiento”.

Y si bien la Argentina no cumplió con la meta de Reservas Internacionales que impuso el FMI, el organismo aclaró que “sí se cumplieron otros criterios de ejecución y metas indicativas clave”.

Uno de los puntos “positivos” de la gestión libertaria que destaca el comunicado es: “la meta de déficit fiscal cero sigue siendo el ancla principal de la política económica”. Y agrega: “Los controles y la disciplina del gasto garantizan el cumplimiento del objetivo de superávit primario del 1,6% del PIB que las autoridades marcaron para este año, además de que crean margen para proporcionar una asistencia social adecuada a los más vulnerables”.

Sería interesante analizar a qué se refiere exactamente esta última frase citada del Directorio del FMI, cuando el presidente manifestó su decisión de vetar las leyes que establecen mejoras en la difícil situación que están transitando las jubiladas y los jubilados y las personas con discapacidad, por considerar que llevan a la “bancarrota”. Cabe aclarar que el Poder Ejecutivo está rechazando una iniciativa que ni siquiera implica una actualización retroactiva de la caída que registraron los haberes jubilatorios, sino que sólo recompone, en parte, la situación hacia delante.

Lo señalé varias veces, la inflación es a la economía lo que la fiebre a un paciente. No basta con atacar el síntoma, para curarlo hay que conocer la causa de la dolencia. Y en el plano económico la causa no es más que el modelo de ajuste que impulsa este Gobierno. Un modelo que intenta funcionar con fuerte endeudamiento del Tesoro Nacional y fomento a la especulación financiera, con importaciones que perjudican a la industria  nacional, que genera mayor desempleo, reduce los ingresos de la mayoría de la población con el consiguiente menor consumo y menor producción: en resumen, un círculo que se retroalimenta negativamente y no nos lleva por buen camino.

Si la ciudadanía no toma conciencia, corremos el riesgo de que esta lógica de ajuste se profundice luego de las próximas elecciones. Mediante el voto, es necesario evitar que el oficialismo tenga asegurado el tercio para poder vetar las leyes que sanciona el Parlamento.