Las distribuidoras eléctricas reclaman acelerar aumentos y el gobierno admite «atrasos»

En los últimos dos meses del año pasado, el peso de los alimentos en la canasta básica comenzó a verse lentamente desplazado por el incremento de los servicios del hogar: las boletas de luz, agua y gas. Fruto de la enrevesada segmentación tarifaria, la aplicación de los incrementos delineó la última parte de 2022 y recibe, al menos, a la primera de 2023.

“En un año de elecciones lo más cómodo sería no tocar tarifas, pero me toca el rol de la mala: decir que vamos a tener que seguir con el retiro de subsidios”, admitió la secretaria de Energía, Flavia Royón en IP Noticias. Respecto del porcentaje de aumento, la funcionaria detalló que el aumento para el sector de bajos ingresos “será menor a la inflación”, en tanto si la base es muy baja “puede que haya un aumento de más del 60%”, pero en el total de la factura “los sectores bajos van a recibir menos que esto”. En cambio, los sectores medios “van a estar más cerca de la inflación.” Las áreas residenciales más acomodadas se irán acercando a financiar el costo total de la energía.

En diálogo con Tiempo, el director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía «Gral. Mosconi», Julián Rojo, dio más precisiones. “Para los hogares de bajos y medios ingresos, las tarifas van a aumentar en 2023 entre un 40% y 80% de lo que aumentó el salario en 2022. Se traducirá en incrementos de 35% y 70% en la factura final. Para los altos ingresos van a ir paulatinamente a cubrir el costo del sistema.”

Sobre el peso de las tarifas en los salarios, asegura que, si bien aumentarán, “van a cargar menos sobre el salario en el tiempo”, puesto que el atraso tarifario “se actualizará más por baja de costos que por lo que paga la demanda.”

La pérdida de las tarifas contra precios es un reclamo recurrente de las distribuidoras. Tanto Edenor como Edesur hicieron lo propio el lunes, solicitando por audiencia pública la “adecuación tarifaria transitoria”, en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI). Ambas compañías destacaron la baja representación que mantienen sobre la factura final y el déficit que obstaculiza la cobertura de gastos operativos. Por caso, de cada $1000 pesos, Edenor se queda con $200 y cada $1800, que es el valor promedio de una factura de Edesur, la empresa se lleva $300.

Es así que Federico Méndez, de Edenor, solicitó que el 80% de los clientes residenciales sufran una actualización de la factura promedio, que pase de $1877 a $2757 mensuales. Por su parte, Jorge Lemos, del directorio de Edesur, argumentó que las distribuidoras desde febrero de 2019 registraron solo dos incrementos: uno de 21% en mayo de 2021 y otro de 8% en marzo de 2022. Es decir, un total de 31%, frente a la devaluación de 370% y la inflación de 516%. Las cifras la ampararon para solicitar un incremento de $1500 en las tarifas. Aseguran haber perdido participación en la composición de la boleta a partir de la segmentación. “A los usuarios les aumentaron la factura pero todo fue a la generación eléctrica y las petroleras”, se quejó Méndez.

Hecha la propuesta por parte de las distribuidoras, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (por su potestad sobre el AMBA) analiza junto a la Secretaría de Energía los posibles incrementos. Mientras, Royón advirtió que “es innegable que las tarifas de distribución tienen mucho atraso”, aunque Walter Martello, titular del Enre, adelantó que Edenor y Edesur “no van a tener las tarifas que piden, van a tener las tarifas que los usuarios puedan pagar”. “Es bizarro pretender tarifas del primer mundo ofreciendo una calidad de servicio del tercer mundo”, sentenció en la audiencia.

En la audiencia también participaron organizaciones abocadas a la defensa del consumidor. Paula Soldi, del Centro de estudios para la promoción de la igualdad y la solidaridad (CEPIS), rechazó los aumentos solicitados por presentar “nulo interés en un servicio de calidad” y por ser empresas “que se vieron ampliamente beneficiadas con la RTI irregular del gobierno de Cambiemos”. Por otra parte, alega que el Estado acaba de condonarles una cifra millonaria, como es el 63,5% de la deuda que Edenor y Edesur mantenían con Cammesa, equivalente a $140 mil millones. “Es dinero que cobraron de los usuarios y que no pagaron a Cammesa. Se lo quedaron”, concluyó la Directora de CEPIS. «