Las diez mentiras y omisiones de la audiencia por las subas en el gas

La audiencia para debatir el tarifazo del gas, que arrancó el viernes y cerrará hoy, estuvo marcada por la polémica desde antes de su inicio. Los reclamos apuntaron a la falta de información sobre la estructura de costos de la producción de gas y a la arbitrariedad con que se manejó el ingreso a la Usina del Arte y a las demás sedes en las provincias. También se cuestionó que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren ya tenía una decisión tomada y la audiencia era «una farsa». Tiempo reveló las 10 tergiversaciones y omisiones en la presentación oficial que justificó el tarifazo y en las de las empresas que la respaldaron.

1. Aumento promedio del 203%: el ministro Aranguren señaló que la suba promedio de las tarifas será del 203% desde el 1º de octubre. Pero este dato engaña: para los sectores que consumen menos gas, el alza será del 400%; para los de consumo medio, implicará una suba del 178% y para los de mayor consumo será del 107%. La diferencia se explica en que, según el gobierno, los usuarios de mayores consumos pagan más por el gas que los de menores consumos. Como el objetivo es llevarlos a todos a pagar el mismo precio por el gas, sin importar si se consume mucho o poco, el incremento es mayor para los que menos consumen.

2. El ahorro no existe: la propuesta del gobierno incluye una “bonificación” en el precio del gas para los usuarios que reduzcan sus consumos. Si esa caída es del 15% o más, la reducción del precio (respecto al mismo período del año anterior) va del 20%, en el caso de los usuarios de mayores consumos, al 50% para los de menores consumos. Según la propuesta, el objetivo es “racionalizar y ahorrar consumo de gas residencial”. Sin embargo, para Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), “es absurdo plantear una baja del consumo como lo hizo el gobierno. Si alguien puede reducir su consumo en un 15% es porque antes lo usó en actividades de las que luego puede prescindir. En cambio, el que lo usa para sólo calefaccionarse o cocinar no tiene alternativa de ahorro. Esa usuario no tiene bonificación alguna”.

3. Falta de información: el fallo de la Corte Suprema de Justicia incluyó que se debatiera cómo se constituye el precio del gas en boca de pozo o mayorista toda vez que el gobierno establecía su valor y no la oferta y la demanda. La producción de gas no está regulada como servicio público. Sin embargo, la queja mayoritaria en la audiencia fue que ni el Ministerio de Energía ni las empresas lo dieron a conocer. Natalia Grosso, representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo señaló: “Lamentablemente, no hemos escuchado en las presentaciones cómo son las estructuras de costos de las empresas productoras de gas, de las transportistas y de las distribuidoras. Esa información falta”.

4. Tarifas en dólares: a partir de la propuesta del gobierno, las tarifas del gas estarán dolarizadas; es decir, la parte de la boleta que corresponde al gas en boca de pozo tendrá un precio atado al valor del dólar. Lo cierto es que ni Aranguren ni los empresarios explicaron por qué debía estar dolarizado el precio del gas y tampoco dijeron qué pasará si hay una devaluación. Varios expositores subrayaron que el proyecto de Presupuesto 2017 prevé una devaluación del peso del 20%. Así, la devaluación se agregaría a la suba tarifaria, haciendo más penoso el consumo de gas para la población.

5. Producción local, producción importada: tanto Aranguren como los empresarios defendieron la propuesta de que el valor de la unidad de gas producida en el país fuera equiparable al de la unidad importada (millón de BTU, equivalente a unos 27 metros cúbicos). La ecuación no cierra: el 70 por ciento del gas que se consume en el país es de producción local. Entonces, ¿por qué el valor de todo el gas debe ser el del importado? Hernán Silva, representante de la firma francesa Total lo explicó así: “Es posible en la Argentina reemplazar la importación de GNL por gas argentino. Pensamos que podemos hacer eso de manera competitiva. No con precios que sean superiores a los que hoy está pagando el país para importar GNL. El precio que necesitamos es el precio de paridad de importación de GNL”. ¿Cuál es el beneficio, entonces? El pago de impuestos en el país y la generación de empleo, dijeron las empresas. Pero el legislador Marcelo Ramal, precisó: “El sector petrolero ya lleva 4162 despidos en lo que va del año. Es una mentira que defiendan el empleo”.

6. La herencia recibida: buena parte de las presentaciones que avalaron la propuesta oficial hablaron de la “herencia recibida”, en relación con el esquema de precios de la actividad gasífera y los subsidios implementados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El debate de este último punto generó varios contrapuntos. Una pregunta recurrente en la audiencia fue: ¿»Qué pasó con los 30 mil millones de dólares que recibieron las empresas petroleras en los últimos 12 años?». El reclamo de una auditoría sobre el uso de los subsidios fue permanente.

7. Rentabilidad: la tasa de rentabilidad del capital que plantean las petroleras es del 13%, según surgió de una las láminas que presentó YPF. El diputado Néstor Pitrola marcó el punto: “Eso es más de lo que pagan los bonos argentinos de deuda externa”, aseguró.

8. Equidad: una de las frases más repetidas por el gobierno es que la suba tarifaria genera equidad porque “los subsidios van a manos de los sectores de mayores ingresos”; al eliminarlos por completo y dejar sólo la tarifa social, se concretaría la tan mentada equidad. Para Isaac Rudnik, del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), “la eliminación total de subsidios es una filosofía obsoleta. Un servicio público no puede ser regido por la oferta y la demanda. La demanda no se puede bajar. Ese criterio es ultra liberal”. En el mismo sentido se manifestó el senador Fernando Pino Solanas, quien señaló que “toda la línea argumental de la propuesta del Gobierno está sustentada en el mayor neoliberalismo”. Para Diego Morales, del Cels, la equidad es que “el Estado garantice el acceso a la vivienda, y a los servicios de gas, electricidad y agua”.

9. Sin cambios: cuando el 5 de septiembre el ministro Aranguren anunció que tenía un nuevo plan, aseguró que hasta la fecha de la audiencia haría reuniones con legisladores y organizaciones sociales y empresarias a fin de “escuchar propuestas” con vistas a incorporar al nuevo esquema. Sin embargo, la presentación que realizó el ministro de Energía y Minería el viernes 16 en la Usina del Arte fue exactamente igual a la que presentó el 5 de septiembre. De hecho, empleó el mismo Power Point. “¿Para qué nos convocan si ya resolvieron aplicar este cuadro tarifario”?, se pregunto Héctor Polino, titular de la ONG Consumidores Libres. Para la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, “Aranguren ya tiene resuelto aplicar la suba de tarifas. Lo que hizo en esta audiencia fue una falta de respeto”.

10. Siguen los tarifazos: la discusión de este fin de semana giró en torno de dos temas. De un lado, la suba del gas en boca de pozo o mayorista; del otro, una suba a cuenta a favor tanto de las empresas que transportan el gas (con grandes gasoductos que llevan el gas desde los yacimientos hasta las cercanías de las ciudades) como de las que lo distribuyen (llevan el gas donde lo dejan las transportistas hasta el domicilio del usuario). Y es a cuenta porque el gobierno ya planificó para octubre próximo una nueva audiencia en la que realizará una Revisión Integral Tarifaria para estos dos grupos de empresas. De allí surgirá, con seguridad, un nuevo aumento ya que las firmas advirtieron en la audiencia de este fin de semana que el incremento “a cuenta” no les alcanzaba ni para solventar los gastos corrientes, como señaló el representante de TGS, Rubén De Muria. «

Las protestas callejeras

La audiencia pública que siguió desarrollándose ayer contó, en los días previos, con distintas manifestaciones de protesta en los alrededores de la Usina del Arte. El viernes, por caso, los partidos que integran el Frente de Izquierda fueron algunas de las expresiones que durante la primera parte de la jornada acapararon la movilización en rechazo a los aumentos.

En ese contexto, la diputada del FIT Myriam Bregman señaló que «el gobierno está cumpliendo con una formalidad, pero no piensa rever el tarifazo». «El principal objetivo es favorecer a las empresas que se beneficiaron con los subsidios», señaló la diputada y destacó: «Hay una grave situación que sufren las fábricas recuperadas y los demás sectores afectados».