Las disputas entre los jueces de la Corte se agudizan con el avance del juicio político

«La Corte tiene que estar muy unida porque se vienen tiempos políticos difíciles y (Horacio) Rosatti está en la línea de sucesión presidencial». Era viernes por la mañana y Alberto Fernández había anunciado media hora antes su decisión de no competir por la reelección presidencial. El Palacio de Tribunales estaba semivacío, pero aún había olor a pólvora por el tiroteo del día anterior, que terminó con la eyección de Héctor Marchi, el administrador general que sobrevivió en el cargo durante 15 años. (Lo del tiroteo es una metáfora, claro).

La idea conjetural de Rosatti como eventual presidente de transición en una crisis institucional superior incluso a la de 2001 fue esbozada por uno de esos funcionarios de segunda línea que se ufanan de saber todo, de escuchar todo, de intuir todo. No refleja más que la realidad que se autopercibe en el microclima que a menudo es el Poder Judicial. «No es imposible, no parece probable», comentaron en cercanías del trío que hoy detenta el poder en el máximo tribunal: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda. La sigla RRM.

La idea de una Corte sólida, unida y dispuesta a garantizar la continuidad de la República aguantando un hipotético cimbronazo político también es una fantasía. Acaso como nunca desde el regreso de la democracia (ni siquiera en los tiempos de la mayoría automática alineada con Carlos Menem) estuvo todo tan roto en el interior de la cabeza de Poder Judicial. Los episodios de la última semana son una muestra patética de ello.

El jueves, cuando se produjo la reestructuración interna del tribunal y la salida de Marchi, ocurrió una situación insólita. Ricardo Lorenzetti llegó al acuerdo cuando  ya estaban reunidos Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Los tres jueces de la nueva mayoría automática le comunicaron que ese día saldría sí o sí la acordada de la reorganización y la resolución del traslado de Marchi. Se veía venir. Lorenzetti tenía en su vocalía el proyecto de reorganización que raleaba a Marchi y al día siguiente de que lo recibiera el administrador recusó a todos los ministros –sus superiores– en un viejo pleito que sostiene con la exdiputada Elisa Carrió. Sonaba a declaración de guerra.

Lorenzetti pidió tiempo para escribir una disidencia, pero se lo negaron: «No firmes nada si no querés, pero lo sacamos hoy». El expresidente del tribunal pidió unos minutos, fue hasta su despacho (donde estaba Marchi, quien llegó a la Corte de su mano y mantiene con él un vínculo muy estrecho) y escribió su disidencia a las apuradas. Tanto, que si bien dejó asentada su postura, cometió errores de redacción y puntuación. Cuando los quiso corregir, después de entregado el documento, la subdirectora de Despacho de Rosatti, Natalia Monayer, le hizo saber que esas correcciones no eran posibles. En un ámbito en el que la simbología tiene un peso determinante, esa suerte de descortesía es inhabitual.

En el proceso de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte que transcurre en la Cámara de Diputados una de las posibles causales de destitución es la situación de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN). El desplazado Marchi elaboró en los últimos dos años informes sobre las anomalías detectadas, que son muchas. El 19 de abril entregó un breve documento, de un par de páginas, a la presidencia de la Corte, con un soporte digital con documentación que daba cuenta de esas irregularidades. Ese documento debía ser enviado a la Comisión de Juicio Político, pero hasta el viernes por la noche no había llegado. El plazo inicial era de diez días, pero el jueves, tras la pelea que trascendió a los medios, la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, acortó los tiempos a 24 horas, que se agotarán entre lunes y martes próximos.

Lo que sí ocurrió fue la abrupta salida de Marchi, quien al día siguiente no sólo estaba afuera de la Corte sino que, con la misma simbología, lo enviaron a la Cámara de la Seguridad Social –donde tramitan los juicios de los jubilados– sin una función específica. El viernes por la mañana, su despacho en el Palacio de Tribunales fue desalojado, bajo el atento control de una consigna policial.

¿Qué hacía Marchi en la Corte? En su voto en disidencia, Lorenzetti explicó que se ocupaba de «la negociación de salarios, la administración de contratos, vehículos, fondos anticíclicos, elaboración del presupuesto, relación con los bancos, temas impositivos de funcionarios y magistrados».

Desde el otro lado de la grieta cortesana responden que todo eso que hacía carecía de transparencia.

Marchi pidió una licencia por seis meses antes de que se oficializara su salida de la Administración General de la Corte. Todavía no se la concedieron. En estas condiciones, el lunes debería presentarse en la Cámara de la Seguridad Social. Poco menos que lo mandaron a coser expedientes. Una humillación innecesaria, pero también una demostración de fuerza. ¿Contra Marchi? No, contra Lorenzetti. La RRM –aseguran sus allegados– intentó buscarle una salida elegante, pero el intento naufragó rápidamente.

La de la OSPJN es la única de todas las acusaciones en el proceso de juicio político que realmente preocupa a los jueces. Del resto, opinan que son inconsistentes, que los jueces no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias, ni siquiera por haber fallado a favor del 2 x 1 para represores de la última dictadura. Pero la obra social los inquieta. A todos por igual. Es el flanco más vulnerable que les ofrecen a los diputados que los quieren remover.

La obra social funcionó como una suerte de unicato en manos de Aldo Tonón, un hombre muy cercano a Juan Carlos Maqueda. Tonón renunció hace dos semanas a la OSPJN. «Es un tipo difícil, huraño, pero no choreó. Hay desprolijidades y tal vez haya sido un mal funcionario, pero no se le pueden achacar delitos penales», reveló un hombre cercano a la RRM.

La investigación que llevó adelante el fiscal Carlos Stornelli parece confirmar esa hipótesis. Maqueda fue exculpado por el fiscal y por el juez Ariel Lijo. Y sobre Tonón hubo una investigación que duró un año sobre la contratación de dos supuestas empresas fantasmas. La causa está a nada de cerrarse por inexistencia de delito.

Pero en la Comisión de Juicio Político no se juzgan delitos sino mal desempeño. Y para probarlo, los diputados del oficialismo se aprestan a dos jugadas audaces: forzar a Tonón a ir a declarar, incluso por la fuerza pública (debió ir la semana pasada pero no lo hizo) y convocar al propio Marchi. Acaso el mismo día, tal vez con un careo de por medio.

Marchi elaboró cuatro informes sobre la OSPJN, de los cuales sólo se conoce uno. La Comisión de Juicio Político quiere los cuatro, y si Rosatti no se los manda, se los van a pedir al administrador expulsado. Directamente.

Esa interna -que se cuece desde hace años pero esta semana eclosionó en la Corte- podría trasladarse en género de sainete al Congreso. «