La medida cautelar fue concedida en el marco de un amparo impulsado por el intendente Fernando Espinoza y la Multisectorial de La Matanza. Hasta que se dirima la causa de fondo respecto a la accesibilidad de las tarifas, las empresas prestatarias deberán abstenerse de realizar cortes de servicio.

El amparo judicial fue promovido por el mismo intendente de La Matanza, Fernando Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y otras organizaciones del distrito “para proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales”.
Desde que se anunciaron, de forma reciente, nuevos aumentos en las tarifas de los servicios y llegaron las facturas con los nuevos montos, el reclamo de la comunidad, creció. El malestar se tradujo en las multitudinarias asambleas realizadas por la Multisectorial de La Matanza. Según trascendió, a partir de éstas se coordinó la presentación judicial. Cabe destacar que se contó con la participación activa de curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el municipio. La finalidad última, según publicaron, fue “oponerse a estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad”.
“Los sucesivos y tremendos tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, con el apoyo del gobierno nacional, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de pobreza energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000%”, difundieron en un comunicado.
Al respecto, según surge de investigaciones del Conicet y de la UBA, las tarifas de los servicios básicos aumentaron, en promedio, un 370% durante el presente año lectivo. Es decir, el incremento fue cuatro veces más que la inflación.
Cabe mencionar que como resultado de la decisión de la Justicia, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro de luz, gas y agua bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas.
El reclamo del Municipio de La Matanza aborda la cuestión de fondo: establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios. Cabe resaltar que dichas posibilidades se vieron muy afectadas por las políticas de recesión que implementa la gestión de gobierno de Javier Milei, lo que implicó la pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población. Basta mencionar que según los últimos índices de pobreza publicados registraron un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en sólo los primeros seis meses de la gestión libertaria.
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